Ciudad de México | Desinformémonos. Un juez de distrito en la Ciudad de México ordenó el resguardo de los memoriales de desaparecidos que cuatro familias instalaron frente al Palacio Nacional desde enero de este año, y que fueron retirados el 15 de marzo por militares, “a fin de evitar que el gobierno federal los destruya”, informaron la Glorieta de las y los Desaparecidos, la Red Regional de Familias Migrantes, Huellas de la Memoria, entre otras organizaciones y colectivos de búsqueda.
La orden del juez es resultado de un amparo interpuesto por las familias que como forma de exigir atención a sus casos e interpelar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador instalaron los memoriales de Óscar Antonio López Enamorado, joven migrante hondureño desaparecido en Jalisco en 2010; Antonio Verástegui y su hijo Antonio de Jesús, desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Coahuila; Alejandro Alfonso Moreno Baca, desaparecido el 27 de enero de 2011 en Nuevo León; y Marco Antonio Amador Martínez, joven migrante hondureño desaparecido en Tamaulipas el 11 de marzo del 2013.
Las familias señalaron que si bien la decisión del juez es “un primer paso para defender y garantizar el derecho a la memoria”, su exigencia no sólo es el resguardo de los memoriales, sino también su reinstalación y que se considere en la suspensión definitiva que solicitar un permiso para ello es restrictivo de sus derechos a la memoria y a la protesta.
Tan sólo este martes, un nuevo memorial fue colocado frente al Palacio Nacional con el rostro y datos de Mauricio Aguilar Leroux desaparecido, el 27 de mayo de 2011 en Córdoba, Veracruz. Los familiares exigieron a las autoridades que respeten el nuevo memorial y “no cometan las mismas violaciones” que cometieron con los de sus seres queridos desaparecidos.
Además del amparo, las cuatro familias presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero que la institución no consideró que la memoria es un derecho y “han estimado que el retiro de los memoriales no representa una violación a los derechos humanos”, por lo que se mantendrán atentas a la notificación de esta determinación.
Las familias reiteraron que a pesar de los ataques por parte de las autoridades contra sus expresiones de memoria mantendrán su lucha contra el olvido y hasta que, aseguraron, “tengamos de regreso a nuestros familiares y el Estado asuma su responsabilidad de garantizarnos justicia, y de que busque y encuentre con vida a todas las personas desaparecidas, connacionales y migrantes”.
“No nos cansaremos de mostrar el rostro de nuestros familiares y seguiremos haciendo memoria contra la desaparición”, concluyeron.
