México, Distrito Federal. Marduk sonríe y afirma que le encanta la calle, que la quiere recorrer toda. Después de dos meses de prisión, acusado falsamente de robar un teléfono, y presionado por todo el aparato de justicia para declararse culpable, el joven de 26 años señala que su percepción de las autoridades no cambió con su encarcelamiento porque “de por sí no les tenía mucho cariño antes”. Cuando va en auto voltea hacia atrás para revisar que no lo siga la policía, pero no es miedo, afirma: “La persecución cotidiana todos la conocemos y te dicta que tengas precaución”.

En otro momento y en otra zona de la capital del país, en las afueras de la agencia 50 del Ministerio Público capitalino, familiares, activistas y abogados esperan la salida de 15 de los 22 jóvenes detenidos durante el ataque policiaco a la marcha que coincidentemente conmemoró otro episodio represivo, el del 10 de junio de 1971. Los videos oficiales visibilizan el ataque de provocadores a la policía, mientras que las imágenes difundidas en las redes sociales, dieron cuenta de la detención arbitraria de los activistas, jóvenes en su mayoría, que fueron acusados de daño en propiedad ajena, ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública. “Hablan de enfrentamientos, pero no hay un solo policía herido”, aclara Sergio Soto, abogado de otros jóvenes que fueron detenidos en circunstancias similares el 1 de diciembre de 2012 y de Marduk Chimalli.

Las detenciones arbitrarias contra jóvenes en el Distrito Federal no se centran solamente en los opositores políticos. Cuando los reggaetoneros y los aficionados a los equipos de futbol caen bajo la represión gubernamental, se les acusa de un delito de corte político, y de ataques a la paz pública. Los jóvenes capitalinos se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad; no existen políticas públicas que les garanticen educación, deporte, información sobre sus derechos sexuales  ni acceso a los bienes culturales, apunta el abogado Soto. Además, se enfrentan al talante represivo de toda la clase política mexicana, que busca controlarlos ideológica y físicamente pues “no acepta que son libertarios; quiere que estén todos en su casa a las diez de la noche”, señala el defensor.

Luis Arévalo, zapatero y promotor del arte y los oficios en Tepito, barrio céntrico de la ciudad de México estereotipado como nido de delincuentes, considera que los jóvenes no son libres porque no tienen opciones de futuro: “No tienen una capacitación para hacer un trabajo útil y están presos de los vicios y el comercio informal”, señala el promotor, acostumbrado a trabajar con jóvenes que viven en ambientes de violencia.

Arévalo señala que en Tepito, sitiado en estos momentos por un dispositivo policiaco especial, los muchachos ven a sus profesores con el mismo par de zapatos todo el año y prefieren salirse de la escuela y poner un puesto en el tianguis para no estar igual que ellos. “Los jóvenes no tienen referencias de que estudiar sirva de algo”, señala Arévalo, quien considera que es necesario ofrecer cultura y capacitación a las nuevas generaciones. Hay acciones de gobierno, señala, pero a ellos los tienen abandonados. Los beneficios de las acciones de gobierno dirigidas a los jóvenes “se concentran en el centro de la ciudad y en los barrios de clase media. La periferia social está abandonada”, señala por su parte el antropólogo Luis de la Peña.

La Ciudad de México tiene el menor porcentaje de jóvenes entre los estados de la República Mexicana, con un 26.9 por ciento de su población entre los 15 y los 29 años. La mayor parte de ellos se encuentran en el tránsito hacia la vida laboral, mientras que en el resto del país pasan de la educación media superior a la superior, de acuerdo con el Breve Análisis sobre la situación de los jóvenes de México y el Distrito Federal del grupo “DFiniendo mi ciudad”.  El documento reconoce que hay una saturación del mercado laboral y de los estudios superiores para los jóvenes, y que la discriminación por apariencia los relega al mercado informal y a la inseguridad.

Mancera, Ebrard y Peña Nieto contra “el enemigo”

Las políticas de gobierno del ejecutivo federal y del gobierno capitalino hacia los jóvenes son cercanas, considera Soto. “No hay diferencia en la forma de gobernar; recordemos también que el secretario de Seguridad Pública y el procurador del Distrito federal responden también ante la presidencia de la República”, agrega. El abogado, que trabajó en la defensa de los jóvenes detenidos el 1 de diciembre, resalta que la trayectoria de Mancera es muy cercana a los cuerpos policiacos y eso influye en la concepción que tiene de los jóvenes como enemigos.

El 1 de diciembre, la protesta fue por un tema federal “pero fueron las autoridades locales quienes instrumentaron la represión; hay un giro ideológico de la izquierda electoral hacia posiciones conservadoras, acordes con el modelo neoliberal y priista”, evalúa Soto. La actuación del gobierno local, apunta, pretende inhibir la participación política de los jóvenes.

Para las autoridades, coinciden Soto y De la Peña, los jóvenes resultan peligrosos porque no son dóciles, tienen distintas formas de convivir y representan una ruptura con las instituciones de gobierno. “Cuestionan la legitimidad del gobierno y no se sienten representados”, agrega Soto; además, “siempre existirá la ruptura generacional”, sentencia de la Peña. Aunque el discurso institucional se dirige a los jóvenes “para conservar la apariencia progresista”, señala el antropólogo, se refiere a un joven “clasemediero y bien portado” y las imágenes que usa se remiten a las subculturas que dominaron en los años noventa, “como los darketos y los punks”.

