Guatemala. Las manifestaciones y disturbios sociales asociados al capital ya dejaron muertos y heridos desde el general Otto Pérez Molina que asumió la presidencia guatemalteca en enero. El 4 de octubre de 2012 se consumó la primera masacre contra las comunidades indígenas por este nuevo gobierno.

Los anteriores incidentes han sucedido en Barillas, Huehuetenango; San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, Guatemala; San Rafael las Flores, Santa Rosa. Claro, no han sido las primeras. Los desalojos en Livingston, Izabal o Panzós, Alta Verapaz, tienen ya varios años y fueron especialmente fuertes durante el gobierno de Colom. Luego, vemos que la violencia no obedece a políticas de gobiernos particulares, como podría enfatizarlo un periodismo simplista, sino, según proponemos, a la expansión del capital y su estímulo estatal.

Este texto de análisis, denuncia y crítica espera contribuir a que no se repita el exterminio social que hemos vivido en Guatemala, especialmente con los planes de contrainsurgencia entre 1981 y 1983. Las preguntas por el cambio organizado, sumamente necesarias, no pretenden y no pueden responderse acá. Pese a esto, espero que motive para que dichas preguntas puedan ser contestadas en colectivo activo de transformación social.

Los sucesos de la masacre

El jueves 4 de octubre, hacia las cinco de la mañana, comunidades indígenas k’iche y kaqchikel de Totonicapán se movilizaron para bloquear puntos estratégicos de la carretera Interamericana, en el altiplano occidental de Guatemala. Se concentraron inicialmente en la Cumbre de Alaska, en el kilómetro 170, y en Cuatro Caminos, en el kilómetro 188. Estos dos serían los puntos estratégicos de mayor confluencia y donde, por la tarde, se lucharía contra la represión estatal. Asimismo, se ocuparon otros puntos en el entronque de San Francisco el Alto, el acceso a Paxtocá y el acceso a Quiché, en Los Chorros.

Debido al clamor popular contra el cobro excesivo de la compañía eléctrica Distribuidora de Electricidad de Occidente Sociedad Anónima (DEOCSA) y la eliminación de la carrera de magisterio, la Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán convocó a la ocupación de la carretera. Desde la tarde anterior, los 48 cantones habían llamado a los comerciantes a no presentarse al día siguiente debido a la manifestación que se organizaba. Asimismo, en la noche del 3 de octubre, los alcaldes ya habían anunciado la toma de las carreteras. En su actualización nocturna, Prensa Libre ya había anunciado en su página de internet esta noticia, por lo que, sin duda, el Estado estaba alerta e informado de lo sucedido. De manera que si nos atenemos a la información divulgada, la fuerza armada estatal, policía y ejército, tenía por lo menos un margen de 14 horas para planificar desde antes de la medianoche su actuación ante el cierre de las vías. Claro, esto basándonos en la información pública, que corre muy por detrás de la inteligencia estatal.

Desde la mañana hubo presencia policial en el área. En Cuatro Caminos, alrededor de 50 policías antimotines hacían acto de presencia hacia las ocho de la mañana. Mientras tanto, líderes de los 48 cantones, incluyendo a la lideresa Carmen Tacam, intentaban negociar con Casa Presidencial. Sin embargo, hacia las dos de la tarde, miembros gubernamentales en la Casa Presidencial impidieron el paso de los líderes afirmando que el presidente Otto Pérez Molina no estaba disponible.

Mientras tanto, se movilizaron decenas de patrullas y, por lo menos, dos camiones con soldados de fuerzas especiales del ejército, así como automóviles oficiales de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). Es decir, el presidente no estaba disponible en Casa Presidencial mientras que fuerzas antimotines, ejército y automóviles gubernamentales se acercaban al bloqueo.

