Número 115    octubre2013
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Una ley general de víctimas en medio de la guerra

“La aprobación de la LGV se inscribe dentro de una estrategia militarista y represiva de la seguridad pública, donde se mantiene la espiral de violencia y la impunidad entre delito organizado y Estado, que no han cambiado”, señala el autor de este artículo, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Pietro Ameglio
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El contexto de la ley

La foto más actual de la Ley General de Víctimas (LGV), a partir de la cual, sobre todo los medios y la clase política, están discutiendo ampliamente, es una firma presidencial haciendo una “concesión-entrega pública” simbólica de la ley a familiares de víctimas, encabezados por el poeta Javier Sicilia, quienes no dejaron de exhibir su espíritu de lucha con su testimonio y  sus pancartas con fotos de sus víctimas, su dolor e indignación por la falta de justicia; y una muy especializada discusión de expertos juristas, políticos y ONGs acerca de los términos y alcances jurídicos de la ley. En este último aspecto, llama poderosamente la atención el  fuerte “apego a la constitución” que muchos críticos de la ley esgrimen como argumento fuerte siendo que ellos son parte de una clase política que vive de violar la constitución permanentemente, empezando porque fueron cómplices silenciosos o activos de una “declaración de guerra al narcotráfico” que nunca se consultó con la sociedad civil, y de dos fraudes electorales consecutivos. La “constitucionalidad” ha sido un arma poderosa contra las víctimas en México: en el 96 contra los pueblos indios en el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, y ahora quiere serlo para que no se aplique esta ley.

Justificando parte de estas discusiones, necesarias seguramente pues es claro que es una ley perfectible, no deja de ser indicativo del “estadio moral” de la clase política mexicana que se discutan sobre todo dos argumentos: la constitucionalidad de la LGV, como apuntábamos antes, en un país con 98 por ciento de impunidad en su justicia, y los montos de dinero para la reparación del daño, con el nivel de corrupción existente en México. Pero nadie plantea para ¡ya! lo sustantivo: ¿Cómo y a qué hora se va a empezar a buscar a los desaparecidos, principal objetivo de los familiares de las víctimas, que, según nos dice la ley, por fin se han convertido en “sujetos de derecho”? O sea, ¿la aplicación real de la ley no está enfocada en detener las causas que constituyen el proceso de construcción de la guerra, el delito y sus víctimas en este país, sino a  paliar en algo sus consecuencias más visibles, para que ‘todo siga igual’, en un nuevo ejemplo de gatopardismo a la mexicana?

Otro elemento clave a tener en cuenta acerca del contexto en que se aprueba la ley, es que se da en un país atravesado por acciones de una guerra “intercapitalista de carácter internacional por el monopolio territorial de una nueva mercancía ilegal”[1], con características diferentes según sus territorios: persiste un “exterminio selectivo” de activistas sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, como cíclicamente nos muestra nuestra historia; existe un “exterminio masivo” que a la fecha ya ha causado más de 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos y decenas de miles de desplazados; todo en medio de formas de guerra civil, pues todas las clases sociales están atravesadas por este hecho social que, según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM a través del doctor José Luis Calva, es el que más fuentes de trabajo genera en el país (600 mil empleos directos). Además, el primero de julio una parte importante del electorado (al menos 2/3 claramente) votó porque la guerra siga, pero con más “profesionalismo por los que sí saben cómo hacerlo”. Seguirá así imponiéndose el modelo de la “paz armada”, donde se construye la sobreposición de la idea de seguridad a la de paz, se “siembra la inseguridad”, con la consiguiente militarización de la seguridad pública y aumento de la espiral de violencia, o sea, del negocio de la guerra y el delito.

