Valencia, España. La primera etiqueta que se utilizó en Twitter para agrupar las informaciones de la revuelta estudiantil fue #Valengrècia, pero al final se acabó imponiendo #primaveravalenciana, que es la que ha acabado dando nombre a la actual revuelta que vive la ciudad del Turia. Esto quizás ha sido así por sus connotaciones más positivas, o quizás porque lo que está pasando ahora mismo en Valencia tiene más que ver con los hechos de las naciones árabes que los del país helénico.
A diferencia de Grecia, en el País Valenciano no hay unas organizaciones combativas masivas con capacidad para paralizar el país en una huelga general. Lo que hay, al igual que en Túnez o Egipto, es un malestar social muy extendido, difuso y difícil de organizar –por diferentes motivos- mucho más profundo que los últimos recortes, que no han hecho más que añadir leña al fuego. También aquí ha acabado siendo un hecho relativamente aislado –en Túnez fue un chico que se quemó a lo bonzo, en Valencia una carga policial contra una protesta menor de unos estudiantes de secundaria- lo que ha convertido en llama las brasas que crepitaban bajo la normalidad oficial.
Y a partir de la primera protesta reprimida de unas decenas de estudiantes se pasó a una creciente respuesta social que iba a más por mucho que los antidisturbios se dedicasen a fondo a tratar de sofocarla. Cada nueva convocatoria en el Instituto Lluis Vives –foco de la revuelta- era más masiva que el anterior y cada vez la policía empleaba más fuerza y detenía más gente –hasta 46 personas-sin más efecto que avivar el incendio. El lunes 20 de febrero se sucedieron diez horas de manifestaciones y cargas que bloquearon, literalmente, el centro de la ciudad y dejaron claro que el fenómeno implicaba un cambio de mentalidad que lo alejaba de la clásica manifestación y lo acercaba a las revueltas árabes. Por muchas amenazas, golpes y ataques que recibían de la policía las manifestantes –muy jóvenes- volvían una y otra vez a ocupar las calles de forma pacífica mientras recibían el apoyo de vecinos y viandantes, un dato importante en una zona tan conservadora como es el centro de Valencia.
La medida desesperada del Gobierno español fue sacar la policía de las calles y apostarlo todo a que la falta de provocación directa y una intensa campaña de criminalización en los medios rebajaran el tono de las protestas. Pero esto último tampoco ha funcionado y las manifestaciones se han mantenido diariamente sumando decenas de miles de participantes, con una huelga estudiantil extendida a todos los países de habla catalana, apoyada por manifestaciones en el resto del Estado español. Desde que el 1 de marzo empezaron las fiestas de Valencia –las famosas Falles- las protestas se han dirigido frente al Ayuntamiento, con pitadas diarias al balcón de las autoridades.
Extensión del malestar
Las protestas estudiantiles se han convertido en un catalizador de una movilización que, por ahora, ya ha transcendido las reivindicaciones meramente educativas pero que aun es difícil de predecir hasta dónde puede llegar. El malestar social es creciente en un territorio que ha sufrido como ningún otro los efectos de la crisis. El índice de paro es del 25 por ciento, con más de medio millón de desempleados. A estos hay que sumar los miles de trabajadores de empresas que prestan servicios a la administración llevan meses sin cobrar y todos los funcionarios y empleados públicos que no saben si cobrarán la nómina del próximo mes. Las amenazas de cierre de servicios por falta de liquidez provienen de sectores tan diversos como los comedores escolares, las escuelas probadas subvencionadas, las productoras audiovisuales, las librerías o las residencias de ancianos. Las farmacias, que protagonizaron un cierre patronal en diciembre ya han anunciado nuevas convocatorias.
Las manifestaciones de las últimas semanas en el País Valenciano han superado todos los récords históricos, pero mucha gente arguye que con ello no basta y tampoco bastará la huelga general que probablemente se va a celebrar en el Estado español el próximo 29 de marzo. En la enseñanza pública, símbolo de esta degradación, los sindicatos ya hablan abiertamente de una huelga indefinida para el sector y desde el movimiento vecinal y el 15M se está preparando una campaña de desobediencia a los recibos que la tasa de basuras, que han subido un 150 por ciento. La absolución del ex-presidente autonómico Francisco Camps –en medio de noticias diarias de nuevos casos de corrupción- y las indemnizaciones millonarias a los directivos que hundieron las cajas de ahorros han hecho incrementar el sentimiento de que todo esto no es tan consecuencia de la crisis como de un saqueo generalizado de los recursos públicos.
Incluso sectores de la élite económica han empezado a hacer algunos movimientos –con la publicación de un manifiesto donde se pide una mayor implicación de la “sociedad civil” en los asuntos pública valencianos y con las críticas de la patronal a la liquidación del Banco de Valencia, – muy tímidos pero que pueden dar pistas hasta lo alto que llega el descontento.
Con el gobernante Partido Popular cada vez más dividido, la sensación de final de régimen es persistente. Sin elecciones a la vista, sin embargo, no queda claro cómo puede llegar a las instituciones un cambio de ciclo que, en la calle, ya es definitivo.
Publicado el 05 de Marzo de 2012