Más tarde, en entrevista televisada, el ministro de gobernación relataría su versión: ante la negativa de desocupar las carreteras, la policía utilizó bombas lacrimógenas y reservistas del ejército se presentaron a auxiliar a dichos antimotines. Amparándose en un decreto de operaciones conjuntas, López Bonilla justificó la presencia de ambas fuerzas armadas del Estado. Sin embargo, aseguró que el ejército no llevaba armas de fuego. Al contrario, dijo, los casquillos de bala que se habían encontrado eran de escopetas particulares, y la mayoría de los heridos habían sido golpeados por machetes u otros artefactos punzocortantes. De manera que se había generado una riña entre la misma población y un ataque alterno de los comunitarios a los policías y al ejército, fuese con piedras o quemando varios camiones, incluyendo uno del ejército, con resultado de 7 soldados heridos.

En posteriores declaraciones a la televisión, el ministro de gobernación, López Bonilla, declaraba que este procedimiento de presión comunitaria era un “chantaje” al presidente Pérez Molina y que, ante todo, debía ser respetada la libre locomoción de los guatemaltecos. Manifestaba López cómo la fuerza pública reaccionó ante una emboscada sobre la carretera, en un punto cercano a la cumbre de Alaska.

¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de esta versión oficial? Primero, el derecho a la locomoción era el punto justificante del uso de la fuerza estatal armada. El procedimiento era una advertencia durante la mañana y aplicar el desalojo en la tarde. Segundo, necesitaron de reservistas del ejército para apoyar en operaciones conjuntas a los antimotines. Ambos iban supuestamente desarmados, haciéndose presentes patrullas y camiones y utilizando bombas lacrimógenas. Tercero, hubo dos momentos de reacción y defensa estatal. Uno, los camiones del ejército emboscados, según afirmó López. Dos, los machetazos que se dieron entre sí los comunitarios, de nuevo según López, y los balazos del guardia de seguridad de un camión particular (según Prensa Libre).

Entre estos incidentes hubo decenas de hombres y mujeres intoxicadas por las bombas lacrimógenas, al menos 34 heridos de distinta índole y, según cifras que varían, cuatro muertos -según el periódico estatal Diario de Centroamérica-, seis campesinos muertos –para Prensa Libre– o siete muertos –a decir de El Periódico-. Por ahora, la cantidad de muertos que se maneja es siete. El periódico Siglo 21 presenta como asesinados a Santos Nicolás Hernández, Jesús Francisco Puac, Arturo Félix Fapón, Eusebio Josué Puac, Jesús Cano, Santos Nicolás Menchú y Rafael Batz. Posiblemente todos ellos hayan muerto por balazo.

Por su parte, ¿cómo relatan lo sucedido hasta el momento los comunitarios de Totonicapán? La toma de las carreteras en la jurisdicción de Totonicapán, cercano a Sololá y Quetzaltenango, fue una decisión organizada por el descontento popular. La Asociación 48 Cantones había decidido expresar este malestar por al alto costo de la electricidad, la eliminación de la carrera de magisterio y como repudio a las reformas constitucionales deseadas por el presidente Pérez Molina y el Partido Patriota. Las demandas habían sido planteadas con claridad y sin confusión. Un examen más detenido de quienes tomaron la carretera nos mostraría, como participantes, a campesinos y comerciantes con dificultad para pagar la luz, jóvenes estudiantes y sus familiares, a quienes se les niega el magisterio.

Mostrando una de las mejores organizaciones comunales en toda Guatemala y Centroamérica, los 48 cantones había establecido caminos de presión (mediante la toma de carreteras) y negociación-diálogo con la presidencia. Sin embargo, hay un punto a tener en cuenta y que, se espera, pueda ser comprobado en el futuro cuando se disponga de mayor información. La negociación fue demorada e, incluso, evitada por parte del Estado. Hacia las dos de la tarde, López Bonilla manifestaba que el operativo de desalojo se suspendería por un acuerdo alcanzado entre el ejecutivo y los líderes de 48 Cantones Totonicapán. Sin embargo, mientras López declaraba esto, los antimotines arremetieron contra los comuneros que protestaban, primero en la aldea Xecacbox, luego en Cumbre de Alaska y Cuatro Caminos. Según afirmó la valiente lideresa Tacam, en conferencia de prensa junto al presidente Pérez Molina, “… quienes estuvieron en la manifestación nos dijeron que fueron personas del ejército quienes habían disparado en contra de ellos…”

De acuerdo a Tacam, los asesinados, así como los heridos y heridas, pertenecían a las comunidades de Pasajoj, Chipuac, Vásquez y Panquix, todas aldeas de Totonicapán. Al preguntarle un reportero si conocían respecto a infiltrados en la manifestación, Tacam respondió negativamente, pero declaró que las autoridades k’iche no iban armados, sino llevaban la vara de la autoridad comunitaria.

