El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, indicó este sábado que no todo lo relacionado con las protestas anunciadas para los próximos días en el país tienen tintes ilegales y que el Gobierno de esa nación suramericana «bajo ninguna circunstancia pretende criminalizar a los campesinos».

En declaraciones ofrecidas en Bogotá, capital del país, Pinzón agregó que los organismos de seguridad del Estado habían detectado organizaciones criminales infiltradas, y en algunos casos, la coparticipación en su organización, refiriéndose al paro agrario convocado para este lunes en Colombia.

El funcionario afirmó que el Gobierno «pretende protegerlos, trabajar con ellos, y la Fuerza Pública está ahí para acompañarlos y para cumplir con su deber de seguir atendiendo cualquier necesidad que tengan los ciudadanos y en particular los campesinos».

Expresó, además, que el Gobierno de Colombia y las autoridades respetan la libre protesta pero tienen el deber de asegurarse que ésta se haga en el marco de la ley. “Que no haya una violación de los derechos de los demás ciudadanos, que no se atente contra la vida, la honra y la tranquilidad de los ciudadanos en general», concluyó.

En horas de la mañana de este sábado, los campesinos colombianos representados en el grupo de Dignidad Agropecuaria, ratificaron que este lunes retomarán el paro iniciado en agosto pasado tras no lograr un consenso con el ministerio de Agricultura.

Los dirigentes agrarios señalaron que tras varias reuniones con el Gobierno, no hubo acuerdos con el ministro de la cartera, Rubén Darío Lizarralde, para tratar de evitar la protesta. Ratificaron que seguirán en conversaciones con el Ejecutivo.

El líder de Dignidad Agropecuaria, César Pachón, dijo a la prensa que en esta reunión se dejó claro que no hay políticas agropecuarias ni de medio ambiente ni para el transporte.

Sostuvo que los cafeteros, arroceros, cacaoteros, lecheros, paperos y cebolleros, trabajan con altos costos en insumos, abonos y plaguicidas, la incursión minero energética y el abuso contra los páramos.

El pasado 18 de marzo, al menos 12 mil personas protestaron en Bogotá para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos el cumplimiento de sus promesas para la mejora del sector agrícola, que reclama haber sido perjudicado por los tratados de libre comercio con EE.UU. y algunos países de Europa.

El tema agrario fue el primer punto de acuerdo entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), en los diálogos que iniciaron en noviembre del 2012 en Cuba para poner fin al conflicto que azota al país desde hace 50 años. Ambas partes pactaron una reforma agraria para distribuir zonas de cultivo a los campesinos sin tierra, mediante la creación de un gran fondo de tierras.