Los padres de Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, denunciaron la desaparición de su niña desde el primer momento, es decir, desde aquél 13 de enero de 2016 cuando se percataron de que la menor no llegó a su escuela, lugar al que se dirigía.

Sin embargo, las autoridades de Tlaxcala tardaron 21 días en activar la Alerta Amber, sistema para la búsqueda, localización y recuperación de menores de edad desaparecidos. Hoy nada se sabe de Karla pero el mecanismo ya fue desactivado. La pesquisa con los datos básicos de la niña, incluida su fotografía, aún aparece el sitio web de la Alerta Amber pero con el indicativo, en rojo, de “desactivada”.

Miriam Pascual, abogada de la familia, refiere que respecto de la tardanza en la activación de este sistema, Alicia Fragoso Sánchez, procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, se justificó mostrando a los padres y representantes legales de Karla la captura de pantalla de una cuenta no oficial de Facebook con apenas 1 mil seguidores en la que la funcionaria habría compartido el aviso de desaparición de la menor en los días posteriores al hecho, acción que, por supuesto, no es la Alerta Amber. En lo que respecta a la desactivación de esta Alerta, hecho que data del 15 de febrero pasado, las autoridades locales le explicaron que ésta tiene una temporalidad, misma que “ya se venció”.

Derivado de lo anterior, Miriam Pascual enfatiza en la falta de protocolos por parte del gobierno de Tlaxcala para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Refiere desconocer si se trata de un asunto de ignorancia u omisión gubernamental, pero señala que el hecho es grave en cualquiera de los casos.

En el caso de Karla, la inacción de las autoridades se agrava puesto que la niña despareció en San Pablo del Monte, Tlaxcala, lugar que, de acuerdo con estudios de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido identificado como uno de los focos rojos del fenómeno de la trata de mujeres en el país. “¿Cómo es posible que la procuradora de Tlaxcala no haya tomado esto en consideración para valorar el riesgo en el que se encuentra la menor?”, cuestiona.

La también integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social comenta que después de varias gestiones, el caso de Karla fue atraído por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Es así que la instancia dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) incluyó la pesquisa con los datos básicos de esta niña en su portal de difusión ¿Has visto a…?

A la luz de esta experiencia, Miriam Pascual se pregunta qué ocurre con todos esos casos de menores desaparecidas, cuyos familiares no cuentan con abogados o personas cercanas que los asesoren respecto de qué hacer; de cómo movilizarse ante las instancias oficiales correspondientes.

El panorama es, inevitablemente, desalentador: ¿Si en el caso de Karla, que cuenta con una defensa legal que conoce de la materia y que logró que la averiguación previa sea atraída por la Fevimtra, no se ha logrado dar con el paradero a más de 40 días de desaparición, qué se puede esperar en otros casos?