México, 15 de diciembre de 2014. En diez meses, la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán, logró reconstituir su organización tradicional, duramente golpeada por el crimen organizado, y se avanza dos nuevos pasos: dejar de pagar la luz, en protesta por los crímenes de lesa humanidad cometidos impunemente contra su población, y defender a su policía comunitaria y su sistema de justicia, que procesó y condenó a habitantes vinculados a la delincuencia.

La lucha de Ostula en defensa de sus recursos naturales les ha costado, hasta el momento, 32 comuneros desaparecidos y seis asesinados. Muchos pobladores tuvieron que desplazarse para salvaguardar sus vidas, pero en febrero de 2014 regresaron a su territorio, en pleno auge de las autodefensas, y expulsaron a los criminales.

Ahora, hay «unidad, fuerza y entusiasmo, pero también preocupación», reconoce un integrante de la Comisión de Defensa de los Bienes Comunales,pues no saben cómo reaccionará el cartel de los Caballeros Templarios -que sigue operando en la región y en el estado- ante la expulsión de los habitantes vinculados a ellos.

«El despojo de nuestro territorio ancestral en Xayakalan fue protegido durante años y años por todos los niveles de gobierno para imponer sus proyectos de muerte, por lo que el 29 de junio de 2009 con la reorganización de nuestra policía comunitaria recuperamos alrededor de 1300 hectáreas de tierras invadidas por supuestos pequeños propietarios de La Placita, ente ellos el jefe de plaza local de los Templarios, Federico González alias Lico, y Mario Álvarez alias El Chacal, jefe del PRI en la región y miembro también de los Templarios», recuerdan los comuneros en un texto público escrito el 6 de diciembre.

En los 10 meses transcurridos desde que retomaron su territorio, los comuneros reforzaron su seguridad: nombraron policías y comandantes en cada de las 24 encargaturas municipales y en la jefatura de tenencia, que es Ostula, la cabecera. Ahora, los elementos «ya están uniformados y en proceso de reglamentación más precisa. En estos momentos actúan de acuerdo a nuestros usos y costumbres, pero se está tratando de reforzar para que trabajen de acuerdo a lo que población pide y no haya ningún problema», detalla el habitante, que pidió mantener su nombre en el anonimato.

La unidad que prevalece en la comunidad les permitió también reorganizar sus instituciones tradicionales y rearticular el Concejo Comunal, que había desaparecido por acción de la mafia. Este órgano intermedio de autogobierno se volvió a constituir con 130 nahuas, y se nombró al comisariado de bienes comunales de manera unitaria. «A pesar de esta guerra que busca borrarnos de la historia como pueblos originarios no dejaremos de luchar y defender nuestras tierras y nuestra existencia», sostienen, en comunicado hecho público anoche.

El entrevistado sostiene que los habitantes de Ostula no piensan olvidar a sus desaparecidos y muertos. Como parte del proceso de restablecimiento de su territorio, se juzgó a habitantes vinculados a los Caballeros Templarios, «con respeto a sus derechos, pues pudieron presentar pruebas», explica el integrante de la Comisión de defensa de bienes comunales, quien precisa que incluso restuvo presente una representante del comisionado federal para Michoacán, Alfredo Castillo.

«Hubo proceso de imposición de sanciones y algunos comuneros sancionados fueron a denunciar ante el gobierno vejaciones, tratando de culpar al comandante de la policía comunitaria, Semeí Verdía, pero la funcionaria pudo constatar que el proceso no lo lleva él, sino la asamblea de acuerdo a su derecho consuetudinario», abunda. Los resolutivos fueron «fuertes», explica el entrevistado, pues resultaron familias expulsadas a las que se les retiran los bienes de la comunidad, como casa, terreno y solares.

Los comuneros se mantienen alertas ante el riesgo de una salida violenta, pues el día de la asamblea de imposición de sanciones, dos de los acusados llegaron acompañados de Policía Federal. Fueron detenidos por los nahuas, y llegaron elementos de la Marina a intentar «rescatarlos». «Además, hubo acusaciones de las implicaciones entre el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y la mafia, donde resultó que el principal autor intelectual de lso asesinatos de nuestros compañeros es Mario Álvarez», detalla el entrevistado.

Como parte de la reivindicación de su territorio y en protesta por los crímenes cometidos contra sus habitantes, Santa María Ostula también comunicó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que suspenderá los pagos por servicio de luz, fundamentados en los artículos Segundo y 27 Constitucionales, 99 y 100 de la Ley Agraria, 1, 2 5, 7, 8, 9, 13, 14 y 15 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y sus usos y costumbres, anunció en comunicado.

El entrevistado ratifica que su cuerpo de seguridad es policía comuniitaria, pero explica que están en coordinación con las autodefensas en los municipios que no son indígenas.