“Mi hijo, Carlos Rafael Medina Martínez, fue detenidos en un retén policial llegando a Reynosa y desde hace 3 años y 4 meses no hemos tenido ninguna noticia de él. Por eso venimos a poner una denuncia, para que ojalá pongan el interés que nosotros como madres deseamos que encuentren a nuestros hijos”. Caía la tarde del miércoles 9 de Diciembre y en los alrededores de la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) se vivía el revuelo constante del centro del Distrito Federal a la hora que todos vuelven a casa.

Iris Martínez guardaba la calma y demostraba toda la fortaleza de una madre que busca para ponerle cara a las cámaras y responder a los periodistas. Es una de las doce integrantes de la caravana que entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves denunciaron formalmente ante la justicia mexicana la desaparición de sus seres queridos.

El proceso iniciado es la interposición de un acta ministerial, que es el punto de entrada al sistema judicial de México, para que haya un reconocimiento de que hay un desaparecido.

“Todos estos casos tienen indicios de que hubo participación del crimen organizado y que hubo colusión del Estado mexicano, por eso son los que estamos presentando. Si no tienen esos indicios, pertenecen al fuero común, pero no vale mucho la pena hacerlo, porque es un proceso lento y los familiares no pueden estar regresando a pelearse con las autoridades para que les empujen sus casos. Somos más eficientes nosotros en encontrar, hemos encontrado muchos más que los que ha encontrado las fiscalías. Entonces, nosotros vamos a seguir buscando. Pero en dónde vemos alguna grieta que nos permita avanzar la causa de que pongan más atención en lo que está pasando”, explica Marta Soler, referente del Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana de madres de Migrantes Desaparecidos, que en once años de recorridas por el territorio mexicano, lleva decenas de personas ubicadas.

“Un amigo que iba con Carlos, notificó a la compañera de mi hijo que vive en Houston que había sido detenido en un retén policial por no tener documentos. Si recién había sido deportado de Houston a Nuevo Laredo, significa que no andaba con papeles. Por eso lo detuvieron”.

El primer paso del proceso es la aplicación del procedimiento Ante Mortem (AM) que es un cuestionario, un protocolo, que indica información de las personas extraviadas o desaparecidas, en el cual se trata de recoger evidencias que permitan una posible identificación, como lunares, placas u otro indicio.

Jesús Robles Maloof es abogado especializado en Derechos Humanos y mediante el MMM está encargado de representar los doce casos. “Son doce que hemos identificados que tienen elementos suficientes para interponer una denuncia. El recibimiento fue adecuado y eso es importante en un país donde han sido desaparecidos sus hijos.” Explica que una vez que se termina el AM se procede a radicar la denuncia.

¿Cuáles son esos elementos que hacen que se pueda denunciar? “Primero que la última comunicación que tuvieron con sus familiares fue en territorio mexicano, segundo que en diez de los doce casos hubo extorsión o un indicio de violencia en el último tramo del contacto entre las familias y los desaparecidos. En otros dos no hay más que un último mensaje, desde el Estado de México y el otro desde Sonora, pero el argumento para presentarlo en estos casos aunque no haya indicios de violencia es que como migrantes centroamericanos en México sufren persecuciones. Entonces nos acogimos al “temor fundado” de las familias que aunque no recibieron información de que sus hijos fueron secuestrados o violentados tienen el temor fundado de por ser centroamericanos, hayan sufrido una agresión.”

¿Por qué si hay casos que llevan tres años como el de Carlos, recién se denuncian ahora? “La dificultad es que la hacemos en los consulados mexicanos y no tenemos eco. Los cónsules no están cumpliendo con su deber, están cuidando más que nada sus puestos de trabajo, y no están prestando atención. Somos madres centroamericanas, todas tenemos la misma queja. A excepción del cónsul de El Salvador que es quien está nos escuchando últimamente, los demás no tienen corazón a lo mejor, o no son padres, o no tienen una madre porque no se sensibilizan y dan respuesta a lo que estamos pidiendo.”

Lo que resulta imprescindible, explican tanto Sánchez como Robles Maloof, es la implementación del Mecanismo Trasnacional de Justicia, es decir, que en las embajadas mexicanas exista la posibilidad de que estas familias que hoy denuncian puedan seguir el trámite en las embajadas.

“Si de algo deben servir las embajadas es para hacer llegar justicia a esta gente tan humilde. El fiscal se sorprendía y preguntaba ¿cómo desde el 2009 que fue la desaparición no han interpuesto una denuncia? Una de las mamás le dijo: ¡Es que ni siquiera me dejan entrar en su país!” relató el abogado, que mientras eso no sucede quedó acreditado en el expediente para recibir información sobre el avance de las investigaciones. “Algunas personas serán citadas a través de exhortos a comparecer en Estados unidos, familiares que atestiguaron los hechos o amigos que vieron en el último tramo a los migrantes, testificarán en ese país. Es lo que vamos a buscar. De entrada seré yo como su representante pero buscaremos que sea a través de las embajadas”.

¿Confían en que las investigaciones oficiales funcionen? Iris responde: “Lo último que podemos perder es la fé. Buscarlos es una responsabilidad de las autoridades de México porque aquí se perdieron. Si fuera otro país donde ellos se perdieron ahí anduviéramos, pero fue exactamente acá y tenemos evidencia de que así fue. Al gobierno mexicano y a la ciudadanía les pedimos que colaboren, que recuerden que ellos también tienen hijos. Esperamos que ese grado de sensibilidad pueda despertarse en ellos, que somos madres las que andamos buscando a nuestros hijos. Un hijo no es cualquier cosa. Son una parte de nuestra vida y nos duele mucho saber que tenemos tres, ocho, diez, quince años y más sin saber de ellos. ¿Qué harían ellos si esto les pasara?”