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Ventanas

Alicia Alonso Merino

«La guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres pobres y racializadas»

Desde que en el año 1971 el presidente norteamericano Richard Nixon proclamara la “guerra contra las drogas”, las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción, el tráfico y la distribución, así como la criminalización del consumo de ciertas drogas, nunca han producido los resultados esperados. Ni se ha acabado con la oferta, ni con el tráfico, ni con la demanda. Además, las consecuencias de esta “guerra” han sido desastrosas: produce 111 veces más muertes que las que se producen por el consumo de todas las sustancias prohibidas juntas a nivel mundial1.

En América Latina, la guerra contra las drogas y, por consecuencia, el fortalecimiento de los mercados ilegales, ha tenido como correlato el aumento de la violencia por el control de los territorios, la inestabilidad y la corrupción. Los grupos criminales organizados no sólo se dedican al narcotráfico, sino que monopolizan el tráfico de migrantes, la trata de personas, el fraude fiscal, lavado de capitales y los delitos contra la propiedad.

La respuesta penal para resolver el problema de salud pública que suponen las drogas, se ha demostrado ineficaz en todas las partes, y ha producido un incremento masivo de las personas encarceladas a nivel mundial. Desde el año 2000, esta población se ha acrecentado en un 20% en todo el mundo. Pero este crecimiento es todavía mayor entre las mujeres, ya que mientras el total de la población reclusa masculina se incrementaba en un 18%, la femenina aumentaba en un 50%2.

A la mayoría de las mujeres encarceladas se les aplican sólo dos grandes tipos penales de los más de 500 que recogen los Códigos Penales occidentales: aquellos vinculados con la propiedad privada y aquellos contra la salud pública. Gran parte de ellas están presas por delitos no violentos vinculados al tráfico de drogas ilegalizadas, castigados por leyes extremadamente punitivas y con penas desproporcionadas. Por ejemplo, en Argentina, Brasil, Costa Rica o Perú más del 60% de las presas lo están por delitos relacionados con las drogas3. Por lo tanto, el uso de la cárcel como respuesta frente a las drogas está afectando de forma selectiva a las mujeres4.

Por otro lado, existen algunos grupos más propensos a ser objeto de criminalización, como son las mujeres extranjeras, indígenas, afrodescendientes y personas de orientación sexual, identidad o expresión de género diversas5, que están sobrerrepresentados en las prisiones.

¿Porqué las mujeres se incorporan al mercado ilegalizado de drogas? Entre otras razones, debido a la condición de precariedad y mayor dificultad de acceso al empleo que enfrentan. Este representa un nicho de trabajo relativamente fácil, aunque también arriesgado de obtener recursos. En este mercado, ellas se encargan de dos tareas fundamentales: la venta al menudeo/microtráfico en las grandes ciudades y hacer de correo o transportistas de pequeñas cantidades.

Como resulta imposible perseguir todos los delitos que recoge el Código Penal, las policías ejercen un poder selectivo sobre las personas y criminalizan a quienes tienen más a mano, son más fáciles de atrapar y ponen menos reparos en su captura. Los prejuicios sexistas, racistas, clasistas y xenófobos, van configurando en el imaginario colectivo una fisonomía de las personas que delinquen que se ve reforzado por las agencias de comunicación y al que las policías obedecen. De esta manera, las mujeres con menores oportunidades laborales y que, a pesar de todo, permanecen en sus casas reproduciendo sus mandatos de género, son un objetivo fácil de captura y flagrancia cuando se dedican a la venta al menudeo en sus hogares. Aquellas que se dedican a transportar la droga introducida en su cuerpo, también son fácilmente presas en flagrancia, por hechos que requieren poca investigación policial. Todas estas detenciones son muy útiles para incrementar las estadísticas de aprensión de las policías.

Otra cuestión a tener en cuenta es que estas mujeres no forman parte de la dirección de las organizaciones de tráfico, ni se encuentran entre las líderes de estos grupos, sino que forman parte del último y más precario eslabón de la cadena del tráfico, cuya mano de obra es altamente descartable y reemplazable. Su encarcelamiento tiene una incidencia nula en la cadena de la comercialización. Cuando una mujer es detenida, al día siguiente hay otra realizando su mismo trabajo. Dentro de esta economía informal e ilegal, ellas continúan siendo explotadas por el “mercado”.

El encarcelamiento y la estigmatización que supone, afectan de forma diferente a las personas recluidas por delitos de drogas, según criterios como el sexo, la identidad sexual, la condición étnica o la situación socioeconómica6. Además, las consecuencias del encarcelamiento se extienden más allá de la prisión y de la condena misma, ya que el paso por la cárcel empobrece y genera mayor exclusión social. En el caso de las mujeres que son madres y cuidadoras- como es la situación de la mayoría de ellas-, las consecuencias sociales se multiplican al afectar a toda las personas cuidadas y a la comunidad donde habitan.

La política de drogas prohibicionista y represiva, unida a una selectividad penal sexista, clasista y racista ha hecho que sean las mujeres en situaciones de exclusión y empobrecimiento las más afectadas por esta guerra. Ellas pagan con su cuerpo la cuota de encarcelamiento comprometida por los países en los acuerdos internacionales, convirtiendo, como decía la criminóloga feminista Chesney-Lind, la guerra contra las drogas en una guerra contra las mujeres. Precisando sus palabras, contra las mujeres pobres y racializadas.

Para acabar con esta situación es necesario cuestionarse el paradigma prohibicionista y cambiar el enfoque de la política de drogas. Necesitamos opciones y alternativas que tengan en cuenta las consecuencias desastrosas de esta ofensiva. Necesitamos igualmente planteamientos viables sobre la descriminalización de todas las drogas a nivel internacional, su regulación a nivel estatal, el derecho al auto-cultivo, la promoción de los usos tradicionales de las plantas prohibidas y el impulso de programas de reducción de daños.

Acabemos con todas las guerras, incluida la de las drogas.

1 Fundación Transforma Drug Policy. Count the cost. 50 years of the war on drugs. United Kingdom. 2012.

2 Institute for Criminal Policy Research. World Prison Population List. University of London. 2016.

3 Ídem.

4 WOLA, IDPC, DeJusticia y CIM. Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento: Una guía para la reforma de políticas en América Latina y el Caribe. OEA. 2016.

5 Ídem.

6 Chaparro, Sergio; Pérez Correa, Catalina; Youngers, Coletta. Castigos irracionales: leyes de drogas y encarcelamiento en América Latina. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho. México. 2017.

Alicia Alonso Merino

Feminista y abogada de derechos humanos. Realiza acompañamiento socio-jurídico en cárceles de distintos países.

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