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Pinheirinho, Sao Paulo, Brasil.. Durante tres años, del 2007 al 2010, el antropólogo Inácio Días de Andrade convivió diariamente con los casi 6 mil habitantes de la comunidad de Pinheirinho, en el estado de Sao Paulo. La investigación fue su tema de maestría en la Universidad de esta ciudad.

Días de Andrade relata lo que conoció de la auto organización de esa comunidad, la cual conquistó con sus propias manos el derecho a la vivienda, y habla sobre los escombros que la acción policial dejó para las casi mil 700 familias desalojadas del área el pasado 22 de enero.

La acción del gobierno del estado de Sao Paulo, que desalojó a cerca de 6 mil personas del terreno de Pinheirinho, en la ciudad de Sao José dos Campos (Sao Paulo), el día 22 de enero, intentó ganar el apoyo de la opinión pública al asociar a los habitantes de Pinheirinho con “bandidos y vagabundos”.

Conviví tres años con los habitantes del local y puedo afirmar que, contrario a lo que se imagina, no había ausencia de reglas ni desorden de ningún tipo. Muchos de los llamados “ladrones” o “vagabundos” cumplían una doble jornada de trabajo. Después de trabajar en sus empleos, que garantizaban su sustento y el de su familia, organizaban reuniones, asambleas, trabajos colectivos y votaciones para mantener el orden y la paz en el lugar, organizar el terreno y tomar decisiones.

El terreno fue dividido, desde el inicio, en sectores que abarcaban un número determinado de casas, evitando la sobrepoblación local. Los martes, cada sector se reunía, después del horario de trabajo de los habitantes, generalmente a las seis de la tarde.  Los sábados, a la misma hora, los habitantes formaban una asamblea general, en la cual se contaba los avances realizados en cada sector. El barracón donde ocurrían las asambleas fue uno de los primeros en ser derrumbados por la operación policial.

En esos espacios de gestión democrática eran decididas las reglas generales de convivencia. Malos tratos a mujeres y niños, por ejemplo, podrían resultar en la expulsión del agresor, o cuando había desavenencias entre vecinos, éstas eran siempre traídas para la ponderación de los demás.

Se delimitaban también las zonas que serían destinadas a la preservación ambiental, a la plantación de alimentos y espacios de riesgo, donde no se podrían construir casas. Además de eso, se resolvían cuestiones relativas a la seguridad de la población local y del entorno. Robo, tráfico de drogas o cualquier otra actividad ilícita era severamente controlada por los líderes y habitantes, pues todos estaban conscientes de que cualquier crimen ocurrido allí sería motivo para la criminalización de todo el movimiento.

Durante todos los años de existencia del campamento, no se registró una sola muerte en el lugar. Lejos de estar conformado por vagabundos, el movimiento se constituía en un microcosmos de actuación democrática. Sin embargo, por medio de estereotipos, el gobierno insiste en impedir el acceso de esa población a uno de sus derechos básicos, el de la vivienda.

Escombros y lágrimas

La acción policiaca en la reintegración de propiedad que tuvo lugar en Pinheirinho violentó seriamente los derechos humanos de los habitantes del área. Los agravios son incontables. Un día después del inicio de la operación, una multitud estaba alrededor del terreno de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y otro gran número de personas se encontraban dentro de ella. Estaban acostadas en el piso, en las banquetas, en los bancos, en los colchones retirados de último momento o prestados. Estaban sin agua ni comida. Relataban historias atemorizantes sobre el día anterior.

Las noticias que llegaban daban cuenta de tres a cinco muertes, incluyendo la de un niño pequeño. Aunque esas muertes no hubieran sido confirmadas, el clima de confusión era grande, muchos aún no habían encontrados a sus parientes. La alcaldía no hizo el registro de todos y dejó esa actividad para el momento más tenso de la operación. En el registro, una carpa de atención, se instauró más tarde una plaza de guerra. El coraje mezclado con la tristeza de ver sus casas demolidas, se sumaba a las heridas en sus cuerpos y a la posibilidad de tener seres queridos muertos, poniendo a todos en un grave estado emocional.

Los habitantes habían sido despertados aquella mañana con helicópteros, una tropa de choque, gas pimenta y balas de goma. Videos, fotos y testimonios que circulan por internet muestran que los policías también usaban armas letales. Un habitante fue alcanzado por una bala en la espalda.

Según testimonios de los habitantes, la policía entró de casa en casa retirando familias que tomaban su desayuno o aún dormían. Una habitante del predio advirtió que dos policías entraron en su casa y la echaron fuera mientras lanzaban los platos de comida de sus hijos contra la pared y gritaban: «Aquí ya no es lugar para comer» o «Estamos cumpliendo órdenes». Asustada, la ocupante me contó que vivió durante cuatro años en Rocinha, favela de Río de Janeiro, la más grande de América Latina, «pero que nunca había visto cosa parecida». La policía de Río de Janeiro se volvió de nuevo famosa por su crueldad y total falta de respeto a los derechos humanos en las últimas embestidas de la «guerra al narcotráfico».

