Fran Richart/ Desinformémonos
Foto: Paulina Cortés
Estos últimos cuatro días han sido claves en Baja California Sur para evitar uno de los proyectos mineros más devastadores para la península. La presión social contra Los Cardones, que pretende extraer oro a tajo abierto en el área natural protegida de la Sierra de la Laguna, obligó al nuevo gobernador del estado, Carlos Mendoza, a pronunciarse sobre el tema y declarar que no habrá minería tóxica en el estado.
Todo esto, después que el movimiento civil en contra de la minera del empresario Ricardo Salinas Pliego, tomó varias carreteras del estado ante el rumor que los regidores de La Paz habían realizado una reunión secreta donde tenían la intención de cambiar el uso del suelo de 18 predios establecidos en Sierra de la Laguna.
“Gente preocupada dentro del ayuntamiento filtraron el documento donde se corroboraba que querían cambiar el uso del suelo, sin embargo, el secretario general de Gobierno, Marco Antonio Núñez, negó tal trámite”, explica el periodista ambiental, Carlos Ibarra, quien a través de su blog El Organismo ha seguido todo el proceso, que se remonta seis años atrás.
Los regidores de La Paz, que ya estaban de salida por el cambio de gobierno, tenían la intención de regular el cambio de uso de suelo a través de la Comisión de Desarrollo Urbano y de Ecología, presidida por Ricardo Fiol Higuera, quien es pariente de la directora de Desarrollo Urbano del cabildo, Isela Fiol. Una vez más, la presión social obligó a la funcionaria a sacar un oficio donde sostenía que el cambio de uso de suelo no se puede realizar por varias inconsistencias, como estipular la propiedad jurídica de los predios.
Cuando la sociedad pacense conoció estas maniobras in extremis para facilitar la explotación de 18 predios en Sierra de la Laguna, empezaron las tomas de carretera. En el pueblo Todos Santos, bloquean la carretera el jueves, mientras que colectivos de La Paz acuerdan tomar la carretera al norte por seis horas. Estas acciones obligan al nuevo gobernador a tomar partido y comprometerse que no van a probar nada que sea ilegal. También reconocen que el ayuntamiento de La Paz trabajó en opacidad, votando a espaldas del pueblo.
Por su parte, la empresa minera Desarrollos Zapal, presentó acuerdos y convenios de compra y venta de los predios en Sierra de la Laguna, pero no los documentos que le dieran la propiedad jurídica. Como explica Ibarra, esos son terrenos nacionales y protegidos, y aunque la ley contemple zonas de aprovechamiento en áreas naturales protegidas para explotaciones mineras, necesitan el elemento jurídico para poder comprarlos.
El nuevo alcalde de La Paz, Armando Martínez, se comprometió a utilizar todos los recursos jurídicos para atacar cualquier irregularidad sobre el tema de aprobación de cambio de uso de suelo a favor de la minera, que regidores del PRI, Panal y PRD aprobaron en reunión secreta.
