El 15 de junio un operativo de la Patrulla Fronteriza descendió en las afueras de un pequeño pueblo en Arizona para llevar a cabo la captura de personas bajo sospecha de haber entrado a los Estados Unidos sin autorización migratoria. Parecía un ataque frontal a territorio enemigo —llegaron un helicóptero, 15 camionetas, dos vehículos todo-terreno y unos 30 agentes armados— en lo que testigos dijeron fue “una muestra de fuerza sin antecedentes”.

Pero el blanco del despliegue tan formidable no fue territorio enemigo, sino un pequeño campamento de ayuda humanitaria establecido para atender a seres humanos en graves condiciones médicas. El operativo incursionó en un proyecto de la organización No Más Muertes y se llevó a cuatro de sus pacientes.

La organización emitió un comunicado, señalando que “La obstrucción de la ayuda humanitaria es un abuso enorme por parte de una agencia de seguridad, una clara violación de las leyes internacionales humanitarias y una violación del acuerdo por escrito entre la organización y la Patrulla Fronteriza-Sección Tucsón.”

Visto en un mapa por satélite, la aldea de Arivaca, Arizona, donde ocurrió la redada, parece ubicada en medio de la nada. Y así es. Enclavada en el desierto de Sonora, es un puñado de edificios estilo Viejo Oeste, con pequeñas rancherías dispersas a sus afueras.

Arivaca tiene una población de 700 personas y un ritmo de vida notablemente desacelerado —un pueblo que no llamaría la atención si no fuera porque en los últimos años está en una zona de guerra, rodeado por fuerzas armadas.

“No hay manera de entrar o salir de Arivaca sin pasar por un retén,” explica Lisa Jacobson, residente y voluntaria de la organización local de ayuda humanitaria. A menos de 18 kilómetros de la frontera, Arivaca está en el corredor de migración que se formó desde 1994 cuando la Operación Guardián cerró el paso por las ciudades. Se ha convertido en un punto focal de la batalla en torno a la política migratoria de Estados Unidos, intensificada desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Aquí ciudadanas y ciudadanos, en organizaciones como No Más Muertes o en sus casas, han asumido la tarea de atender a las personas migrantes que pasan por el desierto. Ofrecen alimentos, agua, primeros auxilios y un lugar para descansar.

Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Poner en entredicho la sobrevivencia misma es parte intencional de la estrategia migratoria de EEUU desde hace años; el gobierno la llama “prevención por medio de la disuasión.”

Jacobson y otras personas que trabajan con las familias que llegan a Estados Unidos por esta parte de la frontera, la llaman “disuasión por medio de la muerte”. Las temperaturas en el desierto suben arriba de los 40 grados en los meses de verano, como el día de la redada. No Más Muertes reporta que 7,000 migrantes han perdido la vida en la zona fronteriza desde 1998 —ahí encuentran restos humanos uno de cada tres días.

“No importa de qué lado estés en el debate sobre la política migratoria, matar a seres humanos no es una forma legítima de control de migración,” destaca Jacobson. Su centro apoya a los residentes de Arivaca que reciben a migrantes en sus casas. En nuestra visita a Arivaca como parte de la Caravana contra el Miedo en abril de 2017, nos contaron que en algunos casos llegan demasiado tarde y mueren de insolación y deshidratación en sus salas.

Más “seguridad fronteriza” implica más muerte porque las personas migrantes tienen que caminar distancias adicionales y los polleros son más inescrupulosos, sabiendo que actúan con absoluta impunidad frente a la impotencia de la gente ante la ley. La criminalización de las víctimas es la perfecta cobertura para los criminales. Esto explica porqué siguen aumentando las muertes a pesar de una baja sensible en el número de cruces fronterizos.

Hay también un esfuerzo para “disuadir” a las personas y entidades que dan ayuda humanitaria o servicios básicos a migrantes. Unos días después de la redada en Arivaca, se presentó una iniciativa legislativa en el congreso para castigar a las ciudades y otras entidades “santuarias”, es decir, que no permiten que la migra interfiera en la provisión de servicios sociales en su comunidad sin orden judicial. El acta “No santuario para criminales”, aprobada el 29 de junio en la Cámara de Diputados, va al Senado y reduciría los fondos federales a esas entidades.

Trump celebró la ley con el lenguaje incendiario característico de su postura anti-inmigrante: “Las ciudades santuarias están soltando criminales violentos, incluyendo miembros de la sangrienta pandilla MS-13, a nuestras calles todos los días. Americanos inocentes están sufriendo violencia impensable como resultado de estas acciones temerarias de estas ciudades.”

No importa que toda la evidencia apunta a que la práctica de detener a personas que tienen contacto con servicios municipales en espera de una revisión migratoria inhibe reportar crímenes y aumenta la impunidad, ni el hecho de que los inmigrantes cometen crímenes violentos a una tasa muy por debajo de la población general. Grupos defensores de derechos prevén que si se aprueba en el Senado enfrentará múltiples demandas constitucionales y hasta los conservadores advertirían que viola el concepto de federalismo.

La tragedia humana de la migración por el desierto ha galvanizado a la comunidad, y no es la única. Los esfuerzos de defensa de la vida y de los derechos están proliferando en el suroeste de Estados Unidos.

Carlota Rey, habitante de Arivaca desde hace más de tres décadas, dice: “Mira, yo prefiero que una persona migrante —sea mujer, sea hombre, no importa— llega a mi casa, toca a mi puerta y yo le digo ‘pásale, ¿cómo te sientes?’, adentro de mi casa, sentado en mi silla, que muerto en el desierto… Yo no voy a parar de ayudar a esta gente.”

Arivaca es la españolización del nombre en Tohono O’odham —Aribac— que quiere decir “pequeños manantiales”. Estos actos de compasión son los pequeños manantiales que mantienen viva la solidaridad humana frente a las políticas inhumanas del gobierno.