En los dos diálogos públicos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) con Calderón (23 junio y 14 octubre 2011)  tomaron la palabra con mucha fuerza representantes de víctimas individuales y colectivas de esta guerra, destacando: Nepomuceno Moreno de Sonora, Salvador Campanur de Cherán, Santos De la Cruz de Wirikuta; en el segundo diálogo se le mencionó al presidente que iba a estar presente Pedro Leyva, de Ostula, pero fue asesinado una semana antes. Todos ellos pidieron atención y protección para sus comunidades y familiares, y el presidente se comprometió públicamente a atender los casos. Pocas semanas después, don Nepo fue asesinado al mediodía en pleno centro de Hermosillo; la comunidad purépecha de Cherán ha sumado más muertos (los más recientes fueron Urbano Macías y Guadalupe Jerónimo), desplazados y un cerco paramilitar brutal; en la comunidad nahua de Ostula fueron asesinados sus líderes Trinidad de la Cruz y  Teódulo Santos; en Wirikuta la minera canadiense avanza en la impunidad. Además, el mismo día que paramilitares mataron en una emboscada a don Trino (6 de diciembre) en Ostula, fueron desaparecidos Eva Alarcón y Marcial Bautista en Guerrero, líderes ejemplares de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocespcc) en Guerrero. En ningún caso hasta el día de hoy se ha tenido el más mínimo avance de justicia, en todos se advirtió a la autoridad lo que podía pasar sin que se hiciera nada.

Respecto al “exterminio selectivo de activistas sociales y defensores de derechos humanos”, en las recientes semanas fueron asesinados Ismael Solorio y Manuela Solís, fundadores de El Barzón-Chihuahua el 22 de octubre por defender el agua y enfrentar a la minería en su comunidad; Juventina Villa, también dirigente de la Ocespcc, junto a su hijo Reynaldo Santana (28 noviembre) mientras coordinaban un masivo desplazamiento de población en su zona; casi tres semanas antes habían sido asesinados 5 campesinos de la misma organización guerrerense entre los cuales dos eran sobrinos de Juventina: Celso Chávez y Fortino Méndez (9-12 noviembre); el preso Edgar Hernández denunció abusos de las autoridades en el penal de Santa Marta y fue muerto enseguida el 27 de noviembre; la alcaldesa María Santos, de Tiquicheo en Michoacán, fue asesinada el 17 de noviembre; el activista indígena por el agua Heriberto González, de Hueyapan en Morelos, fue asesinado el 23 de noviembre; el primero de diciembre, en una provocación y brutal represión, fue mutilado Juan Uriel Sandoval y está en coma Juan Kuy Kendall; el indígena mixe oaxaqueño Pablo Jarquín fue ultimado el 19 de diciembre por militares; el 23 de diciembre fue desaparecido el abogado nahua defensor de DDHH Celedonio Monroy  en Cuautitlán; en noviembre-diciembre hubo fuertes represiones y masacres a desplazados de guerra: triquis en Oaxaca; campesinos ecologistas en Guerrero; campesinos en Concordia, Sonora.

¿Qué significa la LGV en este contexto represivo, militarista, exterminador y de impunidad?

Respecto al sexenio que recién terminó (¿o sigue gatopardamente?), cabría preguntarse ¿por qué, al igual que en los Acuerdos de San Andrés en 2006, se dejó avanzar tanto el proceso de construcción de la ley si estaba ya dada la orden de vetarla por Calderón? En la misma línea, justamente por esa decisión estratégica de seguir el modelo bélico, es que Cherán ha sido tan brutal e impunemente atacado, y la Policía Comunitaria de Guerrero es tan acosada, ahora también con una minera, pues representan la posibilidad de otro modelo de seguridad pública no armada sino comunitaria y pacífica. Cabe entonces preguntarse ¿si lo que se busca realmente es proteger a las víctimas comunitarias e individuales, o, en cambio, aumentar  su indefensión y aterrorizamiento social, y seguir con el ‘negocio de la violencia’? ¿la provocación y represión del pasado 1° de diciembre se inscriben en esta lógica?

