Murcia, España. Es bien sabido que Melilla y Ceuta, las ciudades bajo soberanía española en el norte de Marruecos, han pasado a constituir una de las fronteras europeas terrestres más singulares y calientes. Están situadas en territorio africano y ni siquiera están reconocidas oficialmente por Marruecos, que las considera colonias en su territorio. Incorporadas a la soberanía española, desde 1497 y 1688, respectivamente, pasan a ser fronteras europeas en 1986 con la entrada de España en la Unión Europea. En esos tiempos la frontera no estaba especialmente controlada, todavía no existía la alarma sobre la inmigración irregular. Pero en 1995, ante varios intentos colectivos de entrada, el Ejército español instaló unas nuevas vallas fronterizas, que cercan su territorio para impedirlos. Esas vallas constituyen todo un conjunto de metáforas del territorio fronterizo. Frontera entre España y Marruecos, antiguo colonizador y antiguo colonizado; frontera entre cristianismo e islam; entre la Unión Europa y África, es decir,  el norte opulento y uno de los varios territorios de un sur empobrecido. Estamos ante una de las fronteras económicas más desiguales del mundo: la renta por persona entre España y Marruecos se multiplica por diez veces; entre Europa y África, lo hace veintidós veces. Recordemos que la diferencia entre Estados Unidos y México es «solo» cinco veces mayor.

El estatus fronterizo de las dos ciudades representa una situación singular en el conjunto del territorio fronterizo Schengen, porque está diseñado para favorecer y garantizar el tráfico legal e ilegal de mercancías y, al tiempo, controlar selectivamente los movimientos de población. Los europeos pueden pasar al otro lado con un simple pasaporte; los africanos necesitan un visado previo, con una única excepción: es el único punto fronterizo donde sólo los habitantes de las ciudades marroquíes de Nador y Tetuán pueden entrar en territorio europeo sin visado por un día, para permitir y favorecer el comercio irregular entre los dos puertos francos y el territorio marroquí. Diariamente, cerca de cuarenta mil personas, especialmente mujeres marroquíes,  están inmersas en el tránsito constante de un país al otro transportando las mercancías que puedan sobre sus espaldas. Son las llamadas «mulas». El comercio transfronterizo informal ha constituido desde hace décadas un importante pilar de sustento para la economía de ambas ciudades y del norte de Marruecos, donde se calcula que, directa e indirectamente, hasta 400 mil personas viven de esta actividad. España y Marruecos están muy interesadas en mantener este flujo comercial, ilegal pero tolerado, al tiempo que colaboran cada vez más en el control de las fronteras terrestres para todos las personas que intentan llegar a Europa de la única forma posible para ellas: atravesando las vallas que les conceden las esperanzas de conseguir pisar territorio europeo.

Hasta 2005, la vía mayoritaria de inmigración africana hacia Europa eran las pateras que alcanzaban las costas andaluzas desde Marruecos, o las de las Islas Canarias desde el Sahara Occidental, bajo control también marroquí. La mejora de las relaciones diplomáticas entre el gobierno socialista de España y Marruecos garantizó el cierre práctico de sus costas, lo que junto a la progresiva extensión del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE[i] desde 2004 en toda la costa andaluza y en 2005 en las Canarias, causó una especie de cuello de botella para los inmigrantes irregulares que empezaron a probar suerte en mayor número en las vallas de Ceuta y Melilla. El cierre del SIVE ha permitido una bajada de llegada en pateras de más del 90 por ciento, de 39 mil en 2006 a sólo 3 mil 800 en 2012.

La frontera hispanomarroquí es una de las más vigiladas del mundo. Ceuta tiene un perímetro fronterizo de ocho kilómetros, y Melilla, de poco más de diez. Hasta 2005, las vallas exteriores tenían una altura de 3,5 metros, mientras que las interiores alcanzaban  ya los 6 metros.  Ambas vallas estaban coronadas con una concertina de alambre cortante, que producían profundas heridas al intentar saltar. Una carretera entre las dos vallas permitía la circulación de las patrullas fronterizas. El sistema de control consistía en más de cien videocámaras, cables microfónicos y dispositivos de vigilancia infrarroja. Las patrullas fronterizas en ambas fronteras  estaban constituidas por más de mil policías y guardias civiles.   Las condiciones orográficas y su mayor cercanía a la frontera  argelina hacen que la frontera de Melilla sea el terreno más favorable para intentar entrar en territorio europeo.

