Edy Tábora, del equipo de abogados en el caso de Gustavo Castro, resume la situación con el sistema de justicia hondureña en pocas palabras: “Estamos en la total indefensión”

El también director de C-Libre, el Comité por la Libre Expresión, habla en entrevista con Desinformémonos en el marco del lanzamiento de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia en Tegucigalpa que juntó representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos en esta capital hondureña. Convocó a un evento para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y “la necesidad de que Gustavo Castro salga del país porque es una víctima y ha sido tratado de una manera distinta” por las autoridades hondureñas que siguen violando su derecho de salir.

Hay noticias en el caso y ¿por qué se quede aquí en Honduras Gustavo Castro, casi un mes después del asesinato de Berta Cáceres y el atentado contra él?

El 3 de marzo comienzan abusos contra las derechos humanos de GUSTAVO CASTRO y no sólo por la cuestión de que el estado no garantiza la vida de las personas en este país si no porque el mismo estado empieza a restringir este mismo 3 de marzo derechos humanos fundamentales de la victima.

Primero, se somete a Gustavo Castro a varias diligencias investigativas entre el 3, 4 y 5 de marzo que implicaron sufrimiento al sr. Gustavo Castro porque no se le permitió descansar para participar en las distintas diligencias de toma de declaraciones, se mantuvo en La Esperanza, Intibucá sin las medidas de seguridad necesarias.

Luego, no se le consultó sobre la necesidad que había que participara en otras diligencias sino que se hizo a espalda de GUSTAVO CASTRO solicitudes por parte del MINISTERIO PÚBLICO que lo estaba necesitando para esclarecer los hechos, solicitudes de restricción de salida de la país. Un derecho fundamental que es la libertad física y la libertad de conmoción, y así como la violación de un derecho básico que es la integridad sicológica de las personas al no permitirse el proceso de duelo por ser una persona tan cercana a GUSTAVO CASTRO.

El 4 de marzo la Fiscalía del MINISTERIO PÚBLICO presentó una solicitud en la cual solicitaba que se le impusiera la restricción de salida del país a GUSTAVO CASTRO por 30 horas. Esta salida del país no existe en el código procesal para personas que son testigos y victimas, solo existe para personas que han sido acusados. Entonces el Ministerio Público empieza a cometer este abuso contra la libertad física de GUSTAVO CASTRO.

La Sra. jueza del juzgado primero de La Esperanza, Intibucá niega esta solicitud del Ministerio Público de salida del país. Pero resulta que 24 horas después el Ministerio Público vuelve a hacer una solicitud pero ya diciendo que GUSTAVO CASTRO participe en una diligencia de careo con otros testigos porque hay contradicciones. Entonces las jueza que había dicho 24 horas antes que no se podía restringir la libertad de un testigo ahora dice que sí a esta nueva petición.

A GUSTAVO CASTRO no se le avisa. A GUSTAVO CASTRO la embajada compra los boletos para que salga del país, se presenta en el aeropuerto y ya estando en el aeropuerto lo tratan de capturar agentes del Ministerio Público junto con fiscales del Ministerio Público que le impiden salir del país.

Luego es trasladado a La Esperanza, Intibucá para que declare. Se someten a audiencias de careo de testigos durante 6, 7 horas. Este fue el 7 de marzo. El día 6 la Fiscalía hace una nueva petición de ampliación de la prohibición de salida del país pero con algo muy puntual: aunque es ilegal la fiscalía solicita que se le imponga prohibición de salida del país solo para que cumpla la audiencia que se iba a llevar a cabo el 7 de marzo.

Cuando terminamos la audiencia a las 5:45 de la tarde, la jueza notifica una resolución de prohibición de salida por unos 30 días– petición que no se había hecho por parte del MP. Es decir, la misma jueza que había resuelto dos solicitudes, que la primera habia dicho que no se podía restringir la libertad personal y luego impone la restricción de 30 días el día 7. Este día 7 ya había pasado la diligencia para la cual se había puesto la restricción de salir del país.

El 8 se presentó recurso de reposición a la resolución de la jueza. El 9 lo resuelve sin lugar diciendo que sí se podía restringir la salida del país porque era necesario para la participación en la investigación, aunque la constitución en el Art. 69 establece que para restringir la libertad personal– un derecho fundamental—necesariamente debería estar establecido previamente en la ley y esto no está provista en la ley.

Luego, se presentaron tres recursos: primero, una solicitud de reconsideración para que retirara la prohibición de salida del país en virtud de que estaba cometiendo una ilegalidad y el Ministerio Público ignorante de la constitución de la República. Entonces hasta la fecha el Ministerio Público no se ha pronunciado. Mas de 10 días y no se ha pronunciado. Entonces el 16 de marzo se presentan dos recursos: uno, de habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. La Corte el día viernes nombra jueces ejecutores y ellos presentan el informe pero no se pronuncian sobre el fondo. La Corte pìde que los jueces ejecutores amplian y hasta el día de hoy no tenemos respuesta…

El viernes antes de semana santa los abogados solicitamos que se habiltaran dias y horas habiles para que la sala consticuional resolviera el habeas corpus presentado porque la constitucion dice que se tiene que resoler inmediatamente. los magistrados tampoco contestaron.

