La autonomía de los Municipios, expresada en el derecho de la población a elegir de manera libre y democrática a sus autoridades —alcaldes y concejales—, la posibilidad de dotarse de sus propios recursos mediante impuestos locales y tomar sus propias decisiones en las materias descentralizadas establecidas en la Constitución y la Ley, ha sido vista en distintos continentes como un avance en la línea de la Democracia Participativa.

Si lo anterior es complementado con la apertura de espacios para la participación popular (cabildos, discusión participativa del Presupuesto Municipal, consultas ciudadanas vinculantes sobre recursos naturales y derechos de comunidades indígenas, deliberación sobre obras de carácter nacional, entre otros), como se ha logrado en varios países, se puede afirmar que se avanza en la dirección acertada para construir Poder Popular. Esto lo han reivindicado los zapatistas, por ejemplo, con los Caracoles y Juntas de Buen Gobierno.

En Nicaragua, el parteaguas de la Revolución de 1979 introdujo la Autonomía Municipal, reformada durante los gobiernos conservadores y liberales (1990-2006), con enmiendas a la Constitución para optar a cargos electivos locales mediante Suscripción Popular, es decir, sin necesidad de adscribirse a ningún partido político. Luego, mediante luchas organizadas, se obtuvieron importantes instrumentos jurídicos, como la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua (2003) y la Ley de Participación Ciudadana (2003), que vigorizaron el desarrollo del Poder Local y organizaciones populares territoriales.

Al llegar al poder en 2007, Ortega y Murillo implementaron un plan para destruir todo lo avanzado y sustituirlo por mecanismos de carácter partidario, como los Concejos de Poder Ciudadano (CPC), Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS) y luego los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida (2013). Lejos de los postulados pregonados, estos mecanismos han sido convertidos en vehículos de asistencialismo y control en comunidades y vecindarios, llegando al extremo de hacer labores de vigilancia, denuncia de opositores y funciones represivas.

Desde las elecciones municipales de 2008, en las que los partidos del Pacto (FSLN y PLC) inhabilitaron de manera ilegal al partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y despojaron a un líder opositor de su partido (Alianza Liberal Nicaragüense, ALN), fue documentado un descarado fraude electoral, con el cual el FSLN se apropió del gobierno municipal de la capital del país y otras ciudades importantes.

Veamos el proceso: En 1990, de los 131 municipios en que hubo elecciones, la UNO ganó en 101 y el FSLN en 30. En 1996, aumentó el número de municipios a 145. Los liberales ganaron 92 alcaldías y el FSLN 51. El MRS 1 y en Potosí una Asociación de suscripción Popular.

En 2000, por primera fueron realizadas elecciones municipales separadas de las elecciones nacionales. Con el pacto, el PLC y el FSLN eliminaron la Suscripción Popular, inhibiendo a candidatos con mucho respaldo y, con alta abstención, el PLC ganó en 94 municipalidades, pero perdió la capital y otras cabeceras. El FSLN triunfó en Managua con Herty Lewites —fundador del MRS— y mantuvo los 51 municipios que tenía. Sin embargo, su victoria en 11 de las 17 cabeceras departamentales, fue un incremento cualitativo.

En 2004, en alianza con liberales, conservadores, socialcristianos, resistencia, evangélicos y renovadores, el FSLN ganó en 87 de los 152 municipios. El PLC en 57; el APRE obtuvo 4 y emergió el partido indígena YATAMA, con 3 alcaldías (incluida la de Bilwi) y el Partido de la Resistencia con su victoria en Río Blanco.

Los resultados exitosos del FSLN fueron atribuidos a su política de alianzas. “De los 87 alcaldes electos por el FSLN, 17 provienen de sus aliados: 2 conservadores, 2 liberales, 3 Resistencia, 3 MRS, 1 del MUC (evangélicos), 1 socialcristiano y 5 independientes. De los vicealcaldes de la Convergencia, que ganaron “en yunta” con un alcalde del FSLN: 28 son liberales, 9 conservadores, 3 Resistencia, 9 MRS, 14 del MUC, 1 socialcristiano y 16 independientes”.

En 2008, ya en control total del Consejo Supremo Electoral (CSE), Ortega inició las tropelías de los fraudes electorales a nivel nacional (2011, 2016, 2021) y municipal (2012 y 2016), llegando a su punto culminante en noviembre del 2022, cuando el FSLN prácticamente concurrió sólo a los comicios y, en medio de una abstención superior al 80%, se declaró vencedor en los 153 municipios del país.

En una parte importante de estos municipios, los alcaldes y gran parte de los concejales, fueron reelectos hasta por tercera vez consecutiva. El congelamiento en sus cargos de funcionarios de elección, provocó muchas molestias en las filas del FSLN, cuyos afiliados ven bloqueadas sus aspiraciones, sin posibilidad que haya ningún tipo de relevos.

Está documentado que en 2018 muchos alcaldes dirigieron fuerzas paramilitares que dispararon contra jóvenes y población sublevada y desarmada, convirtiendo los locales de las alcaldías en centros de detención y tortura. Así, la auto asignación y el control del 100% de las municipalidades, forman parte del tinglado represivo que necesitan para mantenerse en el poder.

Los Concejos Municipales no desempeñan ninguna función, pues desde arriba deciden qué obras y acciones tienen que ejecutar las autoridades locales, las cuales actúan en función de las prioridades establecidas para garantizarse el control sobre la gente.

Además, el CSE (controlado por Ortega y Murillo), infló los resultados de partidos de mentira —cajas huecas en la coreografía del fraude— para pagar sus servicios. La recién reformada legislación permite financiar las campañas electorales de los partidos con el 1% del Presupuesto de la República. En las elecciones del 2022, representó el equivalente a 23.04 millones de dólares, sin hacer ningún mitin, campaña o asamblea, ni poner un cartel de propaganda. En esta farsa, Ortega se alzó 17.4 millones de dólares y repartió el resto entre sus compinches.

Desde junio del 2021, todos los precandidatos a la presidencia, líderes de fuerzas políticas, comentaristas, periodistas, liderazgos juveniles y campesinos, fueron capturados y están prisioneros en condiciones de brutal aislamiento. A la fecha, se registran más de 220 presos políticos y, previo a las elecciones municipales, más de 30 personas fueron secuestradas en sus casas, de ellas, más de 20 aún no han sido presentadas ni acusadas. En Bilwi, Puerto Cabezas, misquitos y población negra protestaron por el robo descarado en Waspam y otros municipios, donde aseguran que ganó el partido regional YATAMA.

Con este nuevo fraude electoral, la dictadura Ortega y Murillo, desafiando a la comunidad internacional y la gran mayoría de nicaragüenses —que repudian al régimen pero que no pueden manifestarse ni participar electoralmente—, mostró una vez más su decisión de atornillarse en todos los poderes. Los presos y presas de conciencia, incluidos sacerdotes y un obispo; el cierre de todos los espacios y libertades; los miles de nicaragüenses perseguidos que han tenido que exiliarse; y las casi 3.000 organizaciones clausuradas, demuestran de manera fehaciente la voluntad del régimen de mantenerse a fuego y plomo en el poder.

Es pues, inmenso el desafío de construir contrapoder —comenzando desde abajo y a la izquierda—, como dicen los zapatistas.