Que la cárcel enferma es una realidad incuestionable. La prisión, como espacio de encierro, genera un permanente malestar psicoemocional en las personas presas y lo agrava en aquellas que ya lo sufrían antes de entrar a cumplir condenas.

Por ejemplo, en el estado español, según el Informe de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles (PRECA), las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general; y alrededor de 10 veces más probabilidad de ser diagnosticadas de trastornos antisociales de la personalidad¹. Aunque no haya estudios conclusivos, se estima que entre el 25%-46%² de esta población presenta problemas de salud mental.

El porcentaje de personas privadas de libertad con sufrimiento psicoemocional no para de crecer. La desatención y fracaso de las políticas públicas en relación a la salud mental, la estigmatización, la presión social para que prime la seguridad, junto con la ausencia de políticas de prevención, explican este crecimiento.

Los desajustes que provocan las condiciones de vida en la cárcel, junto con los antecedentes previos a la condena, hacen que los casos de autolesiones y suicidio se disparen con respecto a la población extramuros. El encarcelamiento es uno de los sucesos más traumáticos que experimenta una persona, y eso puede explicar que el suicidio sea la causa individual de muerte más común en las prisiones. En el ámbito del Consejo de Europa, el Estado Español se sitúa con una tasa de suicidios muy alta respecto a la media europea (más del 25% de la media)³, donde se registraron 268 suicidios y 695 intentos de suicidio, entre los años 2010 y 2019⁴. También las mujeres encarceladas tienen más probabilidades de autolesionarse e intentar suicidarse que las mujeres de la comunidad extramuros: cuatro veces más, según un estudio realizado en 24 países⁵.

El consumo problemático de drogas es otro de los factores que empeora la salud mental de estas personas. Los datos hablan de 50% de la población afectada por algún tipo de trastorno debido al consumo de drogas. Este porcentaje es mayor entre la población penitenciaria que entre la población general y corresponde con un perfil vinculado a la exclusión social y la marginalidad⁶ y es debido a la criminalización del consumo. Pese a que existen tratamientos de deshabituación ofrecidos en algunas cárceles⁷ estos llegan a solo un 13% de la población carcelaria y al 53% de las personas que lo necesitarían. Por otro lado, un 45% abandona estos tratamientos en prisión.

En el caso de las mujeres presas, el deterioro de la salud mental puede asociarse a menudo con experiencias de abuso, trauma o negligencia que se superponen como las experiencias negativas durante la infancia. Estas incluyen abusos y violencia sexual, consumo problemático de drogas o alcohol, situación económica de precariedad, acceso limitado al apoyo social comunitario, embarazos o partos traumáticos⁸.

Si bien la vida en la cárcel es difícil para todas las personas, puede ser especialmente angustiosa para las mujeres. La experiencia negativa del arresto, custodia policial y juicio; la separación de la familia y seres queridos (especialmente de sus hijos y/o hijas); la falta de atención médica adecuada; las condiciones precarias del encierro; la violencia, acoso y agresiones sexuales que se viven al interno las afectan negativamente⁹. La institución penitenciaria, en vez de intentar erradicar las condiciones desencadenantes del sufrimiento, patologiza los reclamos y atiborra de fármacos a las presas.

El aislamiento penitenciario también empeora esta situación, ya sea como sanción o los regímenes especiales de seguridad. En algunos casos, las personas puede pasar hasta años con una reducción extrema de la sociabilidad. Las investigaciones realizadas por Shalev¹⁰, concluyen que el aislamiento tiene efectos nocivos tales como ansiedad, depresión, trastornos cognitivos, distorsiones de la percepción, paranoia, psicosis, autolesiones y suicidios. El aislamiento conlleva a la reducción de estímulos y actividades y la falta de control sobre cualquier aspecto de sus vida.

Los organismos internacionales en derechos humanos han reconocido que el aislamiento deteriora la salud mental y que su imposición a personas con enfermedades mentales previas constituye una trato cruel, inhumano y degradante vulnerando los Convenios de derechos humanos y pudiendo ser constitutivo de torturas. Lejos de parecer una situación que se aplica como última ratio, en las prisiones españolas, existen más de mil plazas destinadas a aislamiento¹¹.

Las medidas restrictivas adoptadas en razón del COVID-19 tendrán, sin duda, consecuencias negativas incalculables en la salud mental de las personas presas. La prohibición de las visitas, la interrupción de los permisos de salida y trabajo en el exterior, la suspensión de todas las actividades y las cuarentenas estrictas, son medidas que intensifican su aislamiento. La falta de contacto humano agrava las ya precarias condiciones en las que cumplen sus condenas.

La cárcel, sin duda, enferma.

1 https://consaludmental.org/publicaciones/EstudioPRECA.pdf

2 AÑANOS-BEDRIÑANA, F.T; BURGOS-JIMÉNEZ R.; RODRÍGUEZ-SANJUÁN, A.; TURBI-PINAZO, A.M.; SORIANO, C.; LLOPIS-LLACER, J.J. REV. EduPsykhé, 2017, Vol. 16-1, 98-116. Pág. 103.

3 CONSEJO DE EUROPA. Población encarcelada. SPACE I-2020.

4 https://www.congreso.es/entradap/l14p/e8/e_0085260_n_000.pdf

5 PENAL REFFORM INTERNATIONAL. Women in prison: mental health and well-being. London. 2020.

6 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias. ESDIP.2016.

7 El 59% de los tratamientos son de deshabituación sin metadona.

8 PENAL REFFORM INTERNATIONAL. Women in prison: mental health and well-being. London. 2020.

9 Ídem.

10 SHARON, Shalev. Libro de referencia sobre el aislamiento solitario. University of Oxford. 2008.

11 Excluyendo Cataluña.