La ley

De inicio, resulta importante remarcar que esta ley no ha sido ninguna concesión de la autoridad, al contrario vemos cómo se están centralizando y endureciendo los mecanismos claves al respecto. La ley es el fruto de un largo proceso de lucha social por la justicia, la verdad y la dignidad en el país, encabezada por las víctimas de la violencia, sobre todo de la del estado, desde  los sesenta al menos con la “guerra sucia”. Y también es cierto que en los años más recientes, con la muy mal llamada “guerra contra el narcotráfico”, los familiares de víctimas –sobre todo los agrupados en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), junto también a los de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) y otros- han hecho muchas  acciones sociales, jurídicas y políticas aliados solidariamente con el muy valioso trabajo de personas y organizaciones de la sociedad civil especializada en esos temas (CMDPDH, INACIPE, Ctro. Vitoria DDHH, UNAM…), así como han realizado acciones directas de resistencia civil noviolenta para presionar la elaboración y aprobación de la ley. Un ejemplo último interesante de ello es saber que un paso antes del veto presidencial de Calderón, las víctimas del MPJD en situación desesperada tuvieron que ejercer una fuerte presión hacia los legisladores, ante la noticia que no iba a aprobarse en el Senado por acuerdo PRIAN –y silencio cómplice del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, llegando incluso a instalarse dentro del senado algunos familiares y miembros del MPJD para iniciar un ayuno público (23 abril), que no fue necesario porque los legisladores cambiaron de opinión a cambio de “quitarles el ayuno público”.

Para los familiares de las víctimas está claro que esta ley es sólo un medio más, pero muy importante, para alcanzar la justicia en el caso de los muertos, para que aparezcan los desaparecidos y para parar la guerra. Es una batalla importante que, en parte, se ha ganado con enorme esfuerzo, inteligencia, solidaridad y determinación, y que refuerza el sentido, el camino y fuerza moral en la lucha. No es un dato menor, como tampoco lo es la gran distancia que aún queda en lograr los objetivos finales de esta lucha por justicia, verdad y dignidad en México. Era indispensable que el estado reconociera públicamente la existencia de víctimas en ‘su’ guerra, lo que implícitamente es reconocer que él mismo produce una parte importante de las mismas. También es central que públicamente se supiera que la mayor parte de las víctimas eran inocentes respecto al delito organizado, eran parte igual que todos de la sociedad civil, con historias y vidas similares a cada uno. Para evitar el avance de la guerra y hacer reales los gritos de “¡Ya basta!”,  “¡Estamos hasta la madre!” y “¡Yo soy 132! es sustantivo que la población sepa que no todo el que muere o desaparece es delincuente sino que, de una forma u otra, su cuerpo interfirió en los negocios del delito organizado, en muchos casos asociados al Estado, encubiertos bajo el nombre “guerra contra el narcotráfico”. En este sentido, será muy importante poder impulsar el proceso del memorial que se plantea –que no es para nada sólo la construcción o ‘toma’ de un monumento como algo simbólico- , sino que es el desatar desde todos los estados, un proceso de memoria y verdad nacional donde se puedan recuperar las historias personales, colectivas y de las luchas sociales en el país, dignificar las identidades sociales de las víctimas y sus ideales, reconstruir de algún modo la historia de la violencia y la lucha social en el país en las últimas décadas

La LGV, que contempla a las víctimas directas de la violencia así como a familiares o a quienes les hayan auxiliado, es sin duda un importante logro pues tiene varios puntos en favor de crear justicia, dignidad y verdad para las víctimas, obliga al Estado a buscar inmediatamente a los desaparecidos, a darles a los familiares el apoyo médico, psicológico, económico y jurídico necesario. Se plantea crear el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, un Registro Nacional de Datos Forenses y un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación  Integral del Daño.

Además, otro punto a considerar, pero muchas veces desconocido, en toda esta lucha heroica de estos familiares, es su situación económica: “Cuando me llaman de la SIEDO para venir al DF, tengo que escoger entre comer o dormir en un hotel”; “No tengo dinero para arreglar mi moto. Vendo en abonos y cobro en moto”; “Estamos quebrados de dinero”. Estas son frases que seguido se escuchan entre los familiares de víctimas del MPJD, y otros movimientos similares. El tema de los fondos de reparación económica ha sido y es una de las controversias centrales sobre la ley, en medio del absurdo y cínico gasto brutal de las campañas electorales y de la posterior legalización de los resultados. Habrá que estar muy atentos también en este renglón, como demuestra la experiencia histórica, que este aspecto material no constituya una fuente de chantaje o cooptación desde el poder, pues la división y atomización de los familiares de las víctimas, el evitar que se organicen colectivamente atendiéndolos por separado para quitarles la fuerza de la interlocución y presión colectiva -como podría estarse empezando a hacer desde Segob-, han sido desde siempre instrumentos perversos del poder para neutralizar cualquier protesta o rebeldía social, como lo es la de los varios movimientos nacionales de víctimas de la guerra.

