México. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que reconoció el derecho a consulta de los yaquis ante la realización del Acueducto Independencia-, es el primer paso para desmantelar la obra, pero la Tribu no confía en que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acate el ordenamiento.

Para autoridades de la Tribu Yaqui, la resolución – que fue aprobada unánimemente por los magistrados de la Primera Sala de SCJN)- constituye una victoria en la defensa del agua y el territorio para todos los pueblos indígenas, no solamente para su pueblo.

La Corte ratificó en el expediente 631/2012 del 8 de mayo el amparo ganado por las autoridades tradicionales del Pueblo de Vícam contra la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para la construcción del Acueducto Independencia.

El Acueducto Independencia, promovido por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, no sólo representa el despojo de agua a la Tribu al trasvasar agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo -y con ello reducir los volúmenes concedidos a los tradicionales Ocho Pueblos Yaquis por decreto presidencial de 1940-; también se materializa en él la corrupción gubernamental, el desprecio a los pueblos indígenas y sus derechos humanos, además de la ilegalidad en su construcción al desobedecer órdenes judiciales, así como la impunidad, omisión y desinterés de las instancias federales del sexenio anterior y del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aunque la Tribu Yaqui posee la resolución presidencial firmada por Lázaro Cárdenas, en la que se establece un aprovechamiento de hasta el 50 por ciento de las aguas de la presa La Angostura más las escurrimientos de la cuenca del río, por más de 70 años los gobiernos en turno, así como empresarios y agricultores industriales, se han apropiado de agua y territorio yaqui para obtener las ganancias que en absoluto han beneficiado a la Tribu. Pese a todo, la resolución es el instrumento jurídico para exigir el cumplimiento de sus derechos e impedir el despojo del agua.

Al ser la SCJN quien refirma los derechos de la Tribu Yaqui se abre la oportunidad para acceder a la justicia negada históricamente. Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, afirmó: “con esta decisión que toma la Corte se abre una luz de esperanza para que el saldo histórico que tiene el Estado mexicano con la Tribu Yaqui por fin comience a saldarse un poco”.

A su salida de la SCJN, Tomás Rojo –también habitante de Vícam- señaló: “Se acaba de tomar una decisión muy importante para la Tribu Yaqui y para todos los pueblos indígenas de México. A nuestro pueblo se le reconoce nuestra razón. Cuando nosotros solicitamos el amparo de la justicia federal contra el manifiesto de impacto ambiental dijimos que teníamos la razón porque nunca se nos consultó, ni siquiera nos notificaron la construcción del acueducto, mucho menos si estábamos de acuerdo con la construcción de esa obra -que era uno de los requisitos que debería haber cubierto SEMARNAT en materia de derechos indígenas: el derecho a la consulta y el consentimiento libre e informado, aspectos fundamentales que incorpora la Constitución política del Estado mexicano desde junio de 2011 de acuerdo a los convenios internacionales.”

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), órgano descentralizado de SEMARNAT, otorgó desde julio de 2010, 50 millones de metros cúbicos para el acueducto sin informar ni pedir el consentimiento de la Tribu Yaqui. En noviembre del mismo año, la Dirección General de Impacto Ambiental de la SEMARNAT, ingresó el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), que evaluó y autorizó el 23 de febrero de 2011 mediante el oficio S.G.P.A.-DGIRA.-DG.-1633/11, ignorando los señalamientos a la MIA y las afectaciones a los derechos de las comunidades yaquis.

Al conocer dichas acciones, la Tribu solicitó un amparo en abril de 2011, al Juzgado Décimo de Distrito del Estado de Sonora, quien lo turnó al Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región en Culiacán, Sinaloa. Éste resolvió en mayo de 2012 conceder el amparo y la protección de la justicia contra la autorización de SEMARNAT en el expediente 461/2011.

El amparo consideró el decreto de 1940, la Constitución y leyes en materia indígena de Sonora, así como el Convenio 169 de OIT, para legitimar la demanda de las autoridades tradicionales de acuerdo a normas de autogobierno y libre determinación. Enfatizó la afectación a los derechos de la disposición de agua y la responsabilidad de las autoridades involucradas con el acueducto al vulnerar las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica.

En octubre de 2012, la SCJN atrajo el amparo ante el recurso de revisión interpuesto por la SEMARNAT y la Procuraduría General de la República, quienes argumentaron su improcedencia aludiendo la falta de personalidad e interés jurídico de los demandantes y la falta de pruebas en la disposición del agua. Pasaron casi ocho meses para que se emitiera un fallo, tiempo durante el cual no se detuvo el acueducto y se extrajeron los primeros volúmenes de agua del Río sin contar con los permisos de trasvase.

