Mauricio Macri lleva una marca de clase tatuada en la frente. Hijo de un magnate, su aparición como personaje mediático sucedió en ancas de un club de fútbol: Boca Juniors, del que fue presidente, gerente y mecenas. De ahí, el salto a la arena de la política partidaria fue casi mecánico. Ganó la gobernación de la ciudad de Buenos Aires. Su gestión fue esencialmente represiva.

Creó la policía metropolitana, engordando el aparato represivo (6 mil agentes) que, a su vez, fue puesto a trabajar en coordinación con la policía federal. En conjunto protagonizaron los tres episodios más sangrientos de los últimos cinco años: tres personas muertas en el desalojo del Parque Indoamericano, el 7 de diciembre de 2010, que había sido tomado por cientos de familias migrantes, haciendo visible la crisis en el acceso a la vivienda que enfrenta la ciudad capital; la represión en el Hospital Borda, el 26 de abril de 2013 dejó decenas de heridos y 8 detenidos; y el desalojo de la Sala Alberdi, el 12 de marzo de 2013, un teatro y espacio cultural autogestionado, donde dos reporteros de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) fueron heridos con munición real. Reprimieron con balas de plomo.

El resto del tiempo su fuerza policial se entretuvo en perseguir y asesinar pibes pobres.

“Hace pocos días acompañamos a una familia víctima de gatillo fácil. El policía que mató a Matías Casas fue condenado a 20 años de prisión. La forma en que lo hizo fue macabra, le dieron una golpiza ya estando muerto.”

Lo que cuenta Relmu Ñamku en el párrafo que antecede no ocurrió en Buenos Aires sino en Neuquén, una de las provincias argentinas patagónicas, cordilleranas, asediadas por las empresas mineras, petroleras y el fracking.

De Neuquén es Relmu, que es mapuche, un pueblo originario dividido entre dos estados, Chile y Argentina. En octubre de 2015, Relmu y otros dos integrantes de la Comunidad Winkul Newen fueron acusados (y absueltos) de tentativa de homicidio y daño agravado por resistir una orden judicial en favor de una de las empresas petroleras que explotan pozos en sus territorios ancestrales.

A Relmu, una mujer indígena de 37 años, referente de la resistencia mapuche contra el avance de la explotación petrolera, los fiscales le pedían 15 años de cárcel. ¿El daño? La nariz rota de una auxiliar judicial por una pedrada durante el bloqueo que la comunidad le plantó a la Apache Corporation, en los últimos días del 2012. La funcionaria de la justicia había bajado a la comunidad en compañía de representantes de la petrolera para obligar a los mapuches a que abrieran paso a las máquinas de la empresa en su territorio.

“Mientras a nosotros nos montaron un juicio en una globa, una carpa gigante en medio de la plaza de Zapala, el juicio por la muerte de Matías fue un lugar prácticamente escondido. Al policía que lo mató lo sentenciaron a 20 años, que es casi el mismo tiempo de condena que me pedían a mí.”

La Argentina no vivió doce años en un paraíso socialista con el kirchnerismo

El gatillo fácil no fue una política exclusiva de las policías macristas, sino que se expandió como una masacre en cuentagotas, en millones que mueren de a uno en manos de las fuerzas del Estado, a lo largo y ancho del territorio argentino.

 “La Argentina no vivió doce años en un paraíso socialista con el kirchnerismo, hubo un auge de las detenciones arbitrarias, de los fusilamientos por gatillo fácil, de la tortura y muerte en los lugares de detención”, explica María del Carmen Verdú, referente de Correpi, la principal organización antirrepresiva del país, que además de llevar adelante casos frente a la justicia, ha realizado la minuciosa tarea de construir un archivo de casos (disponible en su web) que permiten hacer visible la pandemia.

“A pesar de haber matado un pibe por día, de haber fusilado a 20 personas en manifestaciones y haber sancionado 7 leyes antiterroristas, los ka lograron el consenso de aparecer como un gobierno no represor.”

La diferencia, explica Verdú a la luz de la represión de los trabajadores de Cresta Roja y los municipales de La Plata, es que el macrismo no se preocupa por enmascarar su política.

La coordinación represiva practicada en la ciudad de Buenos Aires fue convertida en realidad a comienzos de enero. La policía metropolitana y la federal fueron unificadas bajo un único mando político, a las órdenes del jefe de gobierno porteño. La mega fuerza policial dispondrá de 21 mil efectivos sólo para actuar en capital federal.

