Chile. En mayo de 2011, estudiantes de secundaria y universitarios chilenos, acompañados de profesores, rectores de universidades y trabajadores en huelga salieron a las calles en la primera de una serie de manifestaciones que se extienden hasta la fecha. Convocados en un principio por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), organismo que agrupa a las distintas federaciones de estudiantes de universidades estatales, los jóvenes salieron a las calles para expresar su inconformidad con el presente sistema educativo chileno y para exigir reformas profundas al mismo.

Estudiantes tanto de universidades públicas como privadas unieron fuerzas por primera vez para dar voz a sus demandas; tomaron las vías públicas y las instituciones educativas a lo largo y ancho del país, en una de las manifestaciones más importantes realizadas en Chile desde el retorno a la democracia. La marcha del 30 de junio reunió, según los organizadores, a 400 mil manifestantes a nivel nacional.

Sin deudas ni desigualdad

 Una de las principales exigencias de los jóvenes consiste en que se ponga fin al endeudamiento que afecta a alumnos de escuelas públicas y privadas de nivel superior. El gobierno otorga créditos para la educación, los cuales generan una tasa de interés de dos a seis por ciento anual y se comienzan a pagar dos años después de egresar. Sin embargo, según afirman los representantes del movimiento, ningún estudiante debería endeudarse por recibir educación, pues ésta “es un valor fundamental y no un negocio”. La educación, dicen los estudiantes, es un derecho y no un bien de consumo, como en alguna ocasión declaró el presidente chileno Sebastián Piñera.

Asimismo, los jóvenes demandan que se inyecten más recursos por parte del estado para fortalecer y revitalizar la educación pública. Exigen que se asegure la gratuidad como mínimo de los tres primeros quintiles y que se amplíe el sistema de becas hacia los sectores con menores recursos, como mecanismo para asegurar la igualdad de oportunidades en todos los sectores de la sociedad. También exigen una revisión del actual sistema de selección para universidades, mismo que tachan de “discriminativo” y clasista. En cambio, proponen formular una prueba que garantice la selección de los alumnos de acuerdo con su talento.

“El verdadero diálogo que Chile necesita es el que se preocupe de asegurar las condiciones materiales para que ningún joven con talento y capacidades se quede fuera del sistema público, es asegurar una educación integral, comprometida con los valores éticos y democráticos de participación y libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos, valoración y preservación del patrimonio cultural y natural, respeto a la diversidad cultural, etcétera”, escribe en su blog personal Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) y vocera del movimiento.

 En resumen, los estudiantes demandan enmiendas profundas a la actual Constitución, que favorezcan la enseñanza pública gratuita, contrarresten el ánimo de lucro en la educación y aseguren las libertades de expresión, cátedra y asociación de estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones educacionales.

Una demanda histórica

 Las actuales exigencias de los jóvenes provienen de la movilización estudiantil de 2006, conocida como la “Revolución de los pingüinos”. En ésta, más de 100 mil estudiantes del país salieron a las calles el viernes 26 de mayo, y el martes 30 de ese mismo mes alrededor de 600 mil escolares se unieron en un paro nacional. Entre los reclamos planteados por los estudiantes se encontraba la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la cual se encarga de fijar y regular los requisitos mínimos de calidad de educación básica y media. Exigían también el fin de la municipalización de la enseñanza, que consideraban un paso hacia la privatización del sistema educativo; la gratuidad de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y una tarifa escolar gratuita para el transporte escolar.

 El movimiento estudiantil forma parte de un movimiento social mayor que reclama reformas sustanciales al modelo económico y político establecido durante la dictadura militar que gobernó Chile durante 17 años. Este modelo que, supervisado por el gurú del neoliberalismo Milton Friedman, entregó a manos privadas la mayoría de las empresas estatales, generando con ello una fuerte desigualdad económica entre los habitantes del país. «La demanda principal de los movimientos sociales que han estado protestando es que todos los chilenos disfruten de la riqueza y avances que ha tenido el país, pero que se limitan a un pequeño sector de la sociedad», declaró el sociólogo Miguel Urrutia, profesor de la Universidad de Chile, en entrevista con el portal electrónico de BBC Mundo.

Sin bajar la guardia

Hasta el día de hoy las movilizaciones continúan. Se acompañan de huelgas de hambre y otras manifestaciones más creativas: bailes, performances, conciertos, lecturas en voz alta, carreras y representaciones teatrales frente al Palacio de Gobierno. En las plazas centrales carteles gigantes colgados de edificios y árboles comparten frases como “La lucha es de la sociedad entera: todos/as por una educación gratuita”.

 Después de prohibir las marchas y recibir como respuesta la desobediencia de los protestantes, el gobierno de Piñera ha realizado a través del Ministro de Educación algunas propuestas a los estudiantes que pretenden mitigar el movimiento, pero sin satisfacer sus demandas reales. Los estudiantes han expresado abiertamente su rechazo a dichas propuestas y han convocado a nuevas manifestaciones.

 “El Señor Ministro de Educación ha creído que simplemente sentándonos a dialogar (…) nos iba a convencer de que estábamos “de acuerdo” y que podíamos llegar a consensos.  Sabemos que sus anuncios revolucionarios son sólo palabras vacías”, escribió al respecto en su blog Camila Vallejo. “El verdadero diálogo que la educación superior necesita, se yergue sobre el paradigma de reconocer a la educación como un derecho universal y como una inversión fundamentalmente social, eje estratégico para el desarrollo justo y armónico del país y para su fortalecimiento democrático”.