Ante la amenaza, la Tribu Yaqui confió en la SCJN. Señaló Luna que: “Se dio un voto por unanimidad para ratificar el amparo que se le otorga a la Tribu Yaqui en contra de la construcción de ese acueducto. Creemos que empieza la primera fase para que esa obra por fin se desmantele”. El secretario de la autoridad tradicional agregó que “se generó confianza la SCJN pero no la tenemos en que Guillermo Padrés respete este resolutivo, pero eso se lo dejamos a las instancias correspondientes. Nosotros seguimos firmes y avante en la lucha, no vamos a aflojar en ningún momento porque esto apenas comienza. Necesitamos seguir fortaleciendo la unidad en la defensa del agua y territorio. Esto es una lucha histórica”.

El amparo pone sobre la mesa el derecho a la consulta a los pueblos indígenas como condición para llevar a cabo los proyectos, sosteniendo el protocolo de actuación en cuanto a derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas elaborado por la SCJN. Tomás Rojo precisó que “esto debe marcar un precedente para todos los pueblos indígenas de México. Si bien es cierto, la resistencia, la desobediencia civil y la denuncia son muy importantes, también se abre una ventana en la lucha indígena que no debemos subestimar porque tenemos que abordar hasta la última instancia para reclamar nuestros derechos”.

Conocedor de que las leyes no compaginan totalmente con los hechos, Mario Luna declaró que “es obvio que Guillermo Padrés no lo va a aceptar, se le tiene que obligar a entrar al Estado de derecho y eso no nos corresponde. La parte que nos toca es mantener la defensa de nuestro territorio. La vida institucional ya no, hay instancias que deben encargarse de eso. La omisión de ellos como instituciones también tiene sus consecuencias”. Enfatizó que “hay que esperar que las instancias correspondientes actúen. Entendemos que ésta fue una decisión inapelable de la Corte y el gobierno de Sonora tiene que acatar este ordenamiento judicial. En caso de no hacerlo, existen las instancias correspondientes en México como para que la vida constitucional vuelva a imperar en Sonora”.

La defensa del agua continúa, lo cual no significa antagonismos con los hermosillenses, como los alimentados por Guillermo Padrés, apuntaron los yaquis. “Nosotros entendemos que falta agua y no sólo para Hermosillo, sino para todo Sonora. Vemos que hay que hacer un verdadero esfuerzo para que el agua llegue a Sonora. No se va a solucionar nada quitándole un agua que no alcanza a otros, como a la Tribu Yaqui, que siempre ha estado ahí, aun antes de la llegada de los invasores”, aclara Mario Luna.

El pueblo yaqui ha soportado etapas de exterminio, deportación, marginación y desconocimiento por parte de Estado. Sin embargo, su cosmovisión es pilar en su resistencia. El huya ania o mundo del monte es condición de existencia de la cultura yaqui: “las montañas, el mar, el río, el monte y los animales forman el huya ania. [En el pasado] era la fuente de poder única que se ha ido deteriorando, pero la tribu persiste, es tanto el potencial de nuestra agua y nuestra tierra que aún tiene la fuerza suficiente para otorgarle poder a nuestro pueblo”, explicó Tomás.

Antes de alejarse del edificio de la SCJN, Mario Luna comentó, con un cartel en la mano que lleva un mensaje de solidaridad, obsequiado por un joven universitario, “nosotros no vamos a aflojar en ningún momento, vamos a seguir fortaleciendo la lucha. Sabemos que Guillermo Padrés no entiende de leyes ni de respeto a los pueblos originarios de este país”.

Mientras la Corte resolvía sobre el amparo, se realizó una concentración en las afueras del edificio, en la que representantes mazahuas, triquis, purhépechas, tzeltales, tojolabales y chatinos radicados en la Ciudad de México, así como una representación wixárika de Nayarit, brindaron su apoyo al pueblo yaqui, rechazando el Acueducto Independencia y solicitando el respeto al convenio 169 de la OIT. “La Tribu Yaqui está muy contenta y agradecida con todas las muestras de solidaridad que se dieron”, reconoció Luna.

Por su parte, Tomas Rojo sostuvo que “somos una nación pluricultural y muchos derechos se pueden reivindicar, máxime cuando este México ha avasallado a muchos pueblos indígenas y ha hecho que se pierda esa identidad. Aunque algunos hayan caído en la categoría de mestizos, para nosotros siguen siendo mexicanos y tienen un origen indígena”.

Finalizó señalando que “mestizos, blancos, indígenas y toda la nación necesitamos unir México para tener más armonía y que todos los mexicanos tengan las condiciones mínimas de desarrollo para vivir dignamente. Lo podemos hacer en solidaridad, convivencia y luchando todos juntos para tratar de cambiar y acotar la influencia del gran capital y del poder político que tiene su sustento en él”.

Publicado el 27 de mayo de 2013