A partir de la reconstrucción de las notas periodísticas podemos tener algunas ideas preliminares. Primero, la manifestación y la toma de carreteras estaba dirigida por, tal vez, la organización cantonal-comunitaria más preparada y coordinada de Guatemala. En la pasada década, los 48 Cantones se habían manifestado en 1998 contra el Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), siendo Álvaro Arzú presidente. Asimismo, en agosto de 2012 habían detenido el proyecto de imposición tributaria de Alfonso Portillo y, años después, en duro enfrentamiento, habían evitado la privatización del agua con las protestas contra la Ley de Aguas impulsada por Oscar Berger.

Segundo, recientemente se venía caldeando el ánimo en los 48 Cantones ante el incremento del costo de la luz eléctrica, habiendo tomado los líderes k’iche, por algunas horas, las instalaciones de Deocsa en Totonicapán. En ese entonces, Prensa Libre indicaba: “Los líderes de los 48 Cantones demandan que se anule un contrato realizado por las mil lámparas públicas, ya que el costo del alumbrado se incrementó pese a que  representantes de Deocsa aseguraron que iba a bajar;  además, exigieron que se suba a 200 kilovatios la tarifa social, y se preste un mejor servicio. Según el gobernador, los funcionarios no pudieron ser convocados de manera inmediata pero se comprometieron a llegar el próximo martes”.

Tercero, las protestas y la voluntad de negociación fueron estrategias paralelas de los 48 Cantones, realistas si consideramos que como mínimo desde mayo han sido nulos los abordajes a los excesivos cobros de Deocsa. No obstante, las 14 horas de las que dispuso -como mínimo- el gobierno de Pérez Molina fueron utilizadas estratégicamente para preparar el enfrentamiento. Durante la mañana, como suele pasar con otras tomas de carreteras, se hace presente un contingente policiaco y se procede al desalojo hacia mediodía. Aquí las mesas de negociación estaban planificadas paralelamente por 48 Cantones por lo que, si hubo demora o tácticas de retraso, se debió a un plan consecuente con un enfrentamiento posterior.

Cuarto, la Procuraduría de los Derechos Humanos reportó la presencia de balas de Galil, utilizadas históricamente por el ejército desde la contrainsurgencia en la década de 1970. Y quinto, el Estado y algunos medios impresos han utilizado, hasta ahora, distintos argumentos: machetazos entre campesinos, disparos de guardia de camión privado, civiles situados desde un camión iniciaron los disparos contra el contingente del ejército quien, luego de ser atacado, respondió. El ejército utilizó similares argumentos, por ejemplo, en la masacre de q’eqchí en Panzós, el 29 de mayo 1978.

Las autoridades estatales negaron la represión y el asesinato. No obstante el argumento estatal, contradictorio evidentemente, las comunidades de Totonicapán están velando a siete muertos en San Miguel. Se han decretado tres días de luto a nivel local, los negocios han cerrado en el departamento del comercio y decenas de heridos son curados en los abarrotados hospitales y clínicas municipales. Desde esta situación cabe preguntarse concretamente, ¿cómo se venía expresando la crisis social en este departamento de Guatemala?

II. Totonicapán y las olas de la apropiación capitalista

El capital, al igual que los demonios de Dante, adquiere la forma y la apariencia del momento en el que ejerce su violencia. Para un ojo atento al proceso de producción y sensible a lo particular, la violencia de su conformación desborda, tanto en la mercancía-café o lata de atún, como en el salario, fruto de la valorización del proceso productivo y, por ende, de la explotación humana. En Guatemala las caras del capital se han mostrado distintas en su unidad, allí donde el violento despojo de tierras anuncia la producción de palma africana, donde la hidroeléctrica impuesta está acompañada del alto precio del servicio eléctrico.

