México. La negativa al derecho de salir bajo fianza a Mario González, joven detenido arbitrariamente el 2 de octubre, lo llevó a una huelga de hambre de 44 días que fue interrumpida de manea forzada por el gobierno del Distrito Federal.
Desde el pasado 8 de octubre, el joven anarquista inició su protesta en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Fue detenido, junto con otras diez personas, cuando se dirigían hacia la marcha conmemorativa del 2 de octubre; la unidad de transporte público en la que viajaron fue interceptada por patrulleros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Distrito Federal, y todos los pasajeros jóvenes fueron obligados a bajar.
Ése fue el inicio de un proceso penal que ya dura más de un mes, durante el cual quedó evidenciada la política persecutoria de la administración de Miguel Ángel Mancera en contra de los jóvenes en particular, y de los activistas sociales en general.
Mario González es un joven de 21 años, hasta hace unos meses estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan. Debido a su participación en la lucha contra las reformas del plan de estudios del proyecto del CCH, las autoridades universitarias decidieron expulsarlo en abril, junto a otros activistas. Mario González y sus compañeros sumaron la exigencia de su reinstalación como estudiantes universitarios a su lucha por la educación pública y gratuita.
En los meses siguientes a su expulsión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por parte del Tribunal Universitario, el joven Mario González y otros estudiantes realizaron varias actividades para buscar algún tipo de acuerdo con la rectoría. La postura de la institución fue negarse al diálogo y alentar una campaña de criminalización de los jóvenes. Desde diferentes medios masivos de comunicación se hizo eco a esta campaña, publicando incluso nombres y fotografías de supuestos líderes.
La campaña anti anarquista
Esta campaña forma parte de la estrategia definida desde el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que desde hace unos meses no duda en declarar sin presentar pruebas- que son grupos anarquistas quienes violentan la tranquilidad de la ciudad.
Con estas declaraciones, el GDF construye un discurso legitimador de sus políticas represivas, pues a decir de la administración de Mancera, para controlar las cada vez más frecuentes acciones de los anarquistas en marchas y movilizaciones se necesitan medidas como las contenidas en el Protocolo de Control de Multitudes, o el endurecimiento de las sanciones penales.
Si bien el pretexto para las medidas de Mancera son las acciones de los anarquistas, cada vez es más frecuente observar cómo los cuerpos de seguridad de la ciudad de México aplican este Protocolo a cualquier movilización social. Parece que el objetivo del GDF es que nadie proteste, y limpiar las calles de marchas y plantones.
Hambre de justicia
Después de que fueron bajados del microbús en el que viajaban el 2 de octubre, los jóvenes fueron subidos a varias patrullas de la SSP e incomunicados por varias horas, hasta que por la noche fueron presentados en un Ministerio Público (MP) de la delegación Iztapalapa. Durante el traslado y durante su estancia en el MP, denuncian, fueron torturados. Se les impuso el delito de ataques a la paz pública, y antes de cumplirse el plazo de 48 horas, fueron consignados al reclusorio Oriente, y las mujeres al reclusorio de Santa Marta.
El monto de las fianzas se cubrió, pues el delito de que los acusan no es de gravedad. Todos fueron liberados, a excepción de Mario González, a pesar de también se pagó su fianza y de que no existen señalamientos directos ni prueba alguna en su contra. La juez que lleva su caso especuló que en caso de cumplirse el derecho a la fianza, el joven se sustraería de la justicia.
A más de mes y medio de su detención, Mario González sigue privado de su libertad por esta negación de su derecho a salir en libertad bajo caución. El joven se declaró en una huelga de hambre y perdió entre 13 y 14 kilos de peso, dispuesto a todo para lograr su libertad, pero también ese derecho le fue negado.
El gobierno del Distrito Federal no atiende las múltiples manifestaciones realizadas para exigir la libertad de Mario González. Por el contrario, se ratificó en tres ocasiones la decisión de no hacer valer el derecho a fianza.
El caso de Mario González, señalan las organizaciones e individuos que los apoyan, es un intento de castigo ejemplar a quienes se atreven a ejercer el derecho de la protesta social, y específicamente a la juventud. Es de vital importancia no dejar que Mario González continúe un día más encerrado pues, denuncian, su salud no lo soportaría. La huelga de hambre es una medida extrema, pero entendible ante la cerrazón del GDF.
Publicado el 25 de noviembre de 2013
