Tlapa, Guerrero. Para enfrentar la corrupción que trajo la intervención gubernamental al sistema de justicia, se determino? reestructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC), en la Montan?a Alta de Guerrero.

Durante la Asamblea Regional que tuvo lugar el pasado 29 de marzo de 2014 en la sede de Espino Blanco, con la presencia de 13 autoridades comunitarias, seis comisariados y 14 consejeros de San Luis Acatla?n, así como de 27 autoridades comunitarias, 25 consejeros y dos comisariados de Espino Blanco integrados en la CRAC-PC, se acordo? reestructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n. Esto implicó la destitución de los actuales coordinadores y comandantes regionales de esa Casa de Justicia, y el nombramiento de cuatro nuevos coordinadores e igual número de nuevos comandantes regionales, que cuenten con el respaldo de su comunidad y antecedentes no penales, como lo estipula el reglamento interno de la Coordinadora.

Un poco de memoria

La CRAC-PC es un sistema de seguridad y justicia y comunitaria que funciona en la Montan?a y Costa Chica de Guerrero desde 1995, con base en el ejercicio de los derechos de los pueblos indi?genas a la libre determinacio?n y al uso de sus propios sistemas normativos, establecidos en Los Acuerdos de San Andrés, el Convenio 169 de la Organizacio?n Internacional del Trabajo y en la Declaracio?n de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indi?genas.

En un inicio, este sistema de seguridad y justicia comunitaria -nacido en la comunidad de Santa Cruz del Rincón- tuvo como única sede la Casa de Justicia establecida en la cabecera municipal de San Luis Acatla?n, una de las ciudades ma?s importantes de la zona costa por su estratégica ubicación territorial, puerta de entrada desde la Montaña a la Costa Chica, y por su alto nivel de productividad y comercio de cafe? y otros frutales.

La Casa de Justicia es la instancia en la que los pueblos imparten justicia. Ahi? es donde las personas víctimas de algún delito acuden a interponer las denuncias ante el sistema de justicia comunitaria, se da seguimiento a las investigaciones, se establecen los periodos de reeducación, se coordinan los operativos de la Policía Comunitaria y se realizan las asambleas regionales y micro-regionales de la CRAC-PC. En pocas palabras, la Casa de Justicia es un centro regional de coordinacio?n entre autoridades comunitarias (comisarios, delegados, comisariados, principales y consejeros) de comunidades integradas a la Polici?a Comunitaria, y comandantes y coordinadores regionales de la Coordinadora.

El sistema de justicia comunitaria enraizo? en los pueblos de La Montan?a y Costa Chica de Guerrero. En 2005, dadas las numerosas incorporaciones de comunidades de al menos 13 municipios al sistema de la Polici?a Comunitaria, se vio? la necesidad de crear dos nuevas Casas de Justicia, una con sede en Zitlaltepec, municipio de Metlato?noc (regio?n nasavi), y otra con sede en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec (regio?n mephaa).

En el marco del 17 aniversario de la Polici?a Comunitaria realizado en la comunidad de Miahiuchan, municipio de San Luis Acatla?n, el 24 y 25 de noviembre de 2012, con la incorporacio?n de más de 200 policías comunitarios de 27 comunidades de Ayutla de los Libres, se presento? pu?blicamente la Casa de Justicia de El Parai?so. Cada casa de justicia cuenta cuatro coordinadores y el mismo número de comandantes regionales. El cambio de coordinadores y comandantes se da cada tres años, y la máxima instancia de toma de decisiones de la CRAC-PC es la Asamblea Regional.

Debido a la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la seguridad pública y la impartición de justicia en los pueblos indígenas y campesinos, en Guerrero así como en otras partes de México, los pueblos se organizaron para garantizar la vigencia de sus derechos a la seguridad, la justicia y la libre determinación. Durante el segundo semestre de 2012 y el primer semestre de 2013, La Montaña, la Costa Chica, Acapulco y la Región Centro del estado de Guerrero, fueron testigos de numerosos alzamientos de pueblos organizados por la seguridad y la justicia comunitaria.

Es en este momento donde se dan a conocer procesos de organización como el de Huamuxtitlan (junio de 2012), Olinalá (octubre de 2012), Temalacatzingo (diciembre de 2012), Ayutla, Teconapa y Tierra Colorada (enero de 2013), Tixtla (febrero de 2013), Cualác (febrero de 2013), Xaltianguis (julio de 2013), entre otros. Sistemas de justicia comunitaria como el de la CRAC-PC crecen, y otros -como el de la Policía Ciudadana y Popular, así como el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)- nacen.

Nombres como el de Nestora Salgado, Arturo Campos, Gonzalo Molina y Bernardino García comenzaron a figurar entre los líderes que encabezan los procesos de organización nacientes y de reciente adhesión a la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC-PC. Hoy, estas cuatro personas defensoras comunitarias se encuentran presas en los penales de alta y mediana seguridad de Nayarit, Estado de México, Oaxaca y Guerrero, acusadas de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad y terrorismo, lo cual es una muestra clara de la criminalización del ejercicio de los derechos humanos en México.

