Guatemala. El juicio por genocidio y por crímenes de lesa humanidad contra el general Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez inició en Guatemala. El suceso es histórico por ser la primera vez que se lleva a cabo un juicio por genocidio en América Latina, y cobra una mayor importancia frente a la actual oleada de represión contra las comunidades indígenas.
El juicio es resultado de más de 30 años de lucha incansable y valiente de las mujeres y los hombres que sobrevivieron a las masacres que ocurrieron en los años ochenta, en medio de una guerra sucia en contra de la población que duró más de 36 años. La guerra dejó un saldo mínimo de 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos, y obligó a más de millón y medio de personas a refugiarse en las montañas o en otros países. En 1996, se firmaron los Acuerdos de Paz entre el Estado Guatemalteco y la dirección de la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG).
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de la Naciones Unidas, establecida como parte de los Acuerdos de Paz, el 93 por ciento de las atrocidades cometidas contra la población fueron realizadas por las fuerzas del Estado, regulares e irregulares. La misma comisión confirmó que entre los años 1981 y 1983, durante los periodos presidenciales de Lucas García y Ríos Montt, el Estado guatemalteco identificó a grupos del pueblo maya como enemigos internos, y cometió genocidio contra los indígenas de cuatro grupos lingüísticos: maya-qanjobal y maya-chuj, en Barillas; nentón de San Mateo Ixtatán del Norte, en Huehuetenango; maya-ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, en Quiché; maya-kiche en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, también en Quiché; y maya-achi en Rabinal, Baja Verapaz.
A Efraín Ríos Montt se le atribuye un mínimo de 100 mil muertes. En su periodo se implementó la estrategia de tierra arrasada para efectuar el genocidio. Los sobrevivientes que no se refugiaron en la montaña fueron reubicados en las llamadas Aldeas Modelo, centros de población militarmente controlados. José Mauricio Rodríguez Sánchez fungió como director de inteligencia militar o G-2 durante este periodo. Al igual que su anterior jefe de mando, hoy está acusado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en contra de la población ixil.
La búsqueda de la justicia
Hoy los papeles están invertidos. Son los ixiles quienes enfrentan a sus asesinos, que están sentados en el banquillo de los acusados.
La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), y el Centro de Derechos Humanos (CALDH) son querellantes adhesivos en el caso. En él se señalan mil 771 muertes, que sería una minúscula parte de las personas que murieron como consecuencia de la estrategia de tierra arrasada. Doctrinas militares, ocultas ante la sociedad y que con los años fueron filtradas, como Victoria 82, Firmeza 83, y Plan Sofía, documentan parte de la planificación y la ejecución de la estrategia contrainsurgente y de tierra arrasada en los territorios indígenas del occidente del altiplano guatemalteco. Estos documentos militares clasificados forman hoy parte de las pruebas que presentará el Ministerio Público (MP) para probar que los acusados planificaron y efectuaron el genocidio contra la población ixil.
El MP, CALDH y AJR presentan además alrededor de 150 testigos, la mayoría de ellos mujeres y hombres que sobrevivieron las masacres, que vieron sus familiares morir de formas casi inconcebibles debido a su crueldad, y que pasaron años refugiados en las frías y húmedas montañas del occidente de Guatemala. En las semanas que transcurridas desde el 19 de marzo, son ellas quienes han narrado sus testimonios delante de tres jueces en la sala de vistas públicas en el Palacio Nacional de Justicia de la ciudad de Guatemala. Narran sus testimonios con intensidad ante un público asombrado por la crueldad de la que fueron objeto. Estas personas, que por muchos años se vieron obligadas a guardar silencio, ya que hablar o poner una denuncia significaba un riesgo de perder la vida, parecen estar decididas a que la historia se conozca. Tiene que haber justicia, coinciden casi todos, no por venganza sino para que esta historia no se repita.
¿Cómo se siente su corazón al declarar ante los jueces sobre todo lo que te pasó?, pregunta uno de los abogados de AJR a un testigo de la masacre de 264 personas en su comunidad, en 1982, y sobre los años que él y otros sobrevivientes estuvieron en la montaña. En mi cuerpo y mi corazón, por el momento, me siento libre. Aclaro la verdad ante un Dios que nos ha salvado la vida. Llegó el momento de narrar la verdad, yo soy un resto de las masacres. Las víctimas que derramaron su sangre no tenían la culpa, no sabían por qué se morían, ni yo, como si fuéramos animales. Gracias por interrogarme. Mi corazón ya está libre de mis pesadillas, ya saqué todo lo que vi con mis propios ojos.
