La eliminación de los indeseables es una vieja estrategia que forma parte desde hace tiempo de los muchos castigos a aplicar. Los atenienses condenaban al ostracismo a los ciudadanos sospechosos de aspirar al poder personal, la República romana proscribía a sus opositores y las sociedades medievales recurrían ampliamente al destierro.

Portugal fue el primero en organizar, a principios del siglo XVI, el transporte de cientos de delincuentes, prostitutas, herejes, gitanos, a los puntos comerciales de Santo Tomé, Cabo Verde, Angola y Brasil. En Francia, ya en 1540, el rey Francisco I envió cientos de criminales y prostitutas a Canadá. En 1557, su sucesor Enrique II hizo lo mismo en Córcega. En Inglaterra y Rusia se pensó en el exilio forzoso de los enemigos políticos y los despreciables, y en las mejores formas de explotar su mano de obra. España también colonizó a base de delincuentes y estableció presidios en sus puestos comerciales marroquíes, Ceuta y Melilla, así como en las islas fortaleza de la costa del Rifa, Alhucemas, Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas, donde los convictos eran sometidos a un trabajo agotador en un ambiente de miseria y vicio¹.

Estas prácticas que parecen sacadas de una historia remota y bárbara, lejos de desparecer se han ido sofisticando. Ya no son los viejos países colonizadores, quienes promueven estas praxis sino algunos de los países más “desarrollados” del mundo. En este caso, me refiero a Dinamarca y a la “brillante” idea de su actual gobierno, apoyado tanto por el centro-izquierda y el centro-derecha, de enviar a 300 condenados a cumplir su condena en una prisión del reciente estado de Kosovo². Vulnerándose uno de los estándares básicos de derechos humanos en la materia que establece que las personas encarceladas deben ser destinados a prisiones situadas lo más cerca posible de su domicilio para favorecer la finalidad de reinserción social de la pena.

El acuerdo entre el gobierno de Dinamarca y el de Kosovo se hizo público al final del año pasado, y establece que el gobierno kosovar alquilará por 15 millones de euros anuales, 300 celdas en la prisión de Gjilan, a unos 50 kilómetros al sureste de Pristina, la capital del país, donde serán trasladados reclusos de origen extranjero condenados en Dinamarca. A cambio de tan lucroso negocio, que a las arcas danesas le suponen un ahorro de 5 millones de euros anuales, Dinamarca se compromete a “invertir” en el país balcánico 2 millones y medio de euros en proyectos de transición ecológica y para la promoción del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

La justificación que ha dado el ministro danés es evitar el hacinamiento en las cárceles y el estrés laboral que el mismo supone para los funcionarios penitenciarios. Hay que tener en cuenta que la tasa de encarcelamiento en Dinamarca, con 5,8 millones de habitantes, es una de las más bajas de la UE: 72 reclusos por cada 100.000 habitantes. Solo Finlandia, Eslovenia y Países Bajos tienen una menor proporción de personas entre rejas. Sin embargo, desde 2015 la cifra de presos en el país ha aumentado de 3.400 a 4.200, lo que supone una tasa de ocupación del 103%. Dentro de estos, las personas encarceladas por delitos relacionados con el tráfico de drogas representan un 25%, siendo un 30% del total población extranjera.

Tampoco podemos olvidar que Kosovo, el país receptor, no se encuentra dentro de los países del Consejo de Europa y, por tanto, no está sometido a los órganos de protección de derechos humanos del mismo como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no es signatario del convenio europeo para la prevención de la tortura. Además, sus prisiones están al límite de su capacidad (97%), con condiciones de infraestructura carentes, problemas de violencia entre presos y de funcionarios, corrupción y una atención médica deficiente. Las organizaciones de derechos humanos kosovares han denunciado³ que la situación va a generar sobrepoblación carcelaria y un deterioro en la situación de las personas presas, lamentando que este acuerdo lo haya firmado también un gobierno socialdemócrata.

Esta situación, por más inadmisible que parezca, no es inédita en la “civilizada” Unión Europea. De hecho, en 2015 Noruega, alquiló 250 celdas en la prisión de Norgerhaven, a 150 kilómetros al noreste de Ámsterdam, donde trasladó en un primer momento a 112 presos. Pero el contrato se canceló a finales de 2018, después de que el Defensor del Pueblo noruego considerara que vulneraba derechos fundamentales de los reos y de las familias⁴, que no podían costear el traslado para visitarlos. En la actualidad, Noruega –y Suecia-, sólo aplican penas de prisión cuando hay una plaza disponible en una cárcel del país (salvo delitos graves).

En nuestros días, los indeseables a deportar de antaño, son las personas de origen extracomunitario que han cometido algún tipo de delito. La hipocresía del Estado de Bienestar danés se mantiene, una vez más, a costa de los derechos de cientos de personas que sufrirán el destierro y a los que se les alejará de sus familias. Se invertirá en proyectos de transición ecológica y de derechos humanos como una práctica para lavar la mala reputación que pueda traer consigo esta flagrante violación de los derechos humanos. En definitiva, la voracidad del capitalismo nos vuelve a demostrar que no tiene límites y que las personas presas son para el sistema basura humana fácil de desechar.

1 Kalifa Dominique, “Tour du monde des bagnes coloniaux”. L`Histoire. 2014.

2 https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/12/Joint-statement-by-The-Government-of-Denmark-and-The-Government-of-Kosovo.pdf

3 https://drive.google.com/file/d/1UefLAPXypHwNjdBPYNUtyqajKxoFgiDF/view

4 https://elpais.com/internacional/2021-12-24/celdas-kosovares-para-presos-en-dinamarca.html