“Lo dijo el propio Macri, si hasta ahora hemos podido coordinar y trabajar en conjunto entre la federal y la metropolitana, imagínense ahora que es una misma fuerza. El discurso represivo fue incluso parte de su campaña política, la mano dura que reclaman los sectores de la burguesía a los que representa.”

Desde la ruta A88, no muy lejos de la capital de la provincia cordobesa, una de las integrantes de la Asamblea de Autoconvocados que forma parte del Acampe que tiene frenado a Monsanto, reconoce que el cambio de gobierno es un tema que han estado conversando.

“Con Macri hay un discurso más explícito en cuanto a las lógicas del saqueo y de la discriminación. También sobre sus vínculos con las multinacionales y la profundización de ese modelo.”

Como muestra, dos botones: como ministro de asuntos agrarios de la provincia de Buenos Aires, Macri nombró a un ex empleado de Monsanto: Leonardo Sarquís. En San Juan, provincia en dónde la Barrick Gold vertió un millón de litros de una solución cianurada al curso de agua que abastece de agua potable a Jáchal y los pueblos circundantes, puso a Gustavo Fariña al frente de la Secretaría de Seguridad de la provincia, que trabajó para las mineras Yamana Gold, GoldCorp y la propia Barrick.

“Veíamos esto como algo beneficioso ya que tal vez no va a haber tanta confusión en la gente con un discurso tan explícito. A ver si la gente reacciona ante las cosas que se dicen en cadena nacional. Este discurso evidencia que vuelven los 90, que el neoliberalismo está a flor de piel.”

“No creo que haya que decir que volvió el neoliberalismo porque el neoliberalismo nunca se fue”: Raúl Zibechi

Desde el sopor húmedo del verano montevideano, Raúl Zibechi afirma que estamos viviendo el fin del progresismo al frente de los gobiernos latinoamericanos. “No creo que haya que decir que volvió el neoliberalismo porque el neoliberalismo nunca se fue. Lo que se puede decir con propiedad es que el modelo extractivo sigue adelante con más fuerza, con más apoyos políticos, se profundiza más. Lo que cambia es el clima político, más polarizado, con una ofensiva de la derecha y de las fuerzas pro yanquis. También hay un cambio importante en la percepción de algunos jugadores políticos y mediáticos.”

El intelectual charrúa apunta que quien lo explica cabalmente es Mariano Féliz, profesor de la Universidad de La Plata, en un artículo reciente publicado en Contrahegemonía: “es el comienzo de la segunda década del neodesarrollo.”

El macrismo vino a completar el proceso de “ajuste heterodoxo” iniciado en la última presidencia de Cristina Kirchner, sostiene Mariano Féliz: vino a radicalizar el proyecto hegemónico. “En lugar de atacar los fundamentos de la crisis, el kirchnerismo operó sobre los efectos de la misma intentando desplazar en el tiempo los límites del proyecto neodesarrollista para llegar ganador a las elecciones presidenciales de 2015.” No lo logró.

Las luchas

“Gane quien gane, no gana el pueblo. Nosotros no votamos. No creemos en este sistema democrático. No nos representan estas personas, ni siquiera los partidos de izquierda”, sentencian desde Córdoba.

Algo similar plantea desde Neuquén Relmu Ñamku: “Nosotros no somos ni macristas ni ka, ni de izquierda ni de derecha, y sé que eso a veces duele. Pero la izquierda puede ser igual de racista y discriminadora que la derecha. Tal vez no en el campo popular, pero sí con los pueblos originarios. El gobierno que pasó no era nada popular. Los últimos doce años fue el período en que se produjeron más muertes de indígenas por enfrentarse al modelo extractivo.”

Lo que está en juego es la vida, es la salud, es el ambiente. Están los datos de las investigaciones del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y de la Facultad de Medicina que revelaron que el promedio de cáncer en la localidad es elevadísimo respecto a la media nacional: lo padecen 7 de cada 10 malvinenses, apuntan desde el bloqueo a Monsanto.

Malvinas Argentinas ha sido, y es, uno de los puntales en la denuncia de los efectos nocivos de las fumigaciones con agrotóxicos: desde las Madres de Ituzaingó Anexo, la Asamblea Malvinas lucha por la vida y las que se le fueron sumando desde la ciencia y algunas facultades de medicina.

