“Ante los resultados del peritaje emitido por el INAH en el cual confirma la afectación al pueblo Yaqui al negarle su derecho al agua y a la vida,  el Estado mexicano permanece callado, sólo exige dar por terminada la consulta y dejar que la obra siga”, denuncia Mario Luna Romero, autoridad del pueblo Yaqui, en su participación durante el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas que se realiza en la ciudad de Nueva York del 9 al 20 de mayo.

Con la presencia de la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, el Presidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Álvaro Pop, y más de mil representantes de pueblos indios provenientes de todas las regiones del mundo, Mario Luna Romero expuso la situación actual del milenario pueblo Yaqui:

“Hoy en día seguimos enfrentando la misma ansia de despojo por parte de los programas de Estado diseñados desde un escritorio, que reflejan el desprecio por la vida de nuestros pueblos originarios al promover a partir del año 2010, la redistribución de volúmenes de agua sin que les importe que con esta acción, impulsada desde todos los niveles de gobierno, se despoje del vital líquido a una región, en beneficio de otra con mayor capacidad tecnológica y económica”.

“Desde entonces, el pueblo Yaqui ha recorrido los caminos de la legalidad y ha acudido a todas las instancias institucionales que tiene el Estado mexicano en defensa de nuestro derecho humano al agua y a la vida.  La más alta institución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos concedió la razón, ordenando que se respete y otorgue el derecho de audiencia al pueblo por medio de una consulta libre, previa e informada basad en estándares internacionales” añade Mario Luna en su exposición ante la ONU y continúa: “este ordenamiento no se ha cumplido cabalmente, ya que las instituciones encargadas de su aplicación han sido omisas y tendenciosas en su actuación, al pretender con la consulta, que sea un mero requisito para validar el despojo de nuestro derecho ancestral y humano al agua del Río Yaqui, que nos da nombre y articula nuestra existencia comunitaria”.

De forma adicional, las instituciones mexicanas solicitaron a la SCJN una sentencia aclaratoria, que puntualizó que en caso de que se aprecie, denuncie o demuestre que el megaproyecto del Acueducto Independencia y el trasvase de agua que pretende, afecte de forma irreparable la disponibilidad de agua a la que tiene derecho el pueblo Yaqui, “debe suspenderse y cancelar el proyecto y las obras, sin importar la fase del proceso en que se encuentre la consulta ordenada”.

A solicitud de las dependencias de gobierno encargadas y del mismo pueblo Yaqui, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un peritaje para determinar el grado de afectación. La determinación pública del INAH es que la operación del acueducto afecta gravemente la disponibilidad presente y futura del agua, recomendando la cancelación inmediata de las obras.

“Ante el resultado negativo del peritaje, el Estado mexicano permanece callado. Solo mantiene la exigencia de dar por terminada la consulta y que las obras realizadas operen de forma mínima, violentando, de forma evidente, el estado de derecho”, precisó Mario Luna en su intervención.

Al concluir que el Estado no les ha satisfecho su exigencia de respeto y justicia para su pueblo, Mario Luna solicitó la intervención de la Relatora y su presencia en Sonora para tener constancia en el sitio de lo que hoy aquí se denuncia. Luna agregó la situación acerca del nivel de riesgo que viven las y los defensores de derechos humanos del pueblo Yaqui a quienes se les han otorgado más de seis medidas cautelares.

El Foro Permanente en Cuestiones Indígenas de la ONU, que sesiona actualmente en Nueva York,  tiene como temas centrales del debate a los pueblos indígenas y los conflictos, su resolución y la paz. Las recomendaciones que aquí se emitan serán elevadas al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC).

Durante la apertura del Foro, el nuevo presidente de esa instancia, Álvaro Pop, indígena maya q’eqchi de Guatemala, subrayó que la globalización acelerada y la búsqueda de nuevos sitios para explotar recursos naturales han aumentado el número de conflictos en los territorios de los pueblos indígenas.