México, DF. La política migratoria de México solamente busca que los migrantes no lleguen a los Estados Unidos; en los episodios derivados de esta política, como la masacre de 72 latinoamericanos en San Fernando, Tamaulipas, al norte de México hace dos años, el gobierno comete “un crimen sobre otro”, considera Camilo Pérez Bustillo, experto en el tema y miembro de la Comisión de Migración del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Entre el 22 y el 23 de agosto de 2010, 72 migrantes de Ecuador, Guatemala, El Salvador, Brasil y Honduras, fueron asesinados, presuntamente, por el cartel de Los Zetas, como parte del negocio de extorsión y trata de personas que mantiene el crimen organizado. Hasta la fecha, no hay una sola persona enjuiciada o sentenciada por estos hechos.

“Hay una correlación entre el cambio de régimen y los posicionamientos del crimen organizado”, explica el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, a dos años de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas. “No auguro nada bueno, la violencia está en escalada”.

Durante estos dos años se hizo una ley migratoria “en donde aparentemente están abriendo las puertas a una visa temporal, pero después te encuentras que para obtenerla necesitan un contrato previo firmado en Estados Unidos y enseñar una cantidad de dinero para demostrar que pueden vivir aquí por tres meses, en lo que se transita por el país”, advierte el obispo.

El tema del tránsito de migrantes tiene muchas aristas. Por un lado, “siguen teniendo los clásicos modos de control: se sigue incorporando a la policía y a otros sectores de la seguridad en México. A final de cuentas, es una política de control para que no pasen los migrantes ni lleguen a los Estados Unidos”, afirma Raúl Vera.

Por otro lado, menciona Camilo Pérez Bustillo, “tristemente hemos visto que el escenario, lejos de mejorarse en los últimos años, se ha profundizado; persiste la corrupción, la colusión y toda la relación de complicidad entre sectores del crimen organizado y el Estado a todos los niveles, además de una deficiencia de las políticas públicas”.

Ambos coinciden en que hay una política muy clara que viene de los Estados Unidos. Raúl Vera, que además es miembro del Consejo de Garantes del Capítulo mexicano del TPP, se pregunta: “¿Y por qué los matan? Se trata de que no lleguen, no hay más”. Para Pérez Bustillo, lo que vemos es “la profundización de unas políticas impuestas desde Estados Unidos, que necesariamente implican la criminalización y que benefician directamente al crimen organizado, porque aumenta la ganancia del tráfico y de la trata humana”.

Camilo Pérez Bustillo dice que el trato que las familias de los fallecidos en San Fernando han recibido por parte del Estado mexicano es “un crimen sobre otro crimen”, consistente en “depositar en fosas (comunes) sin un proceso de identificación y notificación, y sin participación de los familiares. Eso no debe de ser posible”, insiste.

Raúl Vera agrega que las familias de los migrantes violentados deberían tener más garantías por parte del Estado, “pero como podemos ver, ahí está la ley de víctimas y no ha pasado. México no tiene la manera de identificar los cuerpos ni de facilitar la ayuda a los familiares; el motivo es que no les interesa, lo que les interesa es parar, a como dé lugar la migración”.

Es un año de cambio de régimen en el país y, ante la llegada de un nuevo presidente, Camilo Pérez piensa que “estamos viendo cómo todas las fuerzas se conjugan para que el escenario actual se perpetúe; no tenemos ninguna razón para pensar que haya una esperanza de un cambio del gobierno que aparentemente viene, al contrario, incluso puede ser peor” y, añade, “podríamos hablar de una catástrofe humanitaria”.

Se estima que en su tránsito por México, en los últimos cinco años han desaparecido 100 mil migrantes, de los cuales sólo el 20 por ciento han sido reportados por sus familias. Dentro de esos números, hay que agregar que el 70 por ciento de los cuerpos encontrados no han sido identificados. “Sobre este tema se da una convergencia muy singular cuando hablamos de la vulnerabilidad de los migrantes”, explica Camilo Pérez al analizar la masacre y la dinámica de las fosas. “Por un lado, la mano de obra explotada de las y los migrantes es estructuralmente esencial para el sistema; por otro lado, las personas específicas son totalmente desechables porque siempre vienen más; son personas sin derechos”.

La sociedad civil

Dolores González, de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), reconoce que hay un vacío en la agenda nacional respecto a la situación de los migrantes en tránsito por México. Sin embargo, en ambas fronteras y a lo largo del territorio nacional, la sociedad civil se organiza y se solidariza. Dolores reconoce que “el tema de migración se ha convertido en un eje central de alianza, de agenda de partida” entre la sociedad civil. “La labor que nos toca a las organizaciones del lado mexicano es garantizar ya no sólo las condiciones sanitarias, sino incluso las condiciones de sobrevivencia a lo largo de su tránsito.”

