México, DF. La movilización de los yaquis “tiene que escalar” ante la detención de su autoridad Mario Luna Romero, advierte el vocero de la tribu, Tomás Rojo, quien también cuenta con orden de aprehensión. El auto de formal prisión contra Luna muestra “la degradación del Estado y del derecho”, afirma el abogado especialista en derechos colectivos, Francisco López Bárcenas. Y es que las cárceles en México se están llenando de indígenas que defienden el territorio, sostiene Luis Hernández Navarro, analista político y director de opinión del diario La Jornada, quien sostiene que detrás de todo está un conflicto entre Enrique Peña Nieto por un lado, y el empresario Germán Larrea y el gobernador Guillermo Padrés por el otro.

Lo que vemos es el secuestro, por parte del Estado, de una autoridad de la tribu yaqui, aclara desde Sonora el intelectual mixteco López Bárcenas. “Esto se ve en todo el país. Hace dos años, en San Luis Acatlán (Guerrero), la policía detuvo a un comandante de la comunitaria por haber detenido a una persona que cometió un ilícito. La Policía Comunitaria detuvo a su vez al juez, pues de acuerdo con su derecho, él era quien secuestró al comandante”, ejemplifica.

Luis Hernández Navarro, autor de Hermanos en armas, guardias comunitarias y autodefensas, establece que las cárceles de México se están llenando de indígenas defensores del territorio, como los autodefensas y guardias comunitarios de Michoacán y Guerrero, y los dirigentes sociales de Puebla y Tlaxcala que se oponen al gasoducto. “Las comunidades indígenas enfrentan una ofensiva de grandes empresas mineras y proyectos de infraestructura sobre sus territorios”, valora. En medio de esta “ofensiva de despojo y devastación ambiental”, surge un “ecologismo de los pobres, cuya columna vertebral son los pueblos indígenas, y sobre ellos se ceba la represión”.

En entrevista con Desinformémonos, Rojo señala que por su territorio no pasa solamente la carretera, sino un ferrocarril, fibra óptica, un oleoducto y un gasoducto, y “los ancianos y nuestras autoridades serán quienes tomen la decisión de qué acciones son más efectivas” para detener la agresión contra su pueblo. Los indígenas “no debemos renunciar a la legalidad y todavía hay recursos que se pueden interponer y no caer en la lógica de provocación del Estado”, indica López Bárcenas, que puntualiza que sin embargo, “los pueblos tienen derecho a la legítima defensa”.

Los yaquis, que luchan para que el Acueducto Independencia (obra promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías) no se lleve el agua de su río, han ganado todos los recursos legales interpuestos contra la obra. El gobierno se vio obligado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a implementar una consulta sobre el acueducto a la tribu, pero –advierte Tomás Rojo- el proceso se verá afectado por la detención de Luna Romero, a quien se le imputan los cargos de privación ilegal de la libertad y robo de auto por dos o más personas, a causa del procesamiento bajo la ley indígena de Francisco Romo Delgado, señalado por los yaquis como operador interno del gobernador.

Yaquis, moneda de cambio entre poderes

Luis Hernández Navarro considera que la detención de Mario Luna es un clásico ejemplo de cómo “se tuerce el cuello al cisne de la justicia; con tal de ejecutar una consigna política, se hace a un lado cualquier ejercicio correcto de la legislación”. El analista explica que el vocero yaqui es un preso político “y su caso se está usando para renegociar la relación entre el gobierno estatal y el federal, en el punto más álgido de su conflicto”.

López Bárcenas, quien fuera asesor de los zapatistas en los Diálogos de San Andrés, agrega que hay un elemento político en el encarcelamiento del yaqui, pues el gobierno estatal “quiere tapar todos los asuntos ilegales que se le descubrieron, como la llamada ‘Presa del Maleante’, la contaminación del río Sonora, sus problemas con el gobierno federal y hasta el asunto del incendio de la guardería ABC”. La intención es, de acuerdo con el abogado, usar la detención de Mario Luna como elemento de negociación.

Hernández Navarro explica que el gobernador Guillermo Padrés tiene la estrategia de escalar conflictos locales y abrir flancos para tratar de tapar su diferendo con el gobierno federal, que es doble: por una parte, el del presidente Enrique Peña Nieto con el multimillonario Germán Larrea, dueño de Grupo México (empresa responsable del reciente derrame tóxico en el río Sonora). “Larrea filtró en muchos medios que financió la campaña de Peña Nieto, y  no está dispuesto a sujetarse a él”, detalla. Hay otro conflicto de carácter más general, pues Enrique Peña busca recomponer el presidencialismo mexicano dominando a los gobernadores que se le oponen, “y por otro lado prepara el terreno para el regreso total del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en las elecciones de 2015”, expone el experto.

Para los pueblos indígenas, considera Hernández Navarro, el mensaje es que el derecho no funciona para ellos cuando tienen la razón, y que pueden ser utilizados para dirimir otro tipo de conflictos a despecho de sus derechos históricos.

“Y si esto hace una minera”, remata el periodista, “¿quién va a poder poner en orden a las petroleras?”

Desprecio legal a los pueblos indios

Las autoridades tradicionales yaquis denunciaron, en comunicado del 18 de septiembre de 2014, que “el juez se conduce con desprecio y desdén por los usos y costumbres de la Nación Yoreme, y parecen ignorar que quien dio la orden (de detener a Francisco Romo Delgado, hecho que se le imputa a Mario Luna como privación ilegal de la libertad) fue el Gobernador Tradicional de Vicam”.

El Gobernador, el Capitán y el Comandante de Vicam se responsabilizaron de la detención y castigo de Francisco Romo Delgado,  tanto en conferencia de prensa realizada en Hermosillo como ante el juzgado que lleva el caso. Sin embargo, se dictó el auto de formal prisión contra el vocero, con lo que se violan los artículos constitucionales primero (que establece que los tratados de derechos humanos forman parte de la Carta Magna) y segundo (por el que se reconoce la  facultad a los pueblos indígenas de aplicar justicia de acuerdo al derecho propio, expone López Bárcenas. “Además, el artículo primero ordena a los jueces que, en caso de que haya varias interpretaciones de la ley, utilicen la que favorece a la persona”, agrega el letrado.

Lo primero que hay que hacer, considera López Bárcenas, especialista también en temas de megaproyectos, es aclararle a la opinión pública “que Mario no es un delincuente, y que las autoridades yaquis realizaron el acto en función de su derecho”. Además, “hay que organizarse para protestar y exigir el respeto a las leyes”, finaliza.

Para resolver el conflicto, sostiene Hernández Navarro, “debe quedar claro que el uso del agua del río Yaqui no está destinado a resolver los problemas de líquido para los habitantes pobres de Hermosillo”. Es necesario exponer que se trata de un absurdo del sistema económico, que requiere que se dote de millones de litros de agua diariamente a industrias instaladas en el semidesierto, puntualiza. “Hace falta que la lucha de los yaquis se convierta en la lucha de la sociedad en su conjunto contra este modelo económico atroz”, resume.

Tomás Rojo apela al acuerdo que 38 pueblos indígenas y 40 organizaciones de América tuvieron durante el Encuentro Intercontinental que alojó Vícam en el año 2007: “que cualquier agresión es contra todos y se debe reaccionar en consecuencia”, clama.

La Cámara de Senadores demandó la liberación del detenido y el cese de la escalada represiva, lo que “es un hecho inusitado. Los priistas están acusando al gobierno de cosas que ellos mismos hacen en otros estados, y eso hay que destacarlo”, señaló Hernández Navarro.