Paralelamente al nacimiento de estos nuevos sistemas de seguridad y justicia comunitaria, el 23 de febrero de 2013, en medio de una disputa por el control de los dividendos y el poder que una institución como la CRAC-PC genera a algunos de sus integrantes, se realizó el cambio de coordinadores y comandantes en la Casa de Justicia de San Luis Acatlan. Fueron nombrados coordinadores Victorino García Ricardo (mephaa), Tiburcio Lorenzo (nasavi), Eliseo Villar Castillo (mestizo) y Adelaida Hernández (por equidad de género), y como comandantes regionales se designó a Paula Silva –por primera vez desde que se fundó la CRAC se nombra a una mujer en el cargo–, Miguel Morales (mephaa), Vicente González (nasavi) y Tomás Maceda (mestizo).

La Casa de Justicia de San Luis Acatlán es, por su carácter de sede originaria, la que en la vía de los hechos encabeza la interlocución política con los tres niveles de gobierno. Las personas que ocupan la coordinación de esta Casa de Justicia tienen una amplia visibilidad en tanto su carácter de interlocutores «oficiales». La interlocución de la CRAC-PC a través de Eliseo Villar con el gobierno del estado de Guerrero derivó en la entrega de montos millonarios a la Policía Comunitaria por parte del gobierno de Ángel Aguirre^[1].

Como era de esperarse, la intervención del gobierno del estado en el proceso de organización de la CRAC-PC, la cual comenzó mucho antes del nombramiento de Eliseo Villar como coordinador, derivó en corrupción, fragmentación, fraude y agresiones armadas. El 16 de marzo de 2014, comisarios municipales, autoridades agrarias, consejeros regionales y locales, así como una comisión investigadora creada para esclarecer el fraude denunciado en contra de la CRAC-PC^[2], emitieron un comunicado en el que establecían la “suspensión de las funciones y actuaciones de Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino como coordinadores regionales, del comandante regional Agustín Suástegui Domínguez, de los elementos del Grupo de Guardia Permanente, así como la destitución de la C. Adriana Domínguez Rivera, como secretaria. En el caso de los coordinadores y comandantes regionales, en la próxima asamblea microregional se determinará su revocación y reeducación”.

A raíz de esta denuncia pública impulsada por la comisión de investigación, la mañana del 18 de marzo de 2014, Valentín Hernández Chapa, asesor jurídico de la CRAC, e Ignacio Navarro Mosso y Armando Zavala, consejeros de la CRAC-PC, fueron detenidos arbitrariamente por Policías Comunitarios comandados por Eliseo Villar Castillo; así lo dio a conocer la Red de Organizaciones Sociales en Apoyo a la CRAC-PC a través de un comunicado.

El 22 de marzo de 2014, como respuesta de los pueblos organizados en respaldo a la comisión de investigación del fraude contra la CRAC-PC, en San Luis Acatlán se realizo? una asamblea en la que se determino? la liberacio?n de las personas que impulsaron la Comisión, detenidas por Eliseo Villar. Así mismo se acordó la realización de una Asamblea Regional para el 29 de marzo de 2014 con el objetivo de acordar la reestructuración de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

En la Casa de Justicia de Espino Blanco se determino? reestructurar la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n. Por votación mayoritaria se aprobó la destitución como coordinadores de Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernandez Nava, Tiburcio Lorenzo Regino, la secretaria Adriana y el cuerpo de policía permanente. Se acordó la ratificación como Coordinador Regional de Abad Garcías Garcías, de la comunidad Tuxtepec, y el nombramiento como Coordinadores Regionales de Alberto Margarito Porfirio de Cuanacaxtitlan, Martín Encarnación de la Cruz de Jolotichan y de Jesús Carranza Rojas de San José Vista Hermosa, todos del municipio de San Luis Acatlán. De la misma manera se nombró y ratificó como Comandantes Regionales a Vicente Lauro Valdez de Cuanacaxtitlan, Pedro Valdez Mozo de Horcasitas, Fulgencio Díaz Sánchez de Miahuichan y Gaudencio Jiménez Toribio. A todos ellos les tomó protesta Juan González Rojas, primer presidente del Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria en su fundación en 1995.

Durante esta asamblea en Espino Blanco se acordó que el lunes 31 de marzo de 2014 tomarán posesión en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán los nuevos Coordinadores y Comandantes Regionales de la CRAC-PC, e iniciará el proceso de reeducación a Eliseo Villar Castillo.

Esto es un nuevo reto de las comunidades en la defensa y preservación del sistema de seguridad y justicia comunitaria en la Costa Montaña de Guerrero. Estamos ante la necesidad de reconstruir de fondo el espíritu de servicio y libre determinación que dio origen a la Policía Comunitaria, utilizada por grupos con intereses ajenos a los intereses de los pueblos, los cuales permanecen hoy en riesgo -dada la nociva intervención del gobierno del estado en el proceso de organización de los pueblos indígenas y campesinos de la Montaña y Costa Chica de Guerrero en el ejercicio de sus derechos humanos.