Ciudad de México | Desinformémonos. “La expansión del proyecto minero en el Valle de Ocotlán y Ejutla en Oaxaca abarca más del 80 por ciento del territorio total de unas nueve comunidades, algunas de ellas están concesionadas a empresas en su totalidad”, lo podría significar que, además de los impactos ambientales, algunas personas pierdan su casa mediante expropiación, dijo a Desinformémonos, Neftalí Reyes Méndez, del Área de Derechos Territoriales en la organización Educa Oaxaca, quien agregó que por ende, al menos 6 de las asambleas comunitarias “han prohibido” dicho proyecto.

Las Asambleas ejidales y comunales de Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, Las Huertas, Los Ocotes, El Vergel y Coatecas Altas, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), ciudadanas y ciudadanos de Santa Lucía Ocotlán y el Ayuntamiento Municipal de Santa Catarina Minas, acusaron ayer que la empresa Fortuna Silver Mines y la Minera Cuzcatlán realizan exploraciones mineras en límites ejidales sin el permiso de sus asambleas comunitarias, por lo que exigieron la cancelación de las concesiones mineras otorgadas, dicen, por la Secretaría de Economía.

Exigieron, además, la cancelación de las exploraciones realizadas por la minera Cuztatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, así como “una investigación imparcial y ética sobre los impactos que dichas exploraciones están generando en nuestro territorio”, que en su opinión son: “graves afectaciones sociales, políticas y ambientales”.

Por lo anterior, pidieron la cancelación inmediata del proyecto minero “San José”, sobre el que Reyes explicó, se trata de un proyecto que desde 2009 se emprendió con el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Economía y el Ayuntamiento local, pero “sin legitimidad de la comunidad que no fue ni informada ni consultada”, aseguró.

Las comunidades detallaron que las cancelaciones que se demandan son las concesiones mineras con clave de referencia: 229652, 231866, 231751, 231752, 231796, 231537, 231538, 191184, 235699, 235700, 235074, 230489, 230278, 238816, otorgadas por la Secretaría de Economía a las empresas: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Plata Panamericana S.A. de C.V., Continnun Resources México S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V., ya que aseguran, “violentan nuestro derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, al territorio y a la libre determinación reconocidos por el gobierno mexicano”.

Derivado de lo anterior, responsabilizaron a las autoridades federales, estatales, municipales y a las empresas ante “cualquier acción o represalia en contra de las asambleas o autoridades comunitarias que participamos en este proceso que a la luz de diversos tratados y convenios internacionales protegen la defensa del territorio”.

Uno de los convenios que son violentados por las empresas y el gobierno a través de la ausencia de consulta, es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre los derechos Indígenas y Tribales en Países Independientes ya que en el punto uno de su Artículo 6, inciso “a”, dice que: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;”.

Derivado de la defensa que estas comunidades han hecho de la tierra y el territorio ante los megaproyectos, denunciaron que se han perpetrado asesinatos, como los de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez, ultimados en enero y marzo de 2012, además han resultado personas heridas por armas de fuego, enfrentamientos y que “la contaminación ambiental continúan en completa impunidad”, acusan, en medio de la defensa de su territorio.

No se trata de un hecho aislado ya que parte de esta situación es revisada, documentada y sistematizada a través de 68 casos expuestos en el informe “México: Empresas y derechos Humanos”, publicado en agosto de este año, en el que más de 100 organizaciones, grupos, comunidades y academia, identificaron “patrones de violaciones y de abusos a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas de diferentes sectores, incluyendo el energético, el extractivo, la construcción, la agroindustria, la maquila, entre otros”.

Explican que: “la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos”, y agregan que en este tema también las reformas estructurales a las legislaciones energéticas y mineras: “han fomentado e impulsado un mayor número de proyectos mineros y energéticos en el país, con consecuencias negativas para los derechos humanos”, dicen, al aplicar el mismo principio de nula consulta y obstáculos a la población en torno a la información de los proyectos y sus impactos.

En este sentido, Marcos Arturo Leyva Madrid, Director de la organización civil Educa Oaxaca, quienes en esta entidad impulsan la democracia y el desarrollo en las comunidades, explicó a Desonformémonos, que las declaraciones hechas por Alejandro Murat, próximo gobernador del estado, plantean una situación “compleja y delicada”, ya que ha establecido una postura clara de apoyar a empresas y megaproyectos.

Declaraciones como: “Oaxaca necesita inversión”, o que “la presa Paso de la Reyna se construirá por que Oaxaca lo necesita”, establece, según Leyva, una postura que: “complejisa las luchas que las comunidades emprenden en defensa de su tierra y territorio”, esto puede ocurrir, agregó, “con el apoyo del empresario Gerardo Gutiérrez Candiani y de la gendarmería que ya tiene un lugar fijo en Oaxaca para, justamente, apoyar en el establecimiento de las empresas y sus megaproyectos”.