Fronteras Abiertas

Laura Carlsen

Victoria Esperanza Salazar no debió morir

El feminicidio es un crimen anunciado, advierte la abogada Karla Micheel Salas. Anunciado, con frecuencia, por la misma víctima, en denuncias y llamados desesperados de auxilio que son obviados por las autoridades y la sociedad. Anunciado, por las condiciones de discriminación, amenaza y vulnerabilidad en que viven tantas mujeres. Anunciados, por las cifras de feminicidios que aumentan a diario. Anunciados, por el sistema capitalista-patriarcal en que vivimos todas, un sistema que desvalora la vida de la mujer, sobre todo si es migrante, extranjera, pobre, morena, con discapacidad.

Parece que Victoria Esperanza Salazar reunía todas estas características letales. La mataron en plena calle. El video muestra cómo cuatro policías rodean su cuerpo inerte en el suelo, una con la rodilla en su espalda. Luego llevan cargando su cuerpo a la patrulla como un tapete usado y la echan a la parte trasera, junto a la basura. Ella ya había fallecido; tenía la columna rota en la primera y segunda vértebra.

Viendo los videos en las redes y hablando con integrantes de las colectivas feministas de la zona, se logra armar la historia trágica de este feminicidio anunciado. Fueron múltiples violencias estructurales que causaron su muerte.  

Victoria huyó de El Salvador por la violencia. Su caso fue lo suficientemente fuerte para lograr una visa humanitaria en México, pero huyó de una situación límite de violencia para encontrar otra.

Poco antes de su muerte, denunció a su pareja en Tulum ante las autoridades por abuso a ella y su hija. Este es el primer momento en que se pudiera haber cambiado la cadena de sucesos que llevaron a su muerte. Una mujer de la Colectiva Feminista Tulum cuenta que no hubo una investigación ni respuesta adecuada a su queja, ni protección, y que esta situación es típica en la localidad, conocida como la nueva meca de la Rivera Maya. Reportan que la violencia contra la mujer se ha incrementado en el contexto de la pandemia. Con frecuencia la fiscalía no toma la denuncia o no actúa como debe ser.

Informan que aun con el anuncio de la Alerta de Género en algunos municipios y un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para ampliar módulos de atención inmediata para mujeres en riesgo y otras medidas, la falta de cumplimiento y aplicación de las medidas ha dejado a las mujeres en la vulnerabilidad. Las colectivas reciben constantes denuncias que intentan responder y canalizar, pero no hay respuestas del estado. Esta realidad es mucho más que una falla burocrática–es un reflejo del desprecio que hay frente a la crisis de la violencia de género. Implica también negarse hacer lo necesario para salvar vidas.

Victoria no fue asesinada por su pareja, sino por la policía. Sin embargo, las violencias se entrelazan. Existen razones de pensar que su condición de vulnerabilidad y miedo debido a la violencia que denunció a las autoridades la llevó a una crisis psicológica.

Cuando una mujer denuncia agresiones y no recibe atención adecuada ni protección–y muchas veces enfrentando en cambio la revictimización–se pone en una situación mas riesgosa que antes de la denuncia. Aquel 27 de marzo, el video tomado en el Oxxo minutos antes del asesinato de Victoria muestra a una mujer extremadamente alterada. Agita un garrafón vacío en el aire, da vueltas, abre y cierra la puerta, sale corriendo. Su comportamiento no fue agresivo, fue el comportamiento de alguien que tiene un problema agudo de salud mental y requiere ayuda.  Es otro momento en que una intervención especializada, humanizada, podría haber evitado su muerte.

Fuera de la tienda, fue detenida por una mujer y tres hombres policías. Es la mujer quien le pone la rodilla encima. La violencia machista no es dominio exclusivo de un sexo—forma parte de la formación y la mentalidad de una sociedad patriarcal y particularmente de una institución híper- patriarcal como es la policía. Aun después de décadas de supuestas “reformas”, las policías y las fuerzas armadas no rompen con esta mentalidad. La capacitación–financiada en gran parte por el gobierno de Estados Unidos, país que ha sido denunciado por brutalidad policial sistemática en las protestas más grandes de su historia—no logra cambiar el sistema porque no es un problema técnico. El enfoque en desarrollar el poder sobre la otra, el otro, por medio de la fuerza genera violencia. Tiene integrada la jerarquía social sexista y racista, una jerarquía en la cual la mujer migrante queda abajo. De hecho, las imágenes de la sumisión de Victoria en el asfalto, con la rodilla uniformada encima, son muy parecidas al video conocido en todo el mundo de la muerte de George Floyd por asfixia bajo la rodilla de Derek Chauvin, quien está en juicio en EEUU ahora.

Los policías fueron detenidos. El presidente ha prometido que “no habrá impunidad”. El gobernador Carlos Joaquín ha dicho que fue “un error al aplicar una técnica equivocada en materia de detención”. La prensa dio cobertura al asesinato, generando condena en la opinión publica. Quizás con los llamados de la sociedad civil, de ONU Mujeres, del presidente de El Salvador y las protestas se logre la justicia.

Pero esto es solo parte del reto que enfrenta la sociedad mexicana con la muerte de Victoria, y de miles de mujeres y de migrantes más. Se sabe que no es un caso aislado. Las causas van mucho mas allá de “un error” o la falta de capacitación policial. Están arraigadas en la misoginia. La violencia feminicida en Quintana Roo y el país en general también tiene raíces profundas que se nutren de la cultura de impunidad. Tiene raíces en la xenofobia contra las personas migrantes, que crece bajo la política de detención del gobierno federal y la minimización de las constante violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en territorio nacional–una realidad que solo con casos como el de Victoria atraen atención de un gobierno que insiste en que la época de maltratos a migrantes se acabó.

La violencia policial también se nutre de la impunidad y de la lógica de represión. En Quintana Roo las fuerzas de seguridad son particularmente proclives a responder a mujeres rebeldes con fuerza desmedida. El 9 de noviembre del año pasado, una manifestación pacífica que exigía justica en el feminicidio de Alexis (Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado) fue reprimida con balazos por la policía. La red feminista quintanarroense reporta criminalización, persecución y amedrentamiento a feministas que alzan la voz contra la violencia. Es común ocultar casos para no afectar al turismo, reportan las colectivas. Su consigna lo dice todo: “La policía no me cuida”.

Es necesario fincar responsabilidades políticas por la crisis de violencia de género que vive el estado de QR y el país. Sería un logro importante si los autores materiales terminan en la cárcel, la Colectiva Feminista de Tulum informa que ninguno de los casos que ha acompañado se ha llevado a la justica, pero no es suficiente.

Es cierto que ya detuvieron a los cuatro policías que sometieron y mataron a Victoria, cuando quizás en el pasado se hubiera encubierto el asesinato con desinformación e impunidad. Pero Victoria sigue muerta.

Es cierto que el secretario de Seguridad Publica de Quintana Roo, Alberto Capella, fue separado de su cargo tras la represión policial a la manifestación feministas en Cancún. Pero Victoria y Alexis siguen muertas.

Es cierto que el gobernador ha dialogado con las colectivas feministas y anunciado una mesa de atención a feminicidios. Pero Victoria y Alexis y muchas mujeres asesinadas más solo en este año siguen muertas. Y los números aumentan.

Las colectivas no se rinden. Están exigiendo justica, están presionando por la ampliación y aplicación de la alerta de género, y la no criminalización de las protestas. Su demanda es contundente: “Queremos acciones y no simulaciones.”

Una Respuesta a “Una traición al pueblo”

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