Son las once de la noche en España, las tres de la tarde en Nicaragua. El doctor Ariel José Arias Zepeda, nicaragüense asentado en España, recibe una llamada urgente de su familia: su prima, de 30 años, está sufriendo una insuficiencia respiratoria. Las opciones son limitadas: asistir al hospital público sería exponer a la ciudadanía y la atención especializada a domicilio puede llegar tarde. A través de una videollamada, el doctor indica a su familia el tratamiento que, tras unas horas de agonía, resulta exitoso. Desde entonces, cada vez que recibe un mensaje de algún familiar, teme que tenga que ver con el covid-19: “Tenía la seguridad de que mi país estaba preparado para enfrentar esta pandemia, porque tenemos experiencia en otras como el dengue, pero las decisiones políticas han desmoronado el sistema de salud y prevención”, lamenta el doctor Arias. 

Nicaragua ha sido el único país de Latinoamérica donde no se ha declarado un estado de emergencia, no hubo un cierre de fronteras ni de centros escolares, las ligas de fútbol y béisbol continuaron y donde, contradiciendo las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno no recomendó el uso de mascarillas y alentó a la población con diversas actividades festivas. Tras estas medidas, los datos oficiales del país se sitúan, a fecha de 18 de septiembre, en una incidencia de 74,89 casos por 100.000 habitantes, con un total de 4.961 casos. La comparativa con países limítrofes alimenta la desconfianza de algunos sectores de la sociedad por la veracidad de las cifras: Honduras cifra 707,95 casos por 100.000 habitantes, mientras que El Salvador y Costa Rica llegan a 421,60 y 1.193,89 respectivamente. El resto de países centroamericanos (Guatemala, Belice y Panamá) también se alejan considerablemente de los datos ofrecidos por Nicaragua.

En un centro médico privado de la ciudad de León, Jorge Alemán atiende a diario a personas con síntomas asociados al coronavirus que sin embargo no puede saber si son positivos —solo el Ministerio de Salud (Minsa) puede realizar los tests PCR—, con lo que no engrosan el listado oficial. Desde la confirmación del primer caso positivo hasta varios meses después, el Gobierno solo realizaba la prueba a personas que habían viajado al extranjero y además presentaban síntomas agudos de la enfermedad. “La información que proporciona el Gobierno es hermética, y por eso estamos llevando un subregistro que nos permita acercarnos a la realidad”, afirma el doctor. El Minsa traslada la situación de la pandemia en el país a través de un informe semanal con tres datos: casos positivos, personas recuperadas y fallecidas. El Gobierno no indica cuál es la incidencia en las diferentes regiones y localidades del país, el número de pruebas que se realizan para confirmar la enfermedad ni cuáles de estas son negativas o corresponden a ciudadanos asintomáticos. 

La activación de un plan de actuación dentro de los servicios médicos tardó en efectuarse. Ezequiel (nombre ficticio), estudiante de último año de medicina, indica que “existe un protocolo, pero carece de un fundamento científico sólido y no se cumple de manera óptima”. Con anterioridad a estas medidas, el Gobierno prohibió al personal sanitario el uso de mascarillas y sistemas de protección: “Su objetivo era no llamar la atención de la ciudadanía y que los pacientes no tuviesen miedo”, confirma Alemán, quien también asegura que los EPI siguen siendo insuficientes y que la prohibición de que los centros no puedan recibir donaciones privadas les obliga a obtener el material individualmente y a escondidas. 

RESPUESTA CIUDADANA

Ante la escasa información y transparencia expuesta por fuentes oficiales, profesionales sanitarios y líderes comunales han puesto en marcha el  Observatorio Ciudadano de Nicaragua. Bajo el lema “la información salva vidas”, un grupo de personas se ha organizado de forma voluntaria y anónima para documentar y alertar a la población sobre cómo se puede estar desarrollando la pandemia por las diferentes regiones del país, concienciar de la necesidad de tomar medidas de prevención local y ofrecer al profesional de salud unos datos de referencia. El 9 de septiembre, el Observatorio reportaba 10.205 posibles casos y 2.707 muertes por neumonía, una cifra que duplica la oficial en cuanto a contagios y casi multiplica por 20 la de fallecidos. 

