Ciudad de México | Desinformémonos. “Solicito, a nombre de toda mi generación, que la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ CDMX), revoque la propuesta de no ejercicio de acción penal enviada por la Agente del Ministerio Público (MP), Rocío Adriana Cerón Méndez”, dijo a Desinformémonos, Eduardo Ochoa Rivera, integrante del comité organizador de la fiesta de graduación de más de 900 alumnas y alumnos de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que fueron, “defraudados por 900 mil pesos” por la empresa Punto y Coma Eventos, a través de su representante y dueño Luis Fernando Sánchez Martínez.
Alumnas y alumnos de la generación 2013-2016, de dicha universidad, denunciaron el fraude del que fueron víctimas el año pasado. “El 17 de octubre de 2015 y previas pláticas firmamos el contrato para una fiesta para mil 300 personas. Pagamos mes con mes hasta julio de este año en que Sánchez Martínez nos dijo que no tenía el dinero de la fiesta ni como responder. Hay un daño económico para nosotros y nuestras familias que ahorraron durante un año, hay un daño moral por el fraude y todo el desgaste derivado del proceso legal y el daño irreparable de no haber podido celebrar nuestra graduación”.
Luisa Amanda Rivero, abogada en Rivero y Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien es una de las representantes legales de las y los estudiantes, explicó a Desinformémonos, que desde agosto se presentaron pruebas que considera: “oportunas, pertinentes e importantes para demostrar que además el fraude se hizo con dolo”, ya que, abundó, existen otras denuncias interpuestas una en la Delegación Benito Juárez y otra en la Delegación Cuauhtémoc.
Ochoa refiere que han tenido comunicación con al menos dos escuelas que afirman haber sido víctimas del mismo delito por la misma empresa. Una es la carrera de arquitectura de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y la otra es la Universidad Tres Culturas.
Aunque existen también las “entrevistas”, antes llamadas declaraciones, que las y los estudiantes hicieron en la delegación Benito Juárez en julio de 2015, la MP, Cerón, bajo el argumento de que en los registros de investigación que obran en la carpeta son: “incumplimiento de contrato”, se trata, dice, de competencia civil y no penal. “Nosotros como abogados, estamos claros por lo que atacamos ambas vías, tanto la penal como la civil”, aclaró.
Por su parte, Ochoa consideró que determinar la no acción penal es un acto de “violación a su deber de investigar y de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia al actuar, con esta decisión, a favor del señor Sánchez”, por lo que también solicitó a la PGJ CDMX, ordene se sigan con las investigaciones y se desahoguen las pruebas que las víctimas presentaron para acreditar el delito de fraude.
Con estos hechos, acusó Rivero, “ya se han violado el derecho a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia, el deber de investigar, y a la debida diligencia”.
Por otro lado, señalan las y los graduados, que la empresa Punto y Coma Eventos, ofrece sus servicios, para la organización de fiestas de graduación, con un permiso brindado por el Patronato Universitario, quienes siguen otorgando licencia, para utilizar la marca (escudo), de la Universidad en los artículos de graduación que ofrece.
Al respecto, Rivero señaló que el patronato debe hacer una revisión para garantizar la seguridad de las y los estudiantes que contratan servicios de estas empresas que cuentan con el aval de la Universidad por lo que dicha instancia tendría que confirmar las garantías que las empresas brindan para seguridad del alumnado.
Por lo anterior, solicitaron a la UNAM que tome medidas de prevención de este tipo de delitos en perjuicio del patrimonio de las y los estudiantes. Al Patronato Universitario y a la Dirección General del Patrimonio Universitario, solicitan que: “implemente mecanismos más rigurosos y cuidadosos al momento de celebrar convenios con empresas productoras y comerciantes para la legal explotación de las marcas de la Institución, a fin de que brinden real y efectiva seguridad a los alumnos al momento de contratar y adquirir paquetes y/o artículos de graduación”.
Los hechos se dieron el 17 de octubre de 2015, con la firma del contrato de servicios con la empresa, las y los estudiantes comienzan con los preparativos y pagos para la fiesta de graduación que se celebraría el 21 de julio de 2016 en el Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas. El 10 de julio de 2016, Luis Fernando Sánchez Martínez comenzó evadir comunicación con el Comité Organizador de la fiesta, integrado por Erika Rodríguez Bortolotti, Hugo Aguilera Serrano y Eduardo Ochoa Rivera; por lo que el 15 de julio se pusieron en contacto con la encargada de organización de eventos del Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas, quien les manifestó que la fecha para su celebración no estaba programada y que en ningún momento se hizo algún anticipo para la misma.
Ante tal situación el 16 de julio de 2016, el Comité, en representación de las y los alumnos se presentaron ante la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Benito Juárez a denunciar el delito de fraude cometido por Luis Fernando Sánchez Martínez, representante y dueño de la empresa Punto y Coma Eventos, por lo que se dio inicio a la carpeta de investigación 03187/07-2016 de la cual hasta ahora y a pesar de que los representantes jurídicos han presentado pruebas, se decide el no ejercicio de la acción penal, por lo que hoy las y los estudiantes hacen el llamado a las autoridades para revocar la propuesta de no ejercicio de acción penal y seguirán actuando de manera conjunta para acceder a la justicia.