Pero también el capital cambia su cara y su fusil por la ley estatal y el esmoquin del presidente. Ante la crisis presupuestaria lanza deuda flotante y elimina lo superfluo: el magisterio en el ministerio de educación, las medicinas en el ministerio de salud, jubilación en la previsión social del ministerio de trabajo. Estos no son ejemplos al azar, son un recorrido del proceso de intensificación del ataque capitalista-estatal. Pero, ¿por qué osamos unir el Estado al capital en este momento de violencia en Guatemala? ¿Qué acaso las escuelas e, incluso, la ciencia política no nos enseñaron que el estado es un ente neutral y rector de la sociedad, mediador de lo económico y lo político? ¿No hemos visto, siquiera, cómo los periódicos comerciales o investigativos recriminan al estado que no cumple sus obligaciones con los ciudadanos? Bueno, veamos lo concreto del ataque social en Guatemala y lancémoslo, como pregunta, por cómo se está viviendo en otras regiones, países y sociedades.

Los años 2010 y 2011 fueron dramáticos para las comunidades q’eqchi en el departamento de Alta Verapaz y sur de Petén. En el valle del Polochic, municipio oriental del primer departamento, la ola de ataque a las comunidades indígenas se ejerció a través del despojo de tierras. Policías antimotines apoyados por el ejército quemaron los ranchos de los q’eqchi y lanzaron bombas lacrimógenas. Una de ellas, trágicamente, directamente a la cabeza de un comunitario quien, al momento, murió. Las comunidades eran golpeadas por el fetiche de la propiedad y de la producción agrexportadora. La familia Widman, en ese entonces, era la personificación del movimiento del capital, justamente en las mismas tierras que habían sido propiedad de Flavio Monzón, cómplice directo de la masacre de Panzós en mayo de 1978. La bota finquera se actualizaba, de nuevo, en el dinero de los Widman y en la represión, privada y pública, capitalista y estatal, contra la comunidad indígena. Pero no hay que olvidar, allí donde el capital expropia tierras y medios de producción deja, solemnemente, alternativas de sobrevivencia. Ahora estas familias q’eqchi podían engrosar el mercado laboral, fuese en la misma palma africana o en la fabricación de camisas en Carolina del Norte, Estados Unidos. La propiedad privada allá en el norte y aquí en el centro es, pues, hermana de sangre. Humana evidentemente.

En mayo de este año (2012), estalló el conflicto latente entre la comunidad q’anjobal de Barillas, Huehuetenango y un proyecto hidroeléctrico. La palma africana se volvía, ahora, caudal eléctrico para el mercado energético de Chiapas, México. En ese entonces guardias de seguridad de la hidroeléctrica asesinaron a dos campesinos, lo cual indignó a las aldeas cercanas de Barillas y gente del casco urbano. Decididos a tomar a los asesinos irrumpieron en el destacamento militar donde, según creían, los tenían resguardados. Este primer momento del conflicto pudo haber finalizado en una masacre pero, al contrario, no fue dirigida la orden de disparar contra el grupo. No obstante, inmediatamente se coordinó el plan militar para ocupar Barillas y declarar estado de sitio.

Cientos de soldados llegaron a ocupar la cabecera municipal, iniciaron arrestos arbitrarios e intimidaron los caseríos donde, previamente, habían huido muchos hombres a las montañas. Alrededor de 15 días duró el Estado de Sitio luego de que abruptamente el presidente Pérez Molina cancelara la operación. Posiblemente fue importante la insistente protesta y marcha de organizaciones sociales, aunque no unilateralmente determinante. En aquel entonces quedó algo claro, el movimiento del capital, particularizado en las hidroeléctricas, había provocado el asesinato de comuneros en resistencia y, a la vez, promovido las condiciones para una amenazante intervención militar en una región, otrora, asolada por la peor campaña contrainsurgente de la América contemporánea. La circulación de la mercancía-eléctrica es pariente de los planes estatales mexicanos de consumo energético de este pueblo fronterizo.

