La negativa de Pluspetrol a firmar el reglamento de la Comisión Multisectorial que abordará la problemática social y ambiental de las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón, ha dejado en suspenso la conformación de las mesas de trabajo que elaborarán los planes que permitan mejorar la situación de la población en las cuatro cuencas.

El inicio de este nuevo capítulo en la lucha por el respeto de los derechos de las comunidades nativas se remonta al martes último.

Hasta la ciudad de Iquitos llegaron ese día el presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo Díaz, los titulares de las carteras del Ambiente y Energía y Minas, y otras autoridades también del Ejecutivo.

A esa ciudad llegaron también más de cincuenta apus o líderes indígenas y los representantes de Pluspetrol, empresa que opera desde los albores del nuevo siglo los lotes 1AB y 8, ambos superpuestos a zonas habitadas por nativos.

Cuando Pluspetrol asumió la responsabilidad de los dos lotes se comprometió a remediar los pasivos ambientales dejados por la primera empresa que los operaba.

Sin embargo, para los nativos esto no ocurrió. A los pasivos no tratados se sumaron los constantes derrames que cada vez eran más difíciles de ocultar. Tras batallar por más de dos años, los nativos lograron que el tema se visibilice.

El Estado peruano emitió entonces, el 31 de marzo de este año, la Resolución Suprema N° 119-2014-PCM que crea la Comisión Multisectorial ”Desarrollo de las Cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, del departamento de Loreto”.

Lo que debía seguir a la emisión de la resolución era la firma de su reglamento.

Cuando hace dos días, el 27 de mayo, el Estado, las federaciones indígenas y la empresa Pluspetrol debían firmarlo, esta última sorprendió a todos.

La empresa, sindicada por los nativos como la responsable de la contaminación en las cuatro cuencas, pidió que en el reglamento se incluyera un artículo que le daba facultad de veto. Eso significaba poder decirle no a todo aquello que no le parezca en el marco de los trabajos de la Comisión.

A partir de ese momento la tensión ganó espacio en el local del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana de Iquitos, sede del encuentro.

Los enfrentamientos verbales no tardaron en llegar y se produjeron entre los líderes indígenas y los representantes de la empresa. Lo mismo ocurrió entre estos últimos y la representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
La posición indígena

Si bien el derecho a veto en algún momento fue materia de debate, este quedó descartado en el proceso de elaboración del reglamento que se inició en abril.

Es por esto que para Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat), lo expuesto por Pluspetrol a último momento representa una falta de respeto a los pueblos indígenas y al trabajo que han venido desarrollando con el Estado.

Ayer, miércoles, la situación no mejoró. Los apus de las cuatro cuencas exigían a Pluspetrol definir su posición frente al reglamento, por tratarse de una cuestión de fondo.

“Pluspetrol tiene responsabilidad en la compensación, en la remediación y en la indemnización por los daños que ha causado”, afirmó al respecto un indignado Alfonso en diálogo hoy con Servindi.

Por tratarse de una mesa tripartita, era sustancial que la empresa tome una decisión para continuar con la etapa de conformación de mesas de trabajo.

Ante la negativa de Pluspetrol de firmar el reglamento, se buscaron otras salidas. Ninguna dio resultado. Los jefes de las cuatro cuencas anunciaban su retorno a las comunidades para informar lo ocurrido en la reunión.

En palabras del dirigente de la cuenca del Marañón, lo que sigue ahora es “un trabajo más articulado entre cuencas para que juntos podamos exigir a las empresas que nos respeten.”

“Somos los más interesados en que (el trabajo de la Comisión) avance, pero no por eso vamos a permitir que nos pongan condiciones las empresas y hacer lo que ellas nos digan”, agregó.

El argumento que esgrime la empresa es que el reglamento trabajado no le da voz ni voto, y que por eso evaluarán su participación en la Comisión.

Finalmente, la reunión se suspendió. El anuncio lo hizo Javier Aroca, de la Oficina de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Un Estado más fuerte

El rol de la PCM fue también materia de críticas. Según el comunicador Renato Pita, quien acompaña a las federaciones, la PCM en su afán de evitar que la reunión se frustre, pasó por alto la negativa a firmar de Pluspetrol.

Esto se vio, explicó Pita, cuando propuso que se prosiga con el diálogo y que la firma se recoja después. Aquello no fue bien recibido por los dirigentes nativos que vieron en esta propuesta un trato desigual.

“Los apus tenían la lectura de que si este acto se daba al inicio con la empresa y entraba con esta “corona” de ir a escuchar pero sin aceptar la reglas, esto se iba dar en adelante y esto iba entorpecer el desarrollo de la mesa”, afirmó Pita.

Los representantes de la PCM y los dirigentes nativos permanecieron en Iquitos hasta el mediodía de hoy, a la espera de un pronunciamiento de la empresa.

Lo cierto ahora es que ninguna acción podrá implementarse hasta que la empresa defina su posición.