México, 11 de diciembre de 2014. “Las dos estudiantes desaparecieron antes de que las asesinaran. ¿Por qué no investigaron las autoridades, sino hasta que aparecieron sus cuerpos?”, cuestiona la abogada Karla Micheel Salas Rodríguez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sobre los casos de Anayeli Bautista Tecpa y Edith Gutiérrez, universitarias que fueron “levantadas” y asesinadas en la capital del país en menos de una semana. Para la defensora, las autoridades decidieron no cumplir con las obligaciones que tienen para con las mujeres de la capital, y prefieren disfrazar las cifras de feminicidios.

El Distrito Federal está entre los cinco primeros lugares en feminicidios en México. “Siempre ha sido un foco rojo”, explica la también abogada de las asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal insiste en que las cifras de este delito disminuyen, pero el fenómeno se debe a errores en la tipificación, aclara Salas Rodríguez. “Los clasifican como homicidios, aún cuando existe un protocolo que obliga a que las muertes violentas se investiguen en principio como feminicidios. Creen que minimizándolo van a evitar el problema”.

Karla Micheel Salas, quien es parte del equipo jurídico que le ganó al Estado mexicano el caso de los feminicidios del Campo Algodonero en Ciudad Juárez ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH), detalla que el grupo más vulnerable dentro de las mujeres son las jóvenes de entre 15 y 30 años –rango al que pertenecen las jóvenes asesinadas en esta semana, quienes fueron tiradas en la vía pública-; en segundo lugar, “las bebés de cero a cinco años”; y en tercer lugar, las mujeres de más de 60 años. Los feminicidios de de Anayeli Bautista Tecpa y Edith Gutiérrez no se pueden descontextualizar de una situación donde los jóvenes son criminalizados y carecen de oportunidades, remarca la presidenta de la ANAD.

La mañana de este jueves fue localizado el cuerpo de Edith Gutiérrez, de 22 años de edad. en calles de la delegación Iztapalapa. Su búsqueda empezó luego de que salió de su casa ayer por la mañana y no regresó. La Procuraduría capitalina informó que el cuerpo fue localizado «sin lesiones físicas»; sin embargo, la Asamblea del ESCA Santo Tomás  indicó que el cadáver tenía «signos de tortura, estrangulamiento y asfixia».El Ministerio Público inició la averiguación previa por el delito de homicidio.

ayer se confirmó el asesinato de Anayeli Bautista Tecpa, de 23 años, estudiante de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México; la joven fue hallada el 7 de diciembre en una zona boscosa del Ajusco, al sur de la ciudad, con un balazo en la cabeza, después de haber sido plagiada aproximadamente dos semanas antes.

En el Distrito Federal –que en algún tiempo fue considerado por las feministas como “la Ciudad de las Mujeres”, por los avances en los hechos conseguidos en cuanto a sus derechos-, “se ha avanzado en la legislación pero las autoridades no aplican los protocolos de investigación” y no hay todavía estadísticas diferenciadas de los crímenes que permitan su mejor análisis, sostiene la abogada. “No hay políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, y no se cumple con la obligación de promover nuestros derechos”, agrega.

Karla Micheel Salas recuerda que el feminicidio se configura no solamente cuando de asesina a una mujer, sino por el tipo de violencia: violencia sexual, estar previamente en cautiverio, ser torturada o mutilada de forma infamante o degradante, “hacerla sufrir una muerte lenta, o que quiera hacer desaparecer todo rasgo de humanidad”, entre otras. “Más allá del número de muertes, se trata de la crueldad y de tener la intención de hacerlo porque la víctima sea mujer”, detalla.

Lamentablemente, señala Salas Rodríguez, en la actual administración capitalina hay retrocesos para los derechos de las mujeres, como en el caso de Yakiri Rubio, la joven que fue encarcelada por homicidio por defenderse del hombre que intentó violarla. Además, ejemplifica, no hay resultados del atentado sufrido por la activista juarense Norma Andrade hace más de dos años.

“Este gobierno decidió no cumplir sus obligaciones con los derechos humanos de las mujeres, ganados por el movimiento feminista. Hay olvido, no se asigna presupuesto, se intentan desaparecer programas…No somos una prioridad para ellos”, finaliza.