Así, en este año 2012 llegó al poder ministerial otro momento del capital. Su nombre es Cynthia del Águila. Ministra de educación, Del Águila ha llevado con intransigencia un violento plan de reforma que, bajo la excusa de la mejorar la calidad educativa, pretende eliminar la carrera de magisterio para el nivel secundaria en toda Guatemala, así como suspender la educación a distancia (Telesecundaria). Claro, si bien estos cambios son generales, afectará sobre todo al de por sí marchito sistema de educación pública. En esta instancia miles de jóvenes, en su mayoría hijas e hijos de campesinos y trabajadores, luchaban por finalizar estudios a nivel secundario y, posteriormente, emplearse. Al contrario, para quienes la vocación de la enseñanza sea fuerte y logren agenciarse de fondos, la opción de Del Águila fue crear el magisterio como carrera universitaria. Es decir, 5 años de estudios universitarios posteriores a los dos invertidos en el bachillerato.

Para un país fundado sobre la contrarrevolución de 1954 y especializado, a nivel latinoamericano, en la represión campesina, no hacen falta maestros. Pero en el fondo había algo más. Al eliminar el magisterio, se reduce la presión de miles de maestros graduados que no encuentran trabajo ni en escuelas públicas ni privadas. Además se liberan fondos del agobiado presupuesto estatal, el cual seguirá disminuyendo gastos en la salud, la educación e invertirá, cada vez más, en sostener la nueva forma de apropiación capitalista y su defensa encarnecida. Cuando el presidente Pérez Molina, o Colom, o Peña Nieto (México) o Porfirio Lobo (Honduras), o Daniel Ortega (Nicaragua) hablan del llamado a la inversión de capital, lo hacen de manera general, sin especificar qué conformación llegará y, más bien, recitando el catecismo de la generación de empleo. En el fondo, algunos de ellos llaman a la despenalización de las drogas para legalizar sus negocios, otros ofrecen territorios enteros para la minería y otros, somocistas vestidos de rojo, ofrecen al capital la explotación interoceánica del río San Juan.

Totonicapán es un departamento distinto al resto en toda Guatemala. Mayoritariamente habitado por indígenas k’iche, ha desarrollado históricamente redes de comercio regional, especialmente con la segunda ciudad más importante de Guatemala, Quetzaltenango, así como con la franja agroexportadora de la Costa Sur. Sus productos llegaban hasta mercados en Panamá y Suiza desde finales de la década de 1960. Asimismo, su relación con el Estado durante la guerra (1960-1996) había sido de negociación, pese a que ciertos grupos y municipios habían participado (sobre todo Santa Lucía la Reforma y Santa María Chiquimula).La negociación con el poder central se había consolidado, fuese con batallones indígenas en Momostenango en el siglo XIX o con élites dirigentes con vínculos en Quetzaltenango y ciudad de Guatemala.

Entre 1978 y 1983, Totonicapán prefirió establecer un control autonómico mientras se alejaba de las organizaciones revolucionarias. En este sentido, las Patrullas de Autodefensa Civil fueron organizadas entre el ejército y los líderes comunitarios en la región. Por polémico que parezca, logró de esta manera librarse de la peor campaña contrainsurgente de América Latina, especialmente entre 1981 y 1983 en todo el Altiplano indígena de Guatemala.

Esta cohesión interna de Totonicapán le permitió tener una fuerza de negociación y liderazgo, producto de luchas históricas y de alianzas estratégicas. De manera que mientras la organización comunitaria era destruida en los vecinos departamentos de Quiché, Huehuetenango y Chimaltenango, aquí se mantuvo una conformación particular de base comunitaria. Históricamente, los municipios comerciales (San Miguel, Momostenango, San Francisco el Alto) dirigieron las tendencias generales del departamento, sobre todo, por encima de municipios más pobres y donde había calado más el movimiento revolucionario (Santa María Chiquimula y Santa Lucía la Reforma).

