La libertad de expresión en México enfrenta “uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años”: asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en esos casos, son algunos de los  “graves y diversos obstáculos” que documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En el contexto del reciente secuestro y asesinato de Anabel Flores, la periodista número 17 en el estado de veracruz durante la administración de Javier Duarte, el organismo descentralizado calificó como grave “el nivel de arraigo de la impunidad”, en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación, pues, puntualizó, “alcanza un 90 por ciento”.

La CNDH lanzó la Recomendación General número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, en la que considerando que “la consolidación de un Estado democrático no puede prescindir de la libertad de expresión”, hizo un “llamado enérgico a las autoridades de la Federación y de las entidades federativas para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación”.

Los registros de la CNDH, dan cuenta que del 2000 al 31 de enero de 2016 han asesinado a 109 periodistas; mientras que 20 han sido desaparecidos desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde el 2006 y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas en este organismo nacional.

Los estados en los que se documeta mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas son Veracruz, con 14.6 por ciento; Tamaulipas, con 11.9 por ciento; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11 por ciento cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades.

En cuanto al número de periodistas desaparecidos, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20 por ciento de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10 por ciento cada uno, lo que indica que siete de cada diez desapariciones de comunicadores ocurren en estas cinco entidades.

La CNDH establece en su recomendación que “la garantía a la libertad de expresión aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios informativos, por lo que los atentados contra este derecho y que son cometidos contra periodistas, así como los ataques cibernéticos contra las páginas electrónicas o redes sociales de los medios de comunicación deben ser investigados y sancionados”.

La impunidad sobre las agresiones a periodistas se refleha en el el estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, pues “106 están en trámite; 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene 15 años en integración”.

El organismo de derechos humanos informa que aunque se realizan diversas diligencias ministeriales, “no resultan del todo idóneas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los probables responsables de los mismos, ni el motivo y las causas que ocasionaron la agresión”.

La CNDH indica que México es considerado un país peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, y advierte que “han surgido inercias en los aparatos gubernamentales como respuesta a las susceptibilidades producidas por la crítica u opinión emitida desde la actividad periodística, acciones u omisiones que amenazan el ejercicio pleno de la libertad de expresión, mismas que se traducen cada vez más en frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan de forma directa e indirecta”.

La Recomendación 24, se indica en el comunicado, “se emite con el propósito de que se promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos y, también, para que las autoridades competentes, de acuerdo con sus atribuciones, eliminen tales violaciones y subsanen las irregularidades de que se trate”.  Está dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, Presidentes