En el informe de la CIDH se analiza el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

Las y los defensores en la región son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento con el fin de paralizar o deslegimitar las causas que defienden. Nos resulta de suma preocupación que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensores y defensoras no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho.

Ciertos grupos de defensores y defensoras se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones. Este es el caso de los defensores del derecho a la tierra y el medio ambiente por parte de líderes y lideresas campesinos, indígenas, afro-descendientes, la defensa de los derechos laborales por parte de líderes y lideresas sindicales, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans.

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