Francesco Citarda cree que las uvas de su viñedo siciliano hacen algo más que producir un vino excelente. En Alto Belice Corleonese, un área donde abunda la presencia de la mafia, Citarda dice que los productos de su cooperativa pueden combatir la escencia del crimen organizado.

Es miembro fundador de la cooperativa “La Placido Rizzotto Libera Terra”. Produce bienes de su tierra cultivable, bodega y olivares, y recibe turistas en una finca dedicada al agroturismo. Y todo en una exuberante finca de 250 hectáreas que el gobierno confiscó a la mafia.

Creada en 2001, fue la primera de las nueve cooperativas de la red Libera Terra (Freedland). La red comparte conocimientos y recursos entre sus cooperativas y ahora emplea a unas 170 personas.

Citarda dice que “La Plácido Rizzotto” ha traído cambios, en una región donde la mafia domina social y económicamente, ignorando el desarrollo local y los derechos de los trabajadores.

Los miembros de la cooperativa rehabilitaron la tierra y las propiedades que se dejaron estropear después de que el gobierno se las arrebatara a la mafia. Establecieron vínculos con la población local y aseguraron crédito para, en última instancia, elaborar una gama de productos. Y lo han hecho sabiendo que la mafia intimida y ataca regularmente a otras cooperativas similares.

“Hemos demostrado que es posible elegir incluso en los contextos difíciles en los que operamos”, dijo Citarda.

Las leyes en Italia permiten la reutilización social, aunque no la venta, de las propiedades incautadas de personas condenadas por participar en el crimen organizado. Una vez que se les confiscan las propiedades, se pueden poner a disposición de los grupos sociales para que oferten. Libera Terra, que forma parte de la organización antimafia Libera, ayuda a los grupos a presentar ofertas. Una vez que se gana la licitación, se proporciona capacitación y orientación para la gestión de cooperativas.

Las nueve cooperativas de Libera Terra, que tuvieron ingresos de alrededor de 8,3 millones de dólares en 2019, se encuentran entre las centenares en Italia que utilizan bienes inmuebles confiscados. Otros países también están empleando la reutilización social; por ejemplo, en 2018 la Unión Europea financió una pastelería dirigida por habitantes locales en una propiedad confiscada en Albania. Su objetivo era enviar un mensaje de que lo que se roba a la sociedad puede y debe devolverse.

Todos los gobiernos pueden confiscar las propiedades de los grupos criminales, aunque la forma en que lo practican varía. Pero la confiscación de propiedades rara vez es un problema; gestionarlos sí.

El modelo de Libera Terra se ocupa de eso. Es un modelo de reutilización de las propiedades confiscadas para redistribuir la riqueza localmente, proporcionando puestos de trabajo para la población local, muchos de los cuales tenían pocas alternativas además de trabajar para la mafia. Citarda dice que es una forma muy visible y simbólica de justicia social.

La cooperativa de Citarda ahora tiene nueve miembros y emplea a 22 trabajadores permanentes y estacionales del área. Utiliza solo métodos agrícolas orgánicos y ecológicamente sostenibles. Su trigo, garbanzos y uvas contribuyeron a una facturación de alrededor de 890.000 dólares en 2019.

Los miembros de la cooperativa ganaron la licitación para usar la propiedad y luego tuvieron que ganarse la confianza de la gente local, cautelosa por su visión de respetar la tierra, los trabajadores y el producto terminado.

Citarda dice que revivir los campos en barbecho y los edificios en ruinas fue un gran desafío. Pero agrega, “El objetivo es demostrar el valor y la importancia de la reutilización social de los bienes decomisados ​​para el renacimiento de territorios enteros”.

El impacto que tiene la reutilización social, en lugar de simplemente la confiscación, es difícil de cuantificar en la mafia. Sin embargo, los presuntos intentos de los grupos criminales de intimidar a las personas que dirigen cooperativas nos dan una idea.

Libera ha publicado una investigación sobre la reutilización de unas 800 propiedades confiscadas en toda Italia y ha descubierto que beneficiaron el desarrollo regional y el empleo, especialmente para los jóvenes.

