Fronteras Abiertas

Laura Carlsen

Los desaparecidos extraordinarios

Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe preliminar sobre la “grave crisis de derechos humanos” en el país, el gobierno mexicano respondió airado, que el informe “no refleja la situación del país”. Además, el subSecretario de Derechos Humanos Roberto Campo Ciprián, aseveró que la desaparición forzada masiva de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, caso mundialmente conocido, es “un caso absolutamente extraordinario.”

¿En qué país viven nuestros gobernantes? Según cifras oficiales, el número de personas desaparecidas está entre 23 y 27 mil, aunque sus propias estadísticas se contradicen entre sí sobre el número exacto. Incluyen casos notorios de desapariciones de 20, 40 y más personas de un solo golpe. En agosto del año pasado los medios reportaron la desaparición de por lo menos 20 personas en San Antonio Coyahuacan, Guerrero. En Allende, Coahuila el alcalde informó que fueron 300 residentes levantados en el 2011 por policías y comandos del crimen organizado en un supuesto acto de venganza por una traición entre sus miembros. El gobierno dice que fueron sólo 28 los casos comprobados.

La vida es tan insignificante en los tiempos de “la guerra contra el narcotráfico” que nadie busca averiguar la razón de versiones claramente dispares. Ni tampoco a encontrar e identificar los cadáveres de todos los desaparecidos, pese a que la gente dice que los restos siguen allí.

Lamentablemente, la desaparición y la desaparición forzada (con participación de elementos del Estado), se han vuelto eventos ordinarios, casi cotidianos, en muchas partes del país. El grupo de “los otros desaparecidos” de Guerrero comprueba el hecho en sus salidas cada domingos donde han encontrado –solos y sin el apoyo de las fuerzas de seguridad que ocupan la zona– restos de más de 130 personas “sembrados” en las colinas alrededor de Iguala.

Un informe reciente de Amnistía Internacional (AI) documenta que ahora el estado de Chihuahua vive “una epidemia” en desapariciones. Después de ser el ejemplo de la violencia desatada y el laboratorio de los esfuerzos federales militarizados en conjunto con los Estados Unidos, el estado y en particular la frontera, vio una disminución en el conflicto abierto en los últimos años. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, la tasa de homicidios bajó de ser la más alta del mundo en Ciudad Juárez, a tener solo 26 asesinatos por cada 100,000 habitantes a nivel estatal el año pasado comparado con 229 en 2010.

AI registra 1,698 desapariciones en Chihuahua desde el 2006, con 351 sólo en Ciudad Cuauhtémoc. El fenómeno de una aparente baja en los homicidios acompañado por un alza en las desapariciones, muchas de ellas forzadas, no es nuevo. A pesar de la imposibilidad de tener cifras fidedignas, en la guerra civil colombiana cuando el número de bajas subía a 28,534 en 2002 hasta llamar la atención internacionalmente, cambió el modus operandi. El estado y los paramilitares empezaron a ocultar cadáveres sistemáticamente para no seguir inflando la tasa de homicidios.

Entre 2002 y 2008, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, se presentaron 24,048 casos de desapariciones por diversas causas. Esta cifra corresponden al 36% del total de desapariciones registradas de 1938 al 2013 de un total de 66,437.

Es decir, estamos frente a la desaparición como política de Estado. Tanto el gobierno de Peña Nieto como su aliado en Washington han financiado la asesoría colombiana en México en cuestiones de “seguridad”. Hay que plantear la pregunta de ¿Qué se está enseñando? Si los resultados son la multiplicación de tragedias, personales y sociales, día tras día en nuestras ciudades y comunidades.

El informe del Grupo de Expertos sobre Ayotzinapa advierte, “La desaparición forzada de personas es una estrategia para borrar las huellas del crimen, extendiendo la confusión y la ambigüedad como una forma de evitar la investigación, el conocimiento de los hechos y sustraer a las víctimas de la protección legal, además de ser llevada a cabo por agentes del Estado o por particulares con su apoyo o aquiescencia, y extiende el terror de sufrir el mismo destino, hacia todos aquellos que pueden identificarse con las víctimas.”

La ventaja de un desaparecido para un grupo criminal o un estado criminal es que sea invisible. Su muerte no cuenta como muerte, aunque su vida en muchos casos es ya solo un recuerdo.

Pero los que creen que la memoria no tiene fuerza, subestiman el espíritu humano. No saben calcular el amor de una madre por sus hijos, de un hermano por su hermano, de una hija por su madre. Por todo el país, han surgido grupos de víctimas que ya no se quedan con este papel. Desde el dolor de su pérdida, están forjando un nuevo movimiento transformador desde lo más esencial: la búsqueda de sus seres queridos.

Esta búsqueda los ha llevado a unirse y levantar sus voces frente un estado que no quiere ni verlos. Los ha llevado a enfrentarse con asesinos, a veces a solas y a pasar por oficinas gubernamentales donde despachan los representantes de los criminales. Al ver la cruel indiferencia o la cínica complicidad de los funcionarios, los ha llevado a las montañas y a los desiertos, con pico y pala, a buscar con sus propias manos.

Gracias a ellos y ellas, las personas desaparecidas están cada vez más presentes en nuestra sociedad, menos olvidadas. Lo realmente extraordinario es la capacidad de lucha de sus familias. Persisten, insisten; se enfermen, y tristemente algunos se mueren, sin poder saludar –o enterrar– a sus parientes. Son un ejemplo de valor y civismo para todo el país.

En un estado de derecho, la desaparición de personas debería ser un hecho extraordinario, aborrecible, totalmente inaceptable –o más bien–, no debe de suceder jamás. En México, no es así.

Pero mientras se normaliza la violencia, para las familias de los desaparecidos el lugar ausente en la mesa jamás será normal u ordinario. Y, con sus esfuerzos extraordinarios, seguirán buscando “hasta encontrarte”.

Una Respuesta a “Victoria Esperanza Salazar no debió morir”

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