En abril de 2018, de manera sorpresiva, jóvenes estudiantes universitarios se manifestaron intensamente demandando al gobierno de Daniel Ortega medidas contra la tragedia ambiental del incendio de la Reserva Indio Maíz, en la Costa Caribe. Estas protestas fueron la chispa que encendió la rebelión contra el régimen de Ortega en Nicaragua.

Días después, el gobierno impulsó unilateralmente una reforma al seguro social, incrementando la cuota laboral y reduciendo la pensión de los jubilados. Los ancianos se movilizaron y fueron vapuleados por los grupos de choque manejados por la pareja presidencial (GIEI, 2018; Infobae, 2018). Las imágenes de la represión provocaron gran indignación y se incrementaron las protestas. La respuesta de la dictadura fue aumentar la represión y hacer uso de las balas. El 19 de abril mataron a los primeros muchachos. El 20 de abril el país se levantó y los estudiantes se tomaron las universidades. Este día fueron asesinados 25 jóvenes y pobladores. El día 21 se reportaron 15 muertos; el 22 de abril fueron 11 los muertos reportados. Todos ellos fueron ultimados con disparos de francotiradores dirigidos al pecho y la cabeza (Confidencial, 2018a).

La repuesta popular ante una matanza que aumentaba fueron continuas jornadas de multitudinarias manifestaciones, y el levantamiento de barricadas y tranques en distintos puntos de la geografía nacional. Bloquear el país era una señal de protesta, pero también una medida de seguridad: las barricadas evitaban que los paramilitares entraran por las noches a los barrios. En este contexto, el gobierno trató de sofocar la rebelión derogando el decreto de reforma de la seguridad social. Sin embargo, la rebelión continuó pues ante tantos muertos e injusticia la demanda de la población era: ¡Que se vayan! ¡Democracia, Justicia y Libertad!

Durante todo el mes de mayo de 2018 el país permaneció paralizado, el poder de Ortega se disolvió y en cada lugar del territorio mandaban los muchachos, pobladores y campesinos de los tranques. Esta rebelión sin jefes ni jefas, sin partidos, sin cabezas visibles, obligó al gobierno a iniciar un proceso de diálogo, con intermediación de la Iglesia Católica.

El Diálogo Nacional se suspendió semanas después de haberse iniciado, pero ese tiempo permitió al régimen articular una brutal respuesta represiva, conocida como “Operación Limpieza”, que dejó al final de julio más de 500 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH) (EFE, 2018). Por su parte, la CIDH documentó al menos 328 muertos incluyendo 24 niñas, niños y adolescentes; 800 presos políticos y más de cien mil exiliados (GIEI, 2018). Mientras tanto, el gobierno argumentó que la rebelión se trataba de un intento de Golpe de Estado orquestado por la CIA.

El aplastamiento de la sublevación popular fue seguido de la suspensión de garantías ciudadanas por vía de hecho. Desde octubre de 2018 se prohibieron todo tipo de manifestaciones o actos de protesta, y hasta hoy se ha instalado sin ninguna careta un estado policíaco que persigue la más mínima expresión de disidencia y oposición, incluyendo portar públicamente la bandera nacional.

En marzo del 2019 se instaló un nuevo diálogo pero el gobierno no ha cumplido ninguno de los acuerdos alcanzados. Cerca de 120 presos y presas de conciencia han sido injustamente judicializados; no han retornado al país la mayoría de los exiliados y no existe ningún proceso para investigar y castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos. De igual manera, los bienes de las ONG y medios de comunicación independientes clausurados ilegalmente siguen en manos de la dictadura.

A pocos meses de las elecciones generales de noviembre, no se han realizado ninguna de las reformas a la Ley Electoral propuestas de consenso por la oposición para garantizar elecciones limpias y competitivas. Todos los poderes del Estado siguen controlados completamente por Ortega y Murillo, incluyendo el poder electoral por lo que no es posible inscribir nuevos partidos ni candidaturas independientes. Consecuentemente, el control de casillas se ha convertido en un mecanismo de algunos partidos para decretar exclusiones, principalmente a las fuerzas que provienen del sandinismo no orteguista y de las organizaciones sociales que defienden los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, ambientalistas y todo lo que sea catalogado como banderas de la izquierda.

De esa manera, hasta hoy no se ha logrado una unidad nacional sin exclusiones que cobije todo el espectro político e ideológico, bajo un solo propósito: acabar con la represión, terminar con la dictadura y restablecer la democracia.

El gran capital, junto a sectores tradicionales de derecha, con respaldo de sectores del Congreso y Gobierno de Estados Unidos y de otros actores internacionales, presionan por apostar todo a las elecciones de noviembre, aún si el resultado es la reelección fraudulenta de Ortega. Con ello se busca un “aterrizaje suave” para reabrir un capítulo de diálogo y entendimiento más pragmático con la dictadura.

Mientras tanto, las organizaciones sociales, debilitadas por muchos años de persecución y chantajes, siguen abogando por los derechos conculcados y transformaciones más profundas, en una agenda de Dignidades. Por su parte, las madres y familiares de asesinados por la dictadura mantienen en alto el estandarte de la memoria y la justicia.

En las actuales condiciones la unidad en la diversidad es indispensable en Nicaragua para obligar al régimen dictatorial a realizar elecciones libres y abrir las avenidas a una verdadera transición democrática, con plenas libertades y sin presos políticos. Sin elecciones limpias y creíbles solo quedará el camino de otra sublevación, con los sectores populares como protagonistas y levantando en alto las banderas de abril de 2018.

Bibliografía

Confidencial. 2018a, 1 de junio. “¡Disparaban con precisión: a matar!”.

EFE 24 de septiembre 2018 “La ONG ANPDH eleva a 512 el número de muertos por la crisis en Nicaragua”

GIEI Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. 2018. “Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en Nicaragua” 463. www.gieinicaragua.org.

Infobae. 2018, 19 de abril. “Represión en Nicaragua: grupos de choque del gobierno de Daniel Ortega golpearon a manifestantes y periodistas en una protesta contra la baja de las jubilaciones”