“Libera hace un gran trabajo”, dice Michele Ardi, investigadora senior de Transcrime, en la Università Cattolica del Sacro Cuore. “Sus productos son bien conocidos y de muy alta calidad. La confiscación de activos en Italia ha sido el instrumento más poderoso durante los últimos 30 a 35 años contra la mafia, ellas como organizaciones con fines de lucro y de poder. Cuando las ganancias de estos grupos criminales se ven afectadas, les duele mucho”.

Libera comparte conocimientos con otra organización antimafia, la Fundación Alameda, en Buenos Aires. La fundación ayudó a establecer un proyecto similar, un espacio que contiene maquinaria confiscada de talleres textiles ilegales, llamado Centro de Demostración de Ropa Barracas. Las personas que previamente se encontraban atrapadas en talleres ilegales trabajan allí en cooperativas. El objetivo es que los grupos se establezcan y eventualmente se trasladen a sus propias instalaciones, dando espacio a otros que necesitan la maquinaria y la orientación para iniciar la producción.

Shirley Ramos, una boliviana que fue a Argentina con la promesa de un buen trabajo en un taller dice: «Descubrí que era precario y esclavizado». Allí trabajó 16 horas diarias durante un año. Los jefes retuvieron su pasaporte y amenazaron con deportarla. “No conocía las leyes argentinas y no tenía tecnología disponible para informarme”, dice la Sra. Ramos.

Las autoridades encontraron que el dueño no le estaba pagando a los trabajadores y cerraron el taller. Decenas de trabajadores se unieron para formar la Cooperativa 9 de Diciembre y se les dio un espacio en el centro de Barracas.

La señora Ramos dice que inicialmente fue difícil encontrar el mismo compromiso y responsabilidades entre los socios de la cooperativa. Tuvieron que aprender de sus errores. Ahora votan por una junta directiva y hay un reglamento interno que todos los socios deben cumplir.

Ramos ha estado trabajando en la cooperativa haciendo ropa al por mayor durante varios años y en condiciones justas. Ella dice que el trabajo es una lucha pero que la cooperativa está creciendo.

“La cooperativa es muy importante para mis compañeros y para mí, por todo lo que pasó. Hemos establecido una cooperativa eficiente y productiva, y los empresarios ya no nos explotan».

Lucas Manjon, ex director de investigaciones en la Fundación Alameda, sostiene que proporcionar empleo reduce rápidamente la vulnerabilidad de los trabajadores. De lo contrario, dice, «podrían volver a ser víctimas de traficantes y esclavistas».

Pero aunque la reutilización social funciona más allá de las fronteras, la forma de llevarla a cabo es diferente en cada lugar. Rumania y Portugal, por ejemplo, tienen leyes que permiten la reutilización de activos confiscados, pero rara vez se practica.

La Unión Europea tiene un marco para la confiscación de activos y una directiva de leyes nacionales para promover la reutilización social. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional comprometió a los países a adoptar prácticas de extradición y cooperación legal. Pero no obligan a actuar.

En Italia existen problemas con la asignación oportuna de propiedades a los grupos. Citarda dice que “La Plácido Rizzotto” todavía está esperando que algunas tierras cambien de «incautado» a «confiscado» para que puedan trabajarlas. Los retrasos hacen que la tierra quede sin cultivar y las propiedades se deterioren. Los exitosos esfuerzos de confiscación de Italia significan que actualmente se controlan alrededor de 16.400 propiedades. Riccardi dice que asignarlos a todos para su reutilización social es imposible. “Cada activo tiene su propia historia”, dice Riccardi. “Hay que ir allí, hacer la debida diligencia, verificar su estado, identificar a los propietarios. No es nada fácil. Una actividad que consume mucho tiempo».

En otros lugares, los gobiernos subastan propiedades, como en Escocia. Las leyes italianas lo prohíben, lo que potencialmente protege contra un uso indebido adicional. Sin embargo, Riccardi cree que en un análisis de costo-beneficio en la mayoría de las propiedades permitiría decidir si es mejor venderlas o asignarlas para su reutilización social.

Pero Luigi Ciotti, el fundador de Libera, quiere que la reutilización social de los activos confiscados debe ser obligatoria, al menos, en toda Europa: «Está comprobado que esta herramienta es muy dañina para la mafia», dice. “Destruye su patrimonio, no solo económicamente, sino también política, cultural y socialmente”.

* Davies es un periodista independiente que cubre los derechos y la desigualdad en Europa, América Latina y Oriente Medio.

Publicado originalmente en NY Times