«Los hechos producidos el 4 de octubre de 2012 en el kilómetro 170 de la Ruta Interamericana han sido objeto de una increíble y aberrante tergiversación jurídica que se orientan a perpetuar la impunidad en funcionarios públicos encargados de mantener el honor y la paz en Guatemala», reveló el especialista, que demandó el anonimato.

Un tribunal guatemalteco determinó la semana pasada disminuir la categoría de las violaciones cometidas por nueve uniformados, acusados de matar a seis campesinos durante una protesta civil en octubre último en las proximidades del suroccidental departamento de Totonicapán.

Según la defensa de los efectivos y la jueza Patricia Flores, recordó la fuente, el coronel Juan Chiroy no tiene responsabilidad de lo que hicieron sus ocho subalternos debido a que no estuvo presente en la escena.

Sin embargo, el abogado precisó que Chiroy, como comandante de la operación, tenía completo control sobre todos sus subordinados, pertenecientes a una institución que es jerárquica, obediente y no deliberante, acorde con el artículo 244 de la Carta Magna.

Flores dio valor al argumento de los abogados de que los elementos del Ejército actuaron en defensa propia, y en consecuencia, cambió la infracción de «ejecución extrajudicial» por la de «homicidio en estado de emoción violenta».

En ese sentido, el consultado por esta agencia ironizó que los sindicados dispararon con armas ofensivas contra campesinos armados hasta los dientes conâ?? palos; y aquellos actuaron en «legítima defensa», embargados por «miedo» a ser dañados por los «terribles» pobladores de Totonicapán.

A su juicio, ese razonamiento de la jueza Flores desconoce los valores de obediencia y no deliberación del cuerpo castrense, plasmados en el artículo 244 de la Constitución y también los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, aprobados por la ONU.

«Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público o de otra persona que actúe con carácter oficial», recordó el entendido en el tema un fragmento de la resolución 1989/65 del 24 de mayo de 1989, sancionada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.

Como comandante de la operación y superior jerárquico -señaló-, el coronel Chiroy tenía el deber de garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos de los manifestantes, reafirmado en el principio 19 del citado documento:

«Los funcionarios superiores, oficiales u otros funcionarios públicos podrán ser considerados responsables de los actos cometidos por funcionarios sometidos a su autoridad si tuvieron una posibilidad razonable de evitar dichos actos», citó el experto.

En ninguna circunstancia -continuó basado en la resolución- ni siquiera en estado de guerra, de sitio o en otra emergencia pública, se otorgará inmunidad general previa de procesamiento a las personas supuestamente implicadas en ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Por su parte, el ministro de Defensa guatemalteco, Ulises Anzueto, sostuvo que la decisión judicial emitida la semana anterior en el proceso contra los nueve militares demuestra que ellos no fueron hasta el lugar de los hechos para hacerle daño a la población.

«Al principio decían que habíamos llegado allí con la intención de hacerle daño a la población, y quedó totalmente claro que fuimos en apoyo a la Policía y tratando de auxiliar a la población, porque pobladores y ciudadanos eran los que estaban protestando», declaró Anzueto en una entrevista al diario local Prensa Libre.

Después de contrastar distintas fuentes, los hallazgos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnuh) coincidieron con el reporte presentado por el Ministerio Público, que señalaba la presunta responsabilidad del Ejército en las muertes.

A raíz de ese enfrentamiento, Naciones Unidas condenó que la política gubernamental involucre al cuerpo castrense en la disolución de manifestaciones.

La Oacnuh consideró necesario dar un tratamiento integral a las demandas sociales, de acuerdo con un comunicado divulgado en octubre último.

Por su parte la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) sugirió al presidente Otto Pérez Molina promover una reforma para prohibir la participación de militares en asuntos criminales y policiales.

La Cicig también recomendó reafirmar la posición del gobierno de Pérez Molina de fortalecer a la policía preventiva y de investigación, según se expresa en una carta enviada por el jefe de ese órgano independiente, Francisco DallÂ?Anese, al mandatario guatemalteco hace más de cuatro meses.

Respecto a ese suceso, el Consejo Político 13 Baktún expresó su profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del gobierno guatemalteco.

Esa instancia la integran mayas de dentro y fuera de Guatemala, actores sociales y políticos comprometidos con los grandes cambios necesarios en esta nación a partir de lo plasmado en los Acuerdos de Paz, suscritos en diciembre de 1996.

Guatemala es un país donde el 90 por ciento de los casos quedan en la impunidad, acorde con cifras oficiales. ¿Será este uno más?