Mujeres y tortura sexual
El 2 de abril fue un día particularmente duro en la corte. Doce mujeres rompieron el silencio y declararon cómo ellas, sus hermanas, hijas, madres y abuelas fueron violadas y torturadas sexualmente por los soldados. Fuera del corte, un altar maya con flores y velas acompañaba su entrada al Palacio de Justicia, mientras organizaciones de mujeres ponían pancartas en solidaridad. Dentro de la sala de Vistas Públicas, mujeres con rebozos y flores ocuparon las primeras filas de sillas en la tribuna para dignificar la experiencia de las declarantes, ya que les fue negado el hablar sin medios de comunicación y público, la jueza valoró más el derecho de los ciudadanos guatemaltecos a conocer la verdad. Para proteger la identidad de las mujeres que optaron por romper el silencio, sabiendo las consecuencias sociales que esta decisión les puede acarrear, a los medios se les prohibió relatar nombres y publicar imágenes de rostros. Ante el riesgo de que este impedimento de parte de la Corte no fuera respetado, cada mujer fue guiada hacía el micrófono totalmente cubierta por rebozos, mientras muchos de los periodistas presentes sacaron con descaro imágenes de estas mujeres cubiertas.
Varias de las mujeres relataron haber sido violadas dentro del destacamento militar de San Juan Cotzal, uno de los municipios ixiles al norte de Quiché. Una de las mujeres contó que cuando era adolescente, ella y otras fueron llevadas a la iglesia católica, donde las vendaron y las violaron repetidamente. Algunas vieron a sus hijas o sus madres ser abusadas y después asesinadas. Como chucho la llevaban, dijo una testigo, refiriéndose a su madre, que murió posteriormente. Sin palabras; lágrimas corrían por los rostros de mucha gente. Posiblemente estos relatos cambien a los que estuvieron presentes para siempre. A la vez, para la fiscalía los testimonios de las mujeres sobrevivientes de tortura sexual constituyen una parte importante de las pruebas. La violación sistemática ha sido tipificada como método para lesionar gravemente la integridad física o mental de miembros de un grupo e impedir nacimientos en su seno. Es considerado un acto destinado a cometer genocidio.
Los acusados y sus estrategias de defensa
Por su lado, los acusados parecen estar perdiendo la arrogante tranquilidad que su poder les brindó en el pasado. Quizás piensen que ya llegó la hora también para ellos. Por momentos se les observa estresados, y por otros, hasta furiosos. Ya se resolvieron los alrededor de 90 incidentes que sus defensores presentaron durante el año pasado, a juicio de muchos para alargar y entorpecer el proceso, de manera que la avanzada edad de los generales acusados hiciese imposible continuar el juicio. Incluso el recurso del amparo por amnistía fue resuelto en su contra por la Corte Constitucional el 13 de marzo.
Ahora, la estrategia de la defensa en el debate público es cuestionar si la persona que atestigua era población civil en el tiempo en que ocurrieron las masacres. Según sus argumentos, si se lograse sembrar duda de si las comunidades masacradas tenían relación con la guerrilla, aunque fuese como base civil o aunque sólo se les dieran alimentos a los guerrilleros, se justificarían las matanzas. Bajo este punto de vista, lo que hubo fue una guerra entre dos ejércitos, donde las matanzas son lamentables equivocaciones, producto de combates, pero no genocidio. Cuelguen al general, dijo uno de los defensores de Ríos Montt durante la apertura al juicio, pero no tergiversen los sucesos históricos. Durante estos debates iniciales, la defensa insistió en que las muertes ocurrieron en medio de combates, a pesar de que los peritajes foráneos muestran que 33 por ciento de las víctimas eran niños menores de 13 años, y 16 por ciento eran ancianos, con impactos de bala en el cráneo.
Algunas de las preguntas y respuestas frecuentes son:
¿Su comunidad tenía dirigentes?
Nos organizamos por asambleas para protegernos.