Pese a estas luchas y marginaciones internas, Totonicapán como departamento ha podido consolidarse a nivel nacional e internacional en un ejemplo de dirigencia y autogestión comunitaria. Los 48 Cantones han logrado mantenerse con fuerza y han sido verdaderos bastiones de la defensa comunitaria. Pero, si históricamente habían logrado presencia efectiva y habían demostrado capacidad de negociación estatal, ¿por qué el Estado, personificado ahora en el presidente Pérez Molina y el ejército, dispararon contra las comunidades que habían tomado las carreteras en su jurisdicción? Veamos.

III. Lo que el Estado y la apropiación capitalista no pueden aceptar de los 48 Cantones.

Una cosa es la historia de negociación y otro el momento histórico que se impone como brutal. ¿Contra qué estaban ocupando la carretera Interamericana las comunidades indígenas de los 48 Cantones? Tres eran sus demandas, claras como el agua: contra el alto costo de la energía eléctrica administrada por la empresa Deocsa; contra la eliminación del magisterio del nivel secundario en toda Guatemala; contra las reformas constitucionales promovidas por el Partido Patriota y el presidente, general Otto Pérez Molina.

La primera, respecto la energía eléctrica de Deocsa, es una demanda muy concreta, con nombre y apellido. A partir de la ola de privatizaciones, parciales o totales, desde el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000), la energía eléctrica se ha ido constituyendo en el monopolio de capital español en toda Guatemala y Centroamérica. Para una región comercial como lo es Totonicapán, especialmente sus pueblos-cabecera, la luz eléctrica es un verdadero motor de sobrevivencia. Asimismo, junto a la lucha comunitaria por llevar electricidad a las aldeas alejadas, se destaca el impulso del capital por construir torres de señal telefónica-celular.

Esta tendencia no es específica y limitada a Totonicapán. Serios conflictos han surgido por los cobros excesivos de electricidad en la Costa Sur (Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu), así como en Quiché y Chimaltenango. Por supuesto, varían dependiendo del momento del capital y de su relación con otros proyectos, sea la telefonía privada o la infraestructura de una planificada hidroeléctrica. Es sabido que delante de una minera o de una hidroeléctrica vienen las condiciones mínimas de su explotación y comercialización, sean carreteras, cableado o torres eléctricas. Todo capital productivo tiene como momento de su realización la inversión en capital constante. Así pues, si la importancia del mercado energético es la ganancia comercial (pagos a Deocsa) o la ganancia productiva (hidroeléctrica, minería), luego el Estado-Capital no puede permitir que los 48 Cantones sienten el ejemplo del detenimiento de la expansión. Si lo permitiesen atrás podría venir la comunidad organizada en Quiché, Chimaltenango y la Costa Sur.

Segundo, la eliminación del magisterio. Si bien cada vez es más fuerte el empobrecimiento, las redes comerciales en Totonicapán han permitido costear los estudios a miles de jóvenes k’iche. Habiendo sido punta de lanza del movimiento social que dejó el trabajo en las fincas, Totonicapán y Quetzaltenango han sido centrales en lo que respecta la profesionalización del indígena. Del trabajo comercial al trabajo en servicios (por ejemplo la educación) hay un pequeño paso, después de todo ambos son momentos de la mercantilización del producto y del trabajo. Por eso es tan vital para Totonicapán el pronunciarse en contra del magisterio, precisamente porque esta decisión estatal quebrará una reproducción actual y en potencia. ¿Cuántas serán las familias que puedan costear los estudios universitarios de sus hijos una vez invertidos los primeros once años de educación primaria, básica y de bachillerato?