Según la ley española, los inmigrantes africanos o asiáticos que consiguen llegar a suelo español no pueden ser devueltos directamente a Marruecos, como ocurre con marroquíes o argelinos, y les son de aplicación la legislación española y europea sobre inmigración irregular, lo que obliga a la administración española a ingresarlos en los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes). A diferencia de lo que ocurre en los CIE en España, dónde los inmigrantes están detenidos hasta su expulsión, estos centro son abiertos y en ellos los «sin papeles» recién llegados reciben ropa, asistencia sanitaria, lecciones de español, comida y alojamiento, entre otros servicios de integración, a la espera de que se resuelvan sus demandas de asilo, algo que a la gran mayoría se les deniega. Entran en un limbo que puede durar varios años, a la espera de poder ser traslados a la península. En 2013, el CETI sigue desbordado con 853 personas, cuando su capacidad es de 480, una cifra similar a la de 2005. Todo ello ha sido denunciado en muchas ocasiones por las asociaciones de apoyo, como APDHA, Prodein, Médicos sin Fronetras o Andalucía Acoge que desarrollan una encomiable labor de apoyo a uno y otro lado de las vallas. También aparecen críticas a la situación de estos centros en los informes anuales del Defensor del Pueblo español.

El casi práctico cierre de la vía marítima de las pateras por la acción creciente del SIVE y el Frontex es la causa directa del aumento de la presión sobre las fronteras melillense y ceutí, dónde se concentraron miles en campamentos en los cercanos montes marroquíes en 2005. Por primera vez, entre agosto y noviembre de ese año, se intentó, con ayuda de escaleras artesanales, saltar las verjas en grupos muy numerosos,  de varios centenares de personas a la vez. A finales de agosto, dos inmigrantes murieron en uno de ellos a causa de disparos de la Guardia Civil española, que también devolvía irregularmente a decenas de ellos a territorio marroquí. Había que blindar la frontera. En septiembre, el Ejército español tuvo que intervenir directamente en el control fronterizo. La represión que desató en noviembre el gobierno de Rabat no tiene precedentes: los disparos de sus agentes policiales ocasionaron la muerte de al menos catorce inmigrantes y decenas de heridos. En las tres semanas siguientes sus fuerzas de seguridad detuvieron a más de 4 mil subsaharianos en los alrededores de Ceuta y Melilla, pero también en las grandes ciudades donde se ocultaban.  Las personas detenidas fueron deportadas hacia las fronteras del desierto saharaui y abandonadas allí.

El escándalo en España fue enorme, mientras el gobierno y la prensa llegaron a hablar de asaltos masivos planeados de forma militar. A esa militarización del discurso público le siguió una mayor militarización de la frontera. Por ello se volvía a reforzar las vallas en el espacio intermedio con una triple barrera, de mayor altura y con mayores sistemas de seguridad.  Con un presupuesto de 20 millones de euros, está dotada con aspersores de gas lacrimógeno, cámaras de vigilancia y sensores de sonido, de movimiento y térmicos. El conjunto está pensado como un sistema de alarma temprana que alerta a la Guardia Civil sobre la aproximación de personas a dos kilómetros de la frontera. Prevista inicialmente para ambas ciudades, sólo se instaló completamente en Melilla. Mientras, al otro lado, y con financiación de la UE, el ejército marroquí? ha establecido numerosos puestos de vigilancia y campamentos militares.

Regularmente, las fuerzas marroquíes realizan redadas y expulsiones sumarias a la frontera argelina de Oujda. Una vez allí, muchos de los inmigrantes, vuelven a desandar lo andado hasta Melilla. Fruto de estas medidas, durante varios años la presión en las vallas disminuyó, de modo que si en 2005 fueron 5 mil 566 las personas que consiguieron atravesar los perímetros fronterizos, en 2012 sólo lo consiguieran 2 mil 841, un 43 por ciento menos.  A pesar de ello, suponen el 42 por ciento de las entradas ilegales en España: en pateras y embarcaciones a todas las costas españolas lo consiguieron otras 3 mil 800 en 2012 (sobre 2006, supone una reducción del 90 ciento).  Se trata de una reducción global de un 30 por ciento sobre el año anterior, mientras que en la UE la bajada ha sido de la mitad.[ii] El blindaje de las fronteras está funcionando y aumentando las muertes y el sufrimiento de los inmigrantes.

A Melilla, por ejemplo, llegaron el año pasado 262 subsaharianos más que en 2011, siendo la única frontera que registró un aumento del acceso ilegal a España,  “el punto fronterizo más conflictivo” según el ministerio de Interior español. Porque los clandestinos siguen intentando entrar en los enclaves norteafricanos, variando los sistemas, con grupos más reducidos por tierra o intentándolo a nado bordeando la costa, con la ayuda de motos acuáticas, u ocultos en dobles fondos de vehículos.