María (nombre ficticio), sanitaria y miembro de la iniciativa, expone que “se sabe que el Gobierno está actuando de una manera negligente y que ha existido un deliberado estímulo a la propagación y al contagio”, por lo que, considera, “hay razones para justificar una denuncia internacional hacia el gobernador”. La labor que desarrolla el Observatorio, explica el colectivo, se basa en un aporte científico y epidemiológico desarrollado a través de la vigilancia comunitaria, por lo que no aspiran a ser un medio oficial de información y reconocen sus limitaciones para informar con certeza de la situación sanitaria. A partir de la información espontánea de casos o muertes asociadas al covid-19 difundida en las comunidades, la organización trabaja junto a líderes comunales y profesionales sanitarios y científicos en la posible veracidad de esos casos. Con estos datos, el observatorio documenta sus informes a través de canales digitales con el fin de ampliar el vacío de información oficial del que carece la ciudadanía. También trasladan irregularidades documentadas, en su mayoría relativas a la exposición de personas en actividades y aglomeraciones, pero también han documentado entierros clandestinos realizados por el Minsa, desabastecimientos de servicios públicos, intervención de las fuerzas armadas y la denuncia de amenazas y hostigamiento. Entre estas últimas, registran al menos 31 despidos arbitrarios a profesionales de la salud por exigir mejoras a las autoridades sanitarias y ser consideradas “opositoras” al Gobierno. 

A estas denuncias se suma la prohibición de realizar manifestaciones públicas decretada por el Gobierno hace dos años, tras el levantamiento de la población frente a las decisiones políticas que estaba realizado Daniel Ortega. Entre 2018 y 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó 328 muertos, 3 desaparecidos, 130 encarcelados y más de 88.000 los ciudadanos nicaragüenses exiliados a raíz de las protestas, un hecho que imposibilita la reclamación pacífica de colectivos contrarios a la gestión sanitaria del Gobierno. 

SITUACIÓN AGRAVADA

Uno de los casos registrados por el Observatorio, pero no por el Minsa, es el fallecimiento de Sergio Alberto Vargas Delgado, de 58 años de edad. Al principio pensó que podía ser un resfriado: tenía fiebre, tos y dolor en el pecho. Sin embargo, pronto llegó el cansancio y la situación se agravó. Desde el primer momento tomó distanciamiento con su mujer y su hijo pequeño, que vivían en la misma casa, pero no se atrevió a acudir al centro de salud por las condiciones higiénicas y de saturación. A los cuatro días falleció. 

Su hijo, Sergio Roberto Vargas Baltodano, confirma que el Minsa se hizo cargo del cuerpo de su padre y lo enterró en el nicho familiar sin la posibilidad de que ningún familiar acompañara el ataúd. “Crisis aguda de asma y broncoespasmo”, se expone en el acta de defunción de Sergio Vargas. Pese a presentar sintomatología de covid-19, no se le realizó el test, y tampoco a ningún familiar que había estado en contacto con él. La familia recurrió a radiografías para “descartar” la enfermedad: “Estamos resignados por no haber podido hacer nada más por mi padre, ni siquiera despedirnos de él. La situación del país es desesperanzadora”, concluye Sergio Roberto. 

A raíz de la pandemia mundial, la población nicaragüense ha sufrido un incremento de los servicios de abastecimiento de luz y agua que controla el Gobierno de Ortega, así como de la canasta básica de alimentación y el precio de los medicamentos y elementos de protección frente al coronavirus. Con una población de casi seis millones y medio de habitantes, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social alertó el año pasado de que el país podría estar cerca de los dos millones de personas en situación de pobreza. Para las fuentes consultadas, es un hecho que pese a la “normalidad” que sigue queriendo mostrar el Gobierno, el país centroamericano se enfrenta en los próximos meses a una posible situación de extrema gravedad social. Así la manifiesta Carolina (nombre ficticio), una de las activistas que fue encarcelada tras las protestas del 2018 contra el Gobierno: “El país va a necesitar ayuda internacional, este virus no afecta por igual a toda la ciudadanía, ya que las posibilidades de luchar contra la enfermedad están fuertemente ligadas al nivel socioeconómico de la población”. 

Desde el Observatorio, en cambio, María cree que será difícil justificar la solicitud de ayuda internacional: “Al minimizar la pandemia en el país y normalizar la situación de emergencia que estamos viviendo, va a ser muy complicado demostrar internacionalmente la necesidad alimenticia y de recursos que vive la población”. Espera que, si se llegan a realizar estas donaciones, los países y organizaciones garanticen los mecanismos necesarios para asegurar que la ayuda llega a su destino. “Sin intereses de clientelismos”, añade. 

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