“Ahora tienen una fuerte presencia grupos como los guapiteños y las tepichulas, los mazahuacholoskatopunk, y los gays; es un abanico muy grande que no puedes encasillar”, señala el antropólogo, que considera que la criminalización que viven estos jóvenes de la periferia social “parte del desprecio y la estigmatización de estructuras acartonadas de gobierno, que intentan absorberlos”, pero también de la sociedad. “Los treintañeros tenemos un discurso muy fuerte contra los reggaetoneros”, ejemplifica. Soto precisa que “hay una criminalización de los jóvenes de clase media baja, que tiene que ver mucho con su forma de vestir”. En el operativo para detener a reggaetoneros en julio de 2012, los padres de muchos detenidos acusaron que a sus hijos los detuvieron simplemente por su ropa.

A finales de marzo se hizo público el caso de Jonathan Zamora, que fue detenido y golpeado por ser homosexual: “Iba caminando hacia a mi casa y de repente se paró una patrulla para preguntarme qué estaba haciendo a esa hora y si había tomado. Les dije que sí, pero que no estaba haciendo nada malo. De todas formas me obligaron a que me subiera y cuando les pregunté por qué, me contestaron ‘por andar de puto’”, narró en entrevista con La Jornada el joven agredido.

Inhibir la participación política

El modus operandi para controlar a los jóvenes en las protestas políticas consiste en un grupo –sin filiación ideológica aparente- que provoca a los granaderos, advierte el abogado Sergio Soto. Los policías no reaccionan al instante, pero poco tiempo después y en lugares diferentes al del enfrentamiento, comienzan a detener a jóvenes participantes en la protesta, sobre todo a los que graban las actuaciones de las fuerzas del orden y no al grupo provocador. Esto sucedió tanto en las protestas contra la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2012, como durante la marcha en conmemoración de la masacre de estudiantes del 10 de junio de 1971, indica el defensor.

La actuación de la policía ya mereció una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que señaló la necesidad de democratizar la actuación de los cuerpos policiacos, es decir, que intervengan actores de la sociedad civil en su control.  Los derechos violados por la actuación discriminatoria de las autoridades comprenden la libertad personal, la libre manifestación de las ideas y la seguridad jurídica. De acuerdo con el abogado, la mayor parte de las personas que sufren detenciones arbitrarias en la capital del país son jóvenes.

Aunque redadas parecidas sucedieron durante la década de los setentas, señala Soto, en esos años no existieron las redes sociales y los aparatos electrónicos que hoy permiten que los jóvenes tomen videos y desnuden la actuación represiva y autoritaria del Estado.

Las detenciones arbitrarias en el Distrito Federal no se ceban solamente en los opositores políticos, coinciden los entrevistados. Cuando los reggaetoneros y los aficionados a los equipos de futbol caen bajo la represión gubernamental, se les acusa de un delito de corte político: los ataques a la paz pública. Aunque el delito ya no se considera grave a raíz de las protestas contra la actuación policiaca el 1 de diciembre, todavía hay jóvenes encarcelados por enfrentamientos masivos con los cuerpos de seguridad y los 14 acusados durante el 1 de diciembre siguen bajo proceso. “A pesar de que las autoridades aceptaron la recomendación 7/2013, no se han desistido de las acusaciones, no implementaron protocolos de actuación para los policías ni se investiga al ministerio público y a la juez que permitió las actuaciones ilegales”, describe el abogado, quien califica a la citada recomendación como “histórica” porque se dirige a los tres poderes.

Sin opciones

En el Distrito Federal, 48 por ciento de mujeres y 56 por ciento de las personas encarceladas son menores de 30 años, acusados en su mayoría de delitos contra el patrimonio, como el robo. “Aunque no son la mayoría de los encarcelados, sí entran en una escalada: empiezan por un robo y luego hay una progresión cuando cometen actos delictivos”, señala De la Peña, colaborador de ASILEGAL, organización que trabaja con población vulnerable en los reclusorios.

De la Peña señala que “el Estado no ofrece alternativas; las organizaciones no gubernamentales tienen algunas propuestas pero no acaban de afianzarse; y lo grupos de izquierda tampoco, porque siguen anclados en discursos del socialismo de los setentas y el anarquismo de Proudhon; no ofrecen alternativas de organización”.

Es responsabilidad del gobierno dar opciones de desarrollo a la población joven para que puedan trabajar o estudiar sin encajonarlos, en vez de tratarlos con una visión penal y policiaca, señala Soto. “Deben tener opciones para realizar actividades satisfactorias, porque a lo mejor no todos tienen la capacidad o la inclinación a estudiar”, concuerda De la Peña.

Al resto de la sociedad le toca “hacer comunidad de nuevo; está difícil, pero no hay de otra”, señala el promotor cultural Arévalo. A los jóvenes les corresponde “participar decididamente en política y ejercer su ciudadanía”, considera Soto.