En el centro de registro de la alcaldía, una de las habitantes de Pinheirinho que se arriesgó a ser registrada para efectos de la desocupación fue recibida con tiros de bala de goma en el cuerpo y en el dedo del pie. Existen videos en internet que muestran también los conflictos en el “refugio” de la alcaldía. Muchos habitantes se rehusaron a recibir la atención de la alcaldía por miedo. “¿Voy aceptar ayuda de quienes acaban de expulsarme de mi casa?”, cuestionaba un señor. Muchos temían ser separados de sus familias después de ser registrados. Algunos contaban que, después del registro, un marido fue separado de su esposa y sus dos hijos. La tienda erguida para dar cabida a todos los habitantes era insuficiente. Si no hubiera sido por la negativa de gran parte de la población de Pinheirinho de ir a ese centro, precisamente debido a la desconfianza, éste estaría aún más lleno y en peores condiciones.

También hubo denuncias de malos tratos en el área de la iglesia. Habitantes cuentan que la policía militar lanzó una bomba de gas por encima del terreno para forzar a los acampados a salir. Cuando salieron a la calle fueron abordados por los oficiales, y muchos de ellos acabaron presos.

Las autoridades insisten en que la reintegración fue pacífica, pero una mujer, vecina de la iglesia, fue golpeada por intentar contener el abuso de las autoridades. Después de noches tensas en aquel local, algunos no resistieron y se fueron a un centro deportivo puesto a disposición por la alcaldía, el gimnasio de Morumbi. Fueron cuatro horas de camino a pie hasta el local designado. Muchos se sintieron mal o se desmayaron bajo el fuerte sol. De acuerdo con noticias publicadas en la prensa, en este local faltaban colchones, mantas y cobertores, productos de limpieza, y no fue limpiado adecuadamente. La alcaldía no lo limpió ni permitió que los habitantes lo hicieran, ya que no proporcionó material de limpieza. Muchos no consiguieron entrar al baño debido al mal olor. En las tiendas de campaña, las personas la pasaron mal con el calor.

A los habitantes también se les estaba impidiendo volver a sus casas para recoger sus pertenencias. Diversas imágenes difundidas por televisión y en las redes sociales muestran escombros con muebles de los habitantes. Otros relataron que la demolición de casas se realizó sin que se hubieran retirado los bienes que estaban allí dentro.

El propietario oficial del terreno contrató tractores privados para derribar las casas más rápidamente, acabando con las posesiones acumuladas durante vidas enteras. Muchos de los habitantes tenían miedo a la rapiña o la destrucción de sus bienes, otros ya habían perdido todo. Un habitante gastó los 350 reales de su salario en mantas para su familia, seis personas en total. Con la desocupación del domingo toda la comida fue «confiscada» por la policía y el consumo de su familia se redujo a los 50 reales que consiguió guardar.

Muchos ya no tienen documentos y dijeron que estaban siendo abordados constantemente por la policía en el entorno del local y siendo llevados a la delegación policial. El conteo oficial de presos hasta el momento es de 22. Gran parte de las personas no consigue salir ni para ir trabajar, están sin documentos, sin cartera de trabajo y sin dinero. Campañas de recaudación se están llevando a cabo en todo el Brasil.

Vivienda, un derecho para pocos en Sao José dos Campos

Sao José dos Campos tiene un déficit de viviendas de 27 mil familias. La región donde Pinheirinho se encuentra fue contemplada con la construcción de 524 casas hasta el 2011, en casi diez años de políticas de habitación de la alcaldía. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el 2000 Sao José contaba con una población de 6 mil personas viviendo en condiciones irregulares de vivienda. En el 2011, durante un día y en una sola área de la ciudad, cerca de 6 mil personas perdieran sus casas en el Pinheirinho.

Durante los tres años que yo estuve allá, ninguno de los interlocutores con los cuales he hablado tenía dudas sobre cómo había empezado el Pinheirinho, y todos vinculaban el inicio del movimiento a la “ocupación de las casas del CDHU (Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano)” en el barrio Campo dos Alemães, en 2003. En el discurso de los habitantes, líderes e individuos vinculados al sistema jurídico y partidario que apoyaban al movimiento, las “casas” aparecen siempre como una referencia para el comienzo del proceso de lucha.

La ocupación de las casas siempre fue justificada por la mala calidad en que se encontraban y por la demora en la conclusión y entrega para la población carente, situación agravada por el hecho de que muchos ocupantes estaban en la “cola”, hacía más de ocho años, para conseguir una casa con la alcaldía.

La exigencia de los moradores en transformar un terreno sin función social, cuyo dueño es blanco de investigaciones de la Policía federal, en una Zona Especial de Interés Social (ZEIS), reglamentada por una serie de leyes, es una reivindicación justa y necesaria. Aún más cuando se considera el déficit de viviendas que la ciudad de Sao José dos Campos sufre hace años y el cual la alcaldía insiste en “controlar” con políticas paliativas.

Es necesario decir que los moradores del local no buscan vivir en la ilegalidad, están dispuestos a pagar impuestos, agua, luz. Contrario a lo que muchos piensan, no quieren vivir con privilegios, sólo quieren ser insertados en un orden urbano que siempre les fue desfavorable.

Publicado el 01 de Enero de 2012