Los poderes fácticos de Guatemala -que se sirvieron del genocidio para perpetuar el modelo económico del que se benefician- lograron que la histórica sentencia por genocidio contra el exdictador José Efraín Ríos Montt quedara sin efecto. El juicio debe repetirse a partir de las actuaciones del 19 de abril y los abogados defensores interponen más recursos.

La Corte de Constitucionalidad dio a  conocer la resolución del recurso de queja planteado por José Efraín Ríos Montt contra la sala tercera de la corte de apelaciones de la sala penal. El secretario adjunto Yovani Salguero dio lectura  a la parte resolutiva, que  favoreció a  Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad.

La resolución dejó sin efecto la sentencia de 80 años de prisión inconmutables -dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, el 10 de mayo del 2013- y ordenó regresar el proceso del juicio a  la fecha del 19 de abril de 2013, dejando sin efecto todo lo actuado después de esta fecha.   La corte de constitucionalidad argumentó que durante el juicio no observaron el cumplimiento del debido proceso.

De esta manera se faltó al respeto a la memoria de más de mil 770 víctimas ixiles en Nebaj, Cotzal y Chajul, de Quiché.

Los magistrados que resolvieron a favor fueron: Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre. Dentro de la resolución existieron dos votos en contra, los de Gloria Patricia Porras Escobar, Mauro Róderico Chacón Corado.

Un aspecto a resaltar es que el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad deberá seguir en el tribunal de mayor riesgo A, presidido por la jueza Jazmín Barrios. La Corte de Constitucionalidad enfatizó que esto podría cambiar dependiendo de la de las recusaciones interpuestas por la defensa del acusado contra dos de los integrantes del Tribunal.

Aún quedan una serie de amparos legales que la Corte de Constitucionalidad tendrá que resolver; sin embargo, esta decisión -influenciada por los intereses políticos y económicos de los magistrados que votaron a favor del genocidio- quedará marcada  en la historia de la impunidad de Guatemala.

Las presiones realizadas por militares, empresarios (CACIF)  y el mismo presidente de la República, Otto Pérez Molina, al negar el genocidio en el país, tuvieron sus efectos en la resolución de la Corte de Constitucionalidad  que mostró al pueblo de Guatemala y al mundo cómo la  impunidad prevalece y opera mediante los poderes tradicionales que despojan, persiguen, empobrecen  y  criminalizan a la población.

No es casual entonces que frente a la condena del genocida Ríos Montt y la sentencia histórica por genocidio, salten las voces más feroces del sector oligárquico de este país. Hay que recordarles que el genocidio es una práctica histórica que ellos y sus ancestros han  realizado para mantener el modelo económico al que sirven y del que se benefician. [1]

A pesar de ello, los testimonios de los y las sobrevivientes permanecerán en los oídos y el corazón  del mundo, ya que son la verdad y la justicia de los pueblos quienes juzgaron a un genocida que hoy se esconde detrás de las instancias fallidas del Estado guatemalteco.