¿Llegaban personas ladinas a su comunidad?
Solo el ejército.
¿Usted ha visto guerrilleros?
No. O bien: Los vi pasar cuando estuvimos refugiados en la montaña.
¿Usted ha utilizado armas alguna vez?
No, solo azadón. Soy campesino.
El interrogatorio no les lleva a ningún lado. Ante el fallido intento de sembrar dudas sobre la participación de las comunidades en la guerra, pasan a otro argumento: los testigos están adoctrinados y no hablan la verdad. Pareciera realmente muy pobre su estrategia de defensa, pero la preocupación de mucha gente es que sean realmente las cúpulas de poder quienes determinen el caso y que esto ocurra fuera de la sala de vistas públicas. No sería la primera vez que suceda en Guatemala, y hoy muchos intereses están en juego, hasta los del actual presidente Otto Pérez Molina, general que tuvo a su cargo la región ixil durante los sangrientos años de Ríos Montt. Pocos días antes de iniciarse el juicio, el presidente declaró que no hubo genocidio en Guatemala y que quienes argumentan que sí, ofenden al país.
Columnistas, posiblemente comprados por las mismas cúpulas de poder que hoy ven sus intereses amenazados, tratan de generar una opinión pública en el sentido de que el actual juicio se realiza por deseos de venganza, y que son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y embajadas internacionales quienes financian y, por ende manipulan, a los testigos. A pocos días de iniciado el juicio, algunos veteranos militares, presuntamente recluidos en AVEMILGUA, convocaron a una protesta fuera del Palacio de Justicia. La convocatoria de la protesta, que duró un día y en la que se pudo observar a un máximo de 20 personas, decía: Tenemos que evolucionar, cambiar de estrategia, ya que la guerra ahora no es en la montaña, sino en los tribunales de justicia, medios de comunicación y opinión pública tanto nacional como internacional. Y continuaba: recuerden que el día de mañana puede ser usted el acusado de genocidio.
El genocidio y la actual represión a las comunidades en resistencia
El argumento de que los testigos son manipulados por las ONG y organizaciones internacionales es reflejo de las campañas de desprestigio que se hacen desde el gobierno de Pérez Molina en contra las comunidades que en la actualidad luchan por sus derechos frente a los efectos devastadores de los megaproyectos mineros, hidroeléctricos y de monocultivos. A estas comunidades se les etiqueta como terroristas, y se presiona a las embajadas y a la cooperación internacional para que retiren su apoyo cuando lo hay. Es llamativo cómo organizaciones que en los años setentas y ochentas fueron tachados como comunistas, hoy son tachadas de terroristas. Ambas etiquetas parecen justificar, para el gobierno de aquel tiempo y para el actual, el reprimir brutalmente a las comunidades si defienden sus derechos y se oponen al modelo económico extractivo y neoliberal que propone la oligarquía guatemalteca en alianza con las transnacionales.
Si la estrategia militar de tierra arrasada estaba encaminada a abrir la cancha para las empresas extractivas transnacionales (tal como fue el caso de la represa Xichoy, que se instaló en Río Negro después de la masacre de más de 400 personas en 1982), podemos tener una idea de por qué el defender la impunidad del ejército es tan importante para la oligarquía económica guatemalteca hoy en día: para defender sus intereses económicos que, de frente a las comunidades organizadas que buscan defender la continuidad de su vida como pueblos y a la madre tierra, no tienen ni legalidad ni legitimidad. Sin embargo, tienen la fuerza castrense y el aumento de la represión, que ha dejado decenas de presos políticos, la masacre de siete indígenas de Totonicapan en 2012, y el reciente secuestro de cuatro líderes del parlamento Xinca de Santa María Xalapan, en el que murió Exaltación Marcos. Esto es una muestra de que los Acuerdos de Paz no cambiaron las estructuras de poder ni los intereses económicos en Guatemala.
Los intereses oligárquicos y militares, el racismo y el genocidio siguen vigentes en Guatemala. En ese sentido, el juicio actual cobra aún más importancia. No sólo es para condenar a los responsables de tanto sufrimiento y destrucción, sino para que poco a poco, se logre desarticular esta red de poderes que día a día pintan de negro el futuro de Guatemala.
Publicado el 08 de abril de 2013
