Hermosillo, Sonora, y México, Distrito Federal. Integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) se reunirán próximamente para tomar medidas colectivas sobre el encarcelamiento de Mario Luna, autoridad y vocero de la tribu yaqui, detenido el pasado 11 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora.

“Vamos a tener varias reuniones y encuentros, en las que definiremos el apoyo a Mario, porque de manera aislada es difícil decidirlo. No olvidaremos lo que dijo él mismo en entrevista: no caeremos en la estrategia del gobierno de desviar la lucha contra el Acueducto Independencia por la de su libertad: irán juntas”, advirtió Carlos González, participante del CNI de la comunidad nahua de Tuxpan, Jalisco.

Nicolás Flores Lugardo, nahua de Ostula, comunidad ubicada en el litoral del Pacifico michoacano en la que se levantaron por la recuperación de sus tierras, afirmó que difundirán la información del encarcelamiento de Mario Luna en sus comunidades, pues él “vino a apoyarnos en una ocasión y tenemos que ver el modo de apoyarlo también”.

Por su parte, Salvador Campanur, de la combativa comunidad de Cherán, ubicada en la meseta purhépecha, también integrante del CNI, advirtió que el auto de formal prisión es una injusticia y un mensaje grave hacia los pueblos indígenas de México. “El mal gobierno actúa contra todo lo que se mueve para defender el territorio indígena”, señaló.

“Desde siempre nos han querido exterminar y lo único que pedimos es que nos dejen en paz. Somos una nación con una cultura propia y como tal nos vamos a defender. Estamos en un momento muy difícil, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque tenemos la verdad”, expresó Guadalupe Olea Sombras, ex gobernador del pueblo de Vícam.

Juan Dionisio, comunero hñähñú de San Pedro Atlapulco, Estado de México, lugar donde defienden sus bosques y luchan contra la construcción de una carretera que destruirá su territorio, consideró que la detención de Mario Luna significa “uno de los golpes más fuertes que se puede dar a nuestra resistencia y nuestra lucha por la tierra”. Recordó que la nación yaqui es uno de los pueblos más castigados por el poder desde Porfirio Díaz, y “lo que pasa con Mario no es más que una muestra de que esta dictadura nunca se fue”. El entrevistado indicó que esto demuestra que las leyes mexicanas son una burla, “fueron cambiadas por neoliberales traidores para su beneficio y no las reconocemos”.

Benito Ramos, abogado defensor de Mario Luna Romero –quien ostenta el cargo de secretario de la autoridad tradicional, a la vez vocero y enlace con los yoris (mestizos)-, afirmó que la resolución, dictada por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas –debido a que la guardia tradicional yaqui castigó al acusador durante uno de los bloqueos en defensa del río-, es carente de derecho y tiene un tinte político “del tamaño del mundo”.

La intención del auto de formal prisión es, además de amedrentar, distraer de la lucha de fondo para derivarla a la demanda de la libertad del vocero yaqui, valoró Citlalli Hernández, integrante de la Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, instancia civil conformada por organizaciones de derechos humanos.  “Es triste ver cómo el poder judicial se subordina al interés político de un grupo gobernante”, manifestó la activista.

La tribu libra una batalla en defensa de las aguas del Río Yaqui al menos desde 2010, cuando el gobierno estatal, encabezado por el panista Guillermo Padrés Elías anunció la construcción del Acueducto Independencia, que se llevará las aguas que pertenecen a la tribu por resolución presidencial de Lázaro Cárdenas. La megaobra, con una longitud de 175 kilómetros, se llevaría un volumen de 75 millones de metros cúbicos de agua de un territorio que ya padece sed, hacia Hermosillo, capital de Sonora, para alimentar a las industrias, de acuerdo con denuncias públicas de los integrantes de la etnia y del Movimiento Ciudadano por el Agua.

Los yaquis han ganado todos los recursos jurídicos interpuestos contra la construcción del acueducto, y el gobierno fue obligado por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a iniciar un proceso de consulta al pueblo indígena. Mario Luna es una de las caras más visibles de la resistencia yaqui al despojo de su agua por su papel de vocero.

Unos minutos después de conocerse la resolución que mantendrá al vocero yaqui en prisión durante su juicio, el defensor Ramos explicó a Desinformémonos que en esta etapa del proceso se deben ofrecer pruebas. Aunque la defensa proporcionó tres testimonios “uniformes y contundentes” que demuestran que Luna Romero no estaba ni en el momento ni en el lugar de los hechos, el juez tercero de lo penal, Manuel Octavio Palafox, “simplemente los desvalorizó” y de forma “ilegal” dictó la resolución con los mismos indicios con los que se emitió la orden de aprehensión, describió el abogado. Además, ignoró el derecho de la etnia a aplicar sus usos y costumbres, agregó.

“Se ve metida la mano del gobernador para perjudicar a Mario”, afirmó su abogado. “La orden de captura estaba desde hace un año, y curiosamente hasta ahora, con toda la situación que enfrenta el gobierno estatal –derrames tóxicos en ríos por parte de Grupo México y el descubrimiento de una presa ilegal propiedad del gobernador Guillermo Padrés Elías-, se ejecutó. Podríamos pensar que es un distractor, que pasa por encima de los derechos fundamentales de todo ciudadano”.