Ahora veremos cuánto tarda en aprobarse y operar su Reglamento, para lo que cuentan con seis meses (sin el cual la ley no se aplica), pero regatear en alargar los tiempos de aprobación del reglamento, en iniciar la búsqueda urgente de los miles de desaparecidos de familias que literalmente “dejan de vivir” por tanto dolor e incertidumbre, y en lo mínimo que se le puede ofrecer a una víctima de una guerra para la que no fue consultada ni aprobó nunca, que es su reparación económica, sí que tiene rasgos de alta inhumanidad.

Antes que la paz, justicia

Muchas autoridades, políticos y medios  presentanesta ley como una especie de ‘fetiche de la paz’, como un signo casi mágico de que ‘todo cambió’ y ahora sí habrá paz. El veto y enfrentamiento de Calderón con el MPJD sobre la ley, y el compromiso cumplido de Peña Nieto en aprobarla, quieren ser vistos como una forma de parteaguas de la paz nacional: se marca la diferencia entre la política calderonista y la peñista, se inaugura un país en paz y se deja atrás un país en guerra. Nada más falso e ingenuo, ajeno a la experiencia histórica y a la memoria colectiva, lo que no quita nada a lo positivo que se haya aprobado la ley. La aprobación de la LGV se inscribe dentro de una estrategia militarista y represiva de la seguridad pública, donde se mantiene la espiral de violencia y la impunidad entre delito organizado y Estado, que no han cambiado. El gobierno anterior hacia la guerra en nombre de la guerra, este parece ser que prolongará la guerra en nombre de la paz, ilustrativo es el mensaje del procurador Murillo Karam a los embajadores de México la semana pasada: difundan  “que México está trabajando para construir un lugar en el que la paz…sea el fundamento central de un desarrollo…”. Hemos visto también en la represión brutal del 1º de diciembre cómo estaba vigente una ley donde se asociaban las protestas públicas con “ataques a la paz” y éstos recibían castigos como “actos terroristas”, y hace dos días fueron detenidas por la policía en el centro histórico del DF de una campaña de “Adopta un perro”, por volantear.

Bien decía hace poco doña Rosario Ibarra: “quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas”. Nos parece entonces muy importante tomar conciencia de cómo el poder está manipulando y expropiando a la sociedad civil del concepto de paz, para vaciarlo de su contenido inescindible de justicia, que es la única que da sentido a la paz. De ahí que propongamos ya no hablar tanto de paz, y sí mucho más de justicia inmediata: que aparezcan los desaparecidos, que haya justicia, dignidad y verdad  para los muertos y que ¡pare la guerra! La sociedad civil, y especialmente su reserva moral -que una vez más ha  dejado solas a las víctimas-, debe organizarse y presionar con radicalidad no violenta, política y jurídica para que este proceso inhumano contra víctimas individuales y colectivas –en sus cuerpos y territorios- se detenga, y, por ejemplo, la LGV sea algo real y operante ¿o seguiremos esperando la paradoja que una parte de los victimarios hagan justicia a las víctimas que ellos mismos crean con sus hechos sociales?  Tomémosle la palabra al secretario de Gobernación Osorio Chong, como el MPJD se la tomó al entonces candidato Peña Nieto, y hagamos que la cumpla ¡ya! en su compromiso de “buscar a todos los desaparecidos”.



[1] Consultar Informe Bourbaki en http://webiigg.sociales.uba.ar//revistacuadernosdemarte/revista.htm

 

Publicado el 21 de enero de 2013



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