De nuevo, esta situación no está limitada a Totonicapán, miles de jóvenes en departamentos tan alejados como Zacapa, Chiquimula y Guatemala sufren esta posibilidad. La diferencia radica en que la organización unitaria, aunque diversa, de los 48 Cantones es una instancia de proyección nacional. Aquí ya no se disputa contra jóvenes, hijos de obreros y trabajadoras, provenientes de barrios marginales y enfrentados, solos, a cientos de policías antimotines. Los 48 Cantones opuestos a la eliminación del magisterio es la revuelta de toda una región, históricamente determinante, de Guatemala y Centroamérica. Allí no son los barrios marginales de Guatemala, mantenidos en la zozobra por las maras, las drogas y la represión estatal, sino comunidades con capacidad autonómica y de denuncia internacional. Esta demostración no la puede permitir el Estado en Guatemala. Tampoco la pueden apoyar los capitales interesados en salvar el presupuesto nacional sin una reforma tributaria a sus bolsillos. Segundo llamado a la represión a través de este enfrentamiento.

Tercero, las reformas constitucionales de Pérez Molina. Anteriormente ya he abordado este punto, por lo que sólo haré un análisis de las líneas generales en consonancia con las dos demandas anteriores. Guatemala, en tanto Estado, ha venido sufriendo una enorme crisis para su reproducción. En el fondo cuando nos referimos a la reproducción estatal estamos hablando de la reproducción de las relaciones de dominación, de la organización de la propiedad privada y el mantenimiento de la producción enfocada en el lucro, el capitalismo.

La crisis se incrementa desde el gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), de discurso social-demócrata. En ese entonces recalcitrantes sectores del capital comercial y agroexportador pegaron el grito al cielo. Se crearon divisiones entre las organizaciones capitalistas (CACIF, Cámara del Agro, Banrural), así como se estuvo a punto de un golpe de estado a partir de la muerte de Rodrigo Rosenberg. Las clases dominantes salían de blanco a manifestar en el centro de la ciudad, con camisas blancas. Se creó un discurso de movilización ciudadana “de verdad” y se humillaba a los grupos movilizados por el gobierno de Colom en el Parque Central.

Estos grupos vestidos de blanco idearon una manera de combatir cívicamente a los grupos llevados por Colom: les enseñaron billetes de cincuenta quetzales para evidenciarles que habían sido comprados, contrario a ellos que llegaban por propia voluntad e indignación frente al supuesto presidente asesino. Pero, ¿por qué se enardecieron tanto estos grupos que apenas habían puesto un pie en la deteriorada zona 1 de ciudad de Guatemala? Atrás, como un furor del pasado, estaba el terror y desprecio al populacho en Álvaro Colom y Sandra Torres. La crisis del capital (2008-2009) ya estaba pegando fuerte el sinsentido de la dominación clasista en Guatemala. No era posible que el esposo de una supuesta exguerrillera estuviera promoviendo, sin más, la inversión presupuestaria del Estado en programas de ayuda condicionada, comedores solidarios.

Atrás del discurso de repentina ciudadanía activa se movían las fuerzas de apropiación del crédito estatal a través de Banrural, enorme conflicto entre cooperativistas, asociados al Estado, y la tajada del pastel del capital comercial guatemalteco. Colom se libró apenas de su derrocamiento. Sin embargo pagó el enorme precio de convertir su alusión a Árbenz y a Oliverio Castañeda de León en la manta impotente que cubría los violentos desalojos de q’eqchi en el valle del Polochic, ya mencionados.

Desde esta crisis se empezaron a consolidar las alianzas para la postulación de un gobierno demostrado, históricamente, a favor del orden y del imperio de la ley. ¿Quién mejor que Pérez Molina, ex teniente de la Fuerza de Tarea Gumarcaj, coordinador del plan de contrainsurgencia en la rebelde región ixil en 1982 y 1983? ¿Quién mejor, a la vez, que este mismo teniente partícipe del exterminio contrainsurgente fuese signatario de los Acuerdos de Paz en 1996? No sería un gobierno más, sino el gobierno encargado de llevar a cabo la reconfiguración estatal. Pese a esto, el llamado “sector privado” ha desconfiado de su acercamiento a organizaciones campesinas, magisteriales y sindicales. No ha querido otorgarle el beneplácito de una transformación estatal que renueva, sin dudas, la tradición de centralización estatal en Guatemala. Algo temen por debajo de las aguas.