Sin embargo, no sólo organizaciones se articulan en torno a esta tarea; también lo hacen, de forma espontánea, individuos. “Todos los testimonios de migrantes te hablan de cómo la gente sale a auxiliarlos de alguna manera cuando pasan por pueblos y comunidades”.

De manera particular, Dolores menciona el valor de la Caravana por la Paz que actualmente recorre Estados Unidos. Uno de los objetivos es que al final de ésta se pueda construir “una propuesta de agenda y movilización común. De hecho, la Caravana termina en Washington, donde va a haber una serie de interlocuciones con el Estado norteamericano, con congresistas y con oficiales del poder ejecutivo para hacer una serie de planteamientos sobre el tema de migración, más directamente vinculados a la estrategia de seguridad”.

Martha Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), explica que en Centroamérica, las organizaciones no estatales que trabajan el tema “son básicamente los comités que agrupan a familiares de migrantes desaparecidos en tránsito”. Éstos organizan la Caravana Centroamérica y no cuentan con ningún tipo de apoyo. Ya han organizado caravanas de búsqueda que atraviesan los países centroamericanos y cruzan México. “Se han convertido también en caravanas de denuncia y de solicitar solidaridad; su mensaje original, hace años, era ‘quiero encontrar a mi hijo o a mi hija’; ahora, las expresiones de las madres son de lucha y de cambio”, relata Martha. “En la última caravana las vinculé con madres mexicanas que también buscan a sus desaparecidos”.

Dolores González considera que el trabajo con migrantes es necesario y es una luz en la oscuridad con tintes de esperanza. Por otro lado, Martha Sánchez explica que “en este trabajo, las esperanzas suben y bajan dependiendo de cómo nos va en el camino. Esta lucha es muy desigual. A veces tenemos triunfos y el sistema se encarga de darles para atrás”.

Además de esto, otro freno al trabajo con migrantes es que pone en la mira de la delincuencia organizada a quien lo ejerce, considera Dolores. También está lo que Martha Sánchez llama “las semillas de la xenofobia”, es decir, que “si nos encontramos inmersos en la cultura del terror y el gobierno local la fomenta, y además fomenta la xenofobia, te encuentras una sociedad difícil. Donde no hay esos ‘estímulos’ te encuentras a una sociedad como la mexicana: hospitalaria de origen. Donde haces trabajo comunitario y logras que la comunidad los conozca, que vea las manifestaciones, que hablen con las madres, la xenofobia se desploma y entra el calor humano y la empatía”.

Para Camilo Pérez Bustillo, los albergues han llenado ese vacío que ha dejado el Estado, pero desgraciadamente “ese vacío se sigue ampliando”, recalca. “A veces la sociedad lucha contra viento y marea, contra las persecuciones de las que son objeto”. Menciona el caso del padre Solalinde, “exiliado por su propia iglesia”, lo que deja a los migrantes “como un grupo desprotegido, vulnerable”.

La semilla de la esperanza “es ver el trabajo de organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano o las caravanas que vienen desde Centroamérica; o bien, las expresiones de actores sociales que se manifiestan. Por ejemplo, en Tultitlán se quería desplazar el albergue, lo que a final de cuentas se logró, pero hubo una respuesta desde los estudiantes, desde los jóvenes, desde sectores diversos que se sienten interpelados por este tema y que saben que México es un pueblo migrante”. Para Camilo, “todos somos pueblos en movimiento y tenemos un deber de solidaridad, que también se está manifestando en estos espacios organizativos”.

El papel del Estado

El gobierno mexicano no tiene puesto su compromiso y eficacia en la defensa de los derechos de los migrantes, señala Camilo Bustillo, y agrega que este Estado “ha sido calificado como patológico, como terrorista”. Además, “es responsable” de estas crisis humanitaria.

Aun así, considera, lo que sí debemos demandar al Estado “es que cumpla con sus responsabilidades de conformidad con el derecho internacional; mínimo hay que exhibir esa deficiencia, esa falta de voluntad, esa falta de compromiso”. Camilo exhorta a levantar la voz e interpelar al Estado “para que no nos volvamos cómplices; es una lucha que se tiene que ganar en el campo de la conciencia”. Concluye que el Estado nunca lo va a resolver y por eso lo debemos de resolver nosotros. “Debemos luchar por ese otro mundo que es posible”.

Publicado el 27 de agosto 2012