El debate sobre el éxodo centroamericano se ha centrado en especulaciones sobre las causas del notable aumento en los últimos meses, en observaciones sobre los cambios en la composición de los flujos y argumentos sobre qué hacer al respecto.

Mientras no haya evidencias para sostenerla, se debe descartar la hipótesis de que el éxodo y las múltiples caravanas que han pasado recientemente por México responden a una manipulación por parte de distintas fuerzas políticas y económicas, sean el partido republicano o demócrata en EEUU, partidos políticos en Honduras u ONG que supuestamente lucran con la migración. Simplemente no existen tales evidencias a pesar de los cientos de testimonios registrados e investigaciones realizadas desde que empezó el fenómeno de las caravanas.

Entonces es urgente ver las causas que expulsan a la gente en sus países de origen y lo que casi no se ve en el debate es un análisis actualizado y desmenuzado de las condiciones en los lugares de donde sale la mayor parte de la gente —Honduras, Guatemala y El Salvador. Este tipo de análisis es indispensable para cualquier propuesta de soluciones de corto o largo plazo. Enseguida, nomás unos apuntes para el análisis.

1. Los países de origen enfrentan crisis políticas. Esta semana, manifestaciones contra reformas en salud y educación que alegan llevarían a la privatización de servicios y despidos masivos en Honduras, han dejado dos muertos según reportes y cientos de heridos después de la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Las manifestaciones han sido constantes desde las elecciones fraudulentas para la presidencia en 2017, e incluso antes, desde el golpe de estado en 2009.

En Guatemala, las protestas contra Jimmy Morales por encubrir la corrupción en su gobierno, se han intensificado a la par de las medidas represivas y en víspera de elecciones. Se incrementan los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos.

Estas crisis están suprimidas en la prensa, en parte por la falta de libertad de expresión —Honduras acaba de bajar cinco puntos en la lista respectiva para colocarse en el lugar 146 de 180 países. Son factores ignorados en la migración por los expertos en el tema, a la vez que Trump criminaliza a las víctimas y los progresistas en EE.UU. proponen más ayuda a regímenes altamente cuestionados por sus propias poblaciones.

2. El neoliberalismo es un sistema criminal estructural que no puede garantizar seguridad a la población. El neoliberalismo que domina en estos países no es tanto un modelo económico, sino un sistema para la sustracción de riqueza por parte de grandes corporaciones transnacionales, especuladores financieros y élites políticas aliadas. En los hechos, está construido sobre la base de un entramado de economías criminales y como tal ha exacerbado las condiciones de inseguridad humana en la región de Centroamérica y México.

En este país la economía sumergida que ha resultado es enorme. Abarca el tráfico de sustancias prohibidas —un mercado negro que se creó para solapar todo tipo de prácticas ilegales y para servir como vaso comunicante entre recursos legales e ilegales—, el huachicoleo que el presidente López Obrador calcula en unos $70 mil millones de pesos al año, la corrupción y extorsión, y la economía informal que se ha convertido en más de la mitad del mercado de trabajo y en la quinta parte de la economía a partir del libre comercio. Contempla también los flujos financieros ilícitos (la fuga ilegal de capital), calculados por el Global Financial Integrity en $77,400 millones de USD entre 1980 y 2010.

La ilegalidad inherente en el modelo neoliberal exige tener gobernantes cómplices que cumplen con el papel de simular un estado de derecho, a la vez encubriendo el verdadero funcionamiento de la economía. Si no pueden convencer a la población que el sistema es el único y por ende el mejor posible, los gobernantes tienen que estar dispuestos a recurrir a la tergiversación de las leyes y la represión de su propia gente. Los fraudes electorales en Honduras y en México, los esfuerzos para sostener gobiernos corruptos en Guatemala y mantener en la impunidad a gobiernos corruptos en El Salvador son también imperativos del sistema neoliberal. La desigualdad y la violencia son endémicas al sistema y no se puede resolver la crisis humanitaria tras el éxodo centroamericano sin reconocerlo.

Las políticas y prácticas actuales, tanto del gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador como de Donald Trump, no solo no resuelvan la crisis humanitaria, sino la están agravando. El gobierno racista de Trump lo sabe —se apuesta abiertamente a la agudización de la crisis para apretar las medidas de restricción y construir una base electoral sobre el miedo de una “invasión”. Por esta razón, no invierte ni invertirá en procesar a los solicitantes de asilo en su país ni en resolver las causas de la migración en América Central, causas que las políticas estadunidenses han fomentado tras décadas de políticas de saqueo y represión.

Por su parte, el gobierno mexicano aún no ha presentado un plan integral para la migración y su actuación ha sido errática. Es preocupante que para dirigirse a “las causas raíces” propone un programa de inversiones en conjunto con el gobierno de Trump si se supone que no comparten ni el diagnóstico del problema ni las propuestas de solución. El gobierno de AMLO formalmente ha marcado una postura anti-neoliberal y pro-derechos y la política de Trump está dirigida por promotores de la supremacía blanca.

La tarea de trazar una política justa sobre migración en el país se complica por la falta de información precisa y la abundancia de noticias falsas que genera el gobierno de EEUU, los medios comerciales y a veces integrantes del propio gobierno. Salió hace unas semanas la alarma de una “caravana madre” de 20,000 personas, de la Secretaria de Seguridad Interior de EEUU, que fue repitida por la Secretaría de Gobernación. Nunca exisitió. Luego la secretaria Olga Sánchez tuvo que admitir que fue falsa la información y utilizó la frase lamentable de que había “caravanas madrecitas” que sumaron unos 5 mil personas para justificar el error. El 23 de abril anunció que 300,000 migrantes entraron en los primeros tres meses, una cifra que no se ha podido confirmar.

Con un racismo y xenofobia crecientes en México, es sumamente importante evitar declaraciones falsas y alarmistas y contar con datos fiables. No son números sin antecedentes en la historia, ni flujos imposibles de absorber, ni ejércitos invasores. Son seres humanos que merecen un lugar seguro y políticas públicas que garanticen sus derechos y rompan definitivamente con las políticas que llevaron a la crisis humanitaria de hoy, cuando intentan, una vez más, culpar a las víctimas en lugar de extender la mano.