Pero quienes más deben de temer son las comunidades campesinas, indígenas o mestizas, de occidente o de oriente. Hay un punto en común entre el capital y el Estado, su horizonte solo puede ampliarse si se reduce el de las comunidades concretas, si se disminuye el presupuesto en la reproducción mínima de la vida y se deposita en las arcas del capital. Así, pues, pese a que el CACIF declaró su «consternación por la pérdida de vidas humanas» en Totonicapán, recuerda en su punto cuarto que se debe “…respetar el Estado de Derecho”, lo cual implica “…garantizar un equilibrio entre los derechos y deberes de todos los ciudadanos, sobre todo, el respeto irrestricto a las autoridades”. De manera que lamenta la muerte de vidas humanas – no menciona el nombre de quienes murieron: Santos Hernández Menchú, José Puac, Arturo Sapón, Jesús Caxaj, Jesús Puac y Rafael Batz – y, a la vez, restablece como fin último el Estado de Derecho y el “respeto irrestricto a las autoridades”.

Puede que el CACIF no esté de acuerdo, en algunos puntos sustanciales, con las reformas constitucionales de Pérez Molina, pero no olviden las múltiples caras del capital-Estado tienen algo en común: dicen vivir a partir de la subordinación humana. Así pues las exequias empresariales llegaron mientras los ministros y el presiente buscan una nueva justificación. Eso de parte de ellos. En el otro lado, las comunidades k’iche en el parque de San Miguel Totonicapán velan seis ataúdes cubiertas con tejidos locales. Mientras el Estado-capital selló con la muerte los ojos de los comunitarios rebeldes, quienes les lloran los despiden con el colorido de una promesa, un tejido k’iche y la indignación como promesa de organización para lo que se viene

Reflexión. Los ríos de Totonicapán

«[…] a la vez le pedimos al pueblo de Totonicapán que sigamos unidos, en su momento lo manifesté. Nosotros a pesar de todo lo que pueda pasar seguimos en la lucha porque nuestro objetivo es buscar el bien común y siempre lo tenemos claro. »

Palabras pronunciadas por Carmen Tacam, lideresa de los 48 Cantones, justo a la par del general Pérez Molina. (4-10-2012).

El capital sabe muy bien donde ha disparado. Desde Totonicapán se nutren los principales ríos de Guatemala, como el Chixoy o Motagua. Sus bosques comunales han sido un ejemplo de organización social en varios de sus municipios. Sus bosques alimentan estos ríos a través de todo el Altiplano y de los valles orientales. El agua es vida, pero también la memoria.

Un tal Lucas, como diría Cortázar, pero en esta ocasión de apellido Aguilar, fue uno de los principales líderes comunitarios en las revueltas k’iche de 1811 a 1822 en Totonicapán. Se suele recordar más al principal Atanasio Tzul, pero es necesario también hablar de Lucas Aguilar. De origen pobre, comunero, macehual, Lucas Aguilar desafió tanto a las autoridades coloniales españolas como a las indígenas. En todo caso, el movimiento rebelde contra la reintroducción de tributos y servicios personales derivó, sin duda, en una de las chispas que atemorizaron a las elites coloniales y militares de la soberbia ciudad de Guatemala, en el Valle de la Ermita. La mañana del 5 de octubre, el cielo amaneció completamente despejado en Guatemala. Hacia el occidente, el volcán de Fuego lanzó una nube de cenizas. En el horizonte, un volcán amenazaba con hacer erupción. ¿Estarán listos los corazones y los puños en todo el Altiplano y la Costa Sur, en los altos Cuchumatanes o en los valles de Tecpán, en las fértiles tierras de Masagua o la rebelde Xalapán para, de nuevo, insuflarle la fuerza de la dignidad a su propia respiración? Sin duda alguna estas preguntas están alimentadas por los ríos de Totonicapán que, hoy, nos recorren el recuerdo, el cuerpo y la disposición organizada.

Publicado el 15 de Octubre de 2012