El nombre de Andrés Carrasco aún resuena fuerte en esas latitudes. El científico que falleció en mayo de 2014, fue el primero en probar los impactos (y efectos) devastadores del glifosato en embriones. También fue perseguido y cuestionado por su comunidad de intelectuales porque ante la evidencia recabada, Carrasco decidió hacer público el resultado de sus investigaciones antes de que pasaran previamente por la burocracia del conocimiento científico: la publicación de los resultados en una revista arbitrada. En cambio, se comunicó con Darío Aranda, uno de los periodistas que más (y mejor) a cubierto todos los temas relacionados con el ambiente, la salud y las poblaciones originarias.

“Habemos más de 30 pueblos indígenas en la Argentina. En Formosa están los Qom, Pilagá, Wichí, Nivaclé que vienen de años de ser atacados, donde han perseguido y criminalizado a Félix Díaz, su referente, han violentado a mujeres, han golpeado chicos, han incluso asesinado a allegados de Félix para aislarlo.”

Explica Relmu que tras haber sobrevivido a dos extensos acampes en la ciudad de Buenos Aires (el primero, en 2011, lo sostuvieron durante un año sin que fueran nunca recibidos por el gobierno, el segundo de 3 meses en 2015) los pueblos originarios de Formosa se conformaron en una organización llamada Qopiwini.

“En esa provincia todavía existen enfermedades que se pretenden erradicadas, como el mal de Chagas o la tuberculosis. Son los hermanos los que sufren de estas enfermedades, donde se mueren desnutridos.”

En el Acampe contra Monsanto se mantienen alertas tras el giro judicial ocurrido el 30 de diciembre, cuando el fiscal Víctor Chiapero ordenó el desalojo del predio. “Nos llamó la atención que el fiscal se haya atrevido a firmar la orden de desalojo y encima una tan pobre, porque no tiene ningún sustento jurídico para desalojarnos. No explicita qué leyes estamos violando.” Y aunque la fiscal suplente congeló la ejecución de la medida, aún está vigente. Por eso en Malvinas tienen planificadas una serie de movilizaciones para las semanas que siguen.

 “Lo particular, y a mi criterio principal del Acampe, es que hemos generado un espacio fuerte de lucha en los 2 años y 4 meses que llevamos. Estamos creando una alternativa que demuestra que se puede vivir con otro modelo: de producir alimento utilizando semillas orgánicas y sin fumigaciones, de incorporar conocimientos ancestrales, de cultivar otros vínculos. No sólo cuestionamos el modelo productivo sino el de vida. Se puede ser autónomo. Se está construyendo algo acá, eso es lo interesante.”

La sorpresa fue otra para los pueblos originarios. El gobierno macrista ordenó el traspaso del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, al de Justicia y Derechos Humanos.

“La cuestión indígena siempre se manejó con una lógica asistencial en la Argentina, que no nos consideraba un sujeto de derecho sino sujeto de asistencia. El traspaso nos abre la puerta para impulsar la discusión de una política territorial. Nunca estuvimos en la órbita del ministerio de economía a pesar de que los megaproyectos que sostienen el país están asentados en nuestros territorios, mientras los hermanos siguen empobrecidos materialmente.”

En el final, un punto álgido. Macri convocó a los pueblos originarios a reunirse con él y los representantes de los distintos pueblos acudieron a la cita. ¿Por qué reunirse con Macri? se le pregunta a la referente mapuche.

“Nosotros siempre reclamamos la posibilidad de entablar diálogo. No acordamos nada con Macri ni negociamos ningún puesto de trabajo como se dijo. Tampoco podemos seguir mirándola por la tele. Sí somos conscientes de que el día que no obtengamos respuestas, no nos va a ser difícil volver a la resistencia, porque es donde hemos estado desde el origen de la Argentina como país.”

Más interesante es tal vez, poner el foco de luz sobre las repercusiones que los pueblos originarios cosecharon a partir de esa reunión desde los más diversos puntos del espectro político:

“Macri puso al frente del Consejo Nacional de la Mujer a una feminista recontra reconocida (se refiere a Fabiana Tuñez) que viene de las luchas. Cuando hablamos con la gente, a nadie se le ocurrió decir que esta mujer se había dado vuelta o que la habían cooptado, mientras que a nosotros sí. Nosotros no asumimos ningún cargo, lo único que hicimos fue acudir a una reunión. Eso refleja la discriminación que hay”.