En 2013 la situación en Melilla se ha vuelto más caliente, si cabe. El gobierno español ha destacado dos compañías de los GRS (grupos especiales de la Guardia Civil especializada en «control de masas» y antidisturbios) y reforzado el dispositivo con un helicóptero permanente, ante la constancia de que en el monte Gurugú se vuelven a concentrar grupos de varios centenares de aspirantes al salto.  En marzo, varios intentos ya se han saldado con más de veinte inmigrantes y dos guardias españoles heridos. Otra modalidad ha sido el intento en abril de un grupo de veinte inmigrantes que intentaron atravesar la frontera lanzando sus coches contra las barreras fronterizas. Ese intento se saldó con la devolución inmediata y «de facto» de los implicados a Marruecos y, lo que es peor, reclamaciones del Presidente de Melilla, Juan José Imbroda, de reformar la ley de extranjería para devolver automáticamente a Marruecos a todos los que intenten entrar en la ciudad de forma «violenta». Esa petición pretende «legalizar» lo que, según las asociaciones civiles de la zona, es una práctica habitual últimamente: barcos con inmigrantes que son devueltos directamente a las playas marroquíes, donde les espera su policía y la deportación a Oujda.

Lo mismo les sucedió a otro grupo que lo intentó con otra modalidad: desembarcar en alguno de los islotes de soberanía española cercanos a Melilla. Un grupo de 71 lo intentó en el islote de Tierra en septiembre de 2012. Todos fueron entregados directamente a la policía marroquí y en febrero de 2013 la Defensora del Pueblo español ha denunciado, a instancias de las ONGs, que se vulneró la ley y no se respetaron los derechos previstos en España para los inmigrantes. Debían haber sido puestos a disposición de la Policía e iniciar un procedimiento con garantías legales de devolución a la policía marroquí. La Defensora del Pueblo ha abierto en marzo otra investigación por hechos similares por denuncias de dos asociaciones, la melillense Prodein y Caminando Fronteras con sede en Tánger (Marruecos). Además es de destacar la preocupación de la Defensora del Pueblo por el maltrato posterior que la policía marroquí infringe a los inmigrantes, como es sabido por numerosos testimonios y denuncias anteriores, lo que harían ilegales estas prácticas de devolución si se debe atender a la ley española y los acuerdos europeos sobre inmigración.

Pero en cuestión de derechos humanos reconocidos, la legislación, una vez más, es papel mojado. Como muestra, un solo botón.  El propio  Comité contra la Tortura de la ONU ha admitido el pasado 8 de abril una denuncia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) contra Marruecos por deportar, en diciembre de 2006, a  un grupo de 248 subsaharianos, de los cuales 42 ya habían sido reconocidos como refugiados por el Alto Comisariado de las Naciones Unidas (ACNUR). Los detuvieron en una casa particular en Rabat, les rompieron la documentación  y, entre malos tratos documentados, fueron trasladados a la frontera con Argelia, donde fueron abandonados en pleno desierto, sin protección, sin ropa de abrigo ni alimentos y les amenazaron con ser disparados si intentaban volver a Marruecos. Esa es la práctica habitual en Marruecos.

A mediados de abril, otro incidente ha elevado la tensión y el debate. Por primera vez los inmigrantes a bordo de una patera respondieron con cuchillos y palos a la dotación de guardias civiles que intentaban impedir que llegaran a la playa melillense. Esta vez, seis guardias civiles resultaron heridos y la mayoría de los inmigrantes consiguieron su propósito. Las autoridades han destacado que esta violencia es un hecho insólito y preocupante que, sumado a los incidentes en los puestos o las vallas de los últimos meses, ha reforzando las posiciones que defienden legalizar, modificando la ley vigente, lo que ya se está haciendo de facto: la posibilidad de devolver a todos los inmigrantes que intenten atravesar la frontera. Resultaría una muy mala noticia para los miles de inmigrante procedentes del África subsahariana, de India o Pakistán, que aspiran a pisar suelo melillense y europeo y confiar en que será tratado de otra manera. Sobre todo después de unos viajes migratorios que duran varios años y cuyos detalles pueden nutrir toda una galería de los horrores.

Porque, a pesar de la brutal crisis económica que atraviesa España y otros países europeos, la aventura migratoria no cede, aunque aumenten las dificultades. De llevarse a cabo estas modificaciones legales, estas personas quedarán atrapadas, más aún, en Marruecos, a sólo unos pocos kilómetros de sus esperanzas y deseos.

Publicado el 29 de abril de 2013