También presentamos un recurso de amparo ante la corte de apelaciones de la ciudad de Comayagua y el viernes antes de semana santa la corte contestó la medida de pedido de la suspensión del acto emitido por la fuerza y la corte declaró sin lugar la petición, porque dice que no se acreditaba el daño producido a la libertad perosnal a gustavo castro

Entonces, estamos en un momento de total indefensión en el país no solo porque se violan los derechos humanos por parte de autoridades, sino porque la corte Suprema de justicia ni siquiera se pronuncia. Es decir, aparte de la violación al derecho de la libertad, el derecho de conmoción y el derecho a la integridad física, hay a un negatorio al derecho a la justicia que tienen las personas por cualquier violación derechos humanos.

Criminalizan a las víctimas. Mienten. Distorsionan a la ley que deben aplicar.

Gustavo Castro ya se ha declarado como 3 veces. ¿Entonces que hay detrás de estas maniobras por parte de las autoridades hondureñas de detenerlo en el país?

Mira, no solo se ha declarado 3 veces. Primero, hizo un retrato hablado. Después declaró ante el MINISTERIO PÚBLICO dos veces, después declaró ante la jueza como prueba anticipada porque tenia que salir del país, después hizo el carreo con otros testigos, después participó en un reconocimiento fotográfico que previamente había hecho dos reconocimientos fotográficos mas, participó en una reconstrucción de hechos… No sabemos que mas puede necesitar a GUSTAVO CASTRO.

¿Si la investigación no es la razón, cual es la razón por detener hasta la fecha a Gustavo Castro?

Es el cinismo del poder. Es decir, quieren generar un distractor a la par del asesinato de Berta Cáceres para digamos que nos concentremos en la situación de GUSTAVO CASTRO y dejemos a un lado el asesinato de Berta Cáceres y el punto neurológico que son las grandes concesiones que han dado del territorio del país.

Entonces estamos en una situación grave momento, de los peores momentos que observamos después del golpe de estado, una indefensión total a cualquier persona que sea nacional o extranjera.

La jueza además el día 8 de marzo a la compañera, Ivania Galeano que forma parte del equipo le suspendió el ejercicio por un reclamo que hizo simple y sencillamente porque le había faltado el respeto. Y la sancionan, la suspende del caso y la suspende del ejercicio de la profesión. Ambas sanciones no existen en la ley, lo cual nos genera en nosotros una preocupación no solo por este caso, sino por las cosas que vienen mas adelante en cualquier caso que se participen de defensa de derechos humanos en la cual se exige justicia . La indefensión total, la barbarie jurídica porque se está haciendo resoluciones sobre normas jurídicas que no existen

¿En este contexto como ven la exigencia de una Investigación independiente en el caso de Berta Cáceres?

El estado esta dando delatorias y está mintiendo en ciertos aspectos para que se genere una conciencia que se está trabajando en el caso. Por ejemplo, el estado mencionó que agentes del FBI estaban participando en la investigación, lo cual era mentira. Porque no han sido autorizados por el gobierno de EU. Son personas jubiladas que trabajaron en el FBI que ya estaban trabajando en el MINISTERIO PÚBLICO como asesores. Estas son las personas que han estado participando y se han presentado desde las autoridades hondureñas como parte de la investigación al raíz del caso.

Dos, se mintió por parte del gobierno hondureño al decir que la oficina del alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras había venido a los comisionados juntos porque quería participar y certificar las investigaciones, lo cual , en las reuniones que hemos tenido con el alto comisionado, dicen que el mandato que tienen no permite certificar las investigaciones porque están para observar los procesos desde las violaciones de los derechos humanos de las victimas, no para certificar procesos del estado.

Además de violaciones de derechos humanos, la burla al pueblo hondureño al mentirle descaradamente con la institucionalidad internacional de derechos humanos.

Hay otra audiencia antes de que cumplan los 30 días, el 6 de abril. El estado hondureño ha tergiversado sus propias leyes para detener a Gustavo Castro hasta la fecha. Si no se resuelve esta situación se espera una respuesta de la comunidad internacional.

Y mientras juegan al desgaste con los recursos legales simplemente para permitir que un ciudano mexicano–víctima de la represión, la falta de gobernabilidad y la carencia de un estado de derecho en Honduras–regrese a su país, queda por delante la investigación del caso del assesinato de Berta Cáceres. Será la prueba de cuanta impunidad puede aguantar una nación, y si gana la impunidad, el caso de Berta quedaría, junto al golpe de estado, como uno de los momentos en que la historía prueba que los retrocesos son tan frecuentes como los avances, y con eso el futuro está en grave riesgo.

Es también la prueba de la capacidad de la solidaridad internacional de poner un límite a la represión de defensoras y defensores de derechos humanos que sacrifican hasta la vida por proteger nuestros rios, montañas, bosques y mares del despojo y destrucción. Esta esuna prueba en que no podemos fallar.