Un total de 62 escuelas en la ciudad de Acapulco, Guerrero, han suspendido clases de forma parcial y otras 17 han echado el cierre, ante las extorsiones e inseguridad que reciben por parte del crimen organizado, según declaraciones del delegado de la Secretaría de Gobernación, Erick Castro Ibarra, quien ha señalado que les exigen una parte de su aguinaldo.
Unos 3 mil 500 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) del Estado de Guerrero, marcharon el viernes 13 de noviembre en el puerto de Acapulco para exigir mejores condiciones de seguridad. También condenaron el ataque policial que sufrieron los normalistas de Ayotzinapa el miércoles 11 de noviembre en Tixtla, donde resultaron heridos 20 alumnos y otros 13 fueron detenidos.
Los maestros señalaron que la situación en Acapulco se extiende y es igual en la mayoría de los municipios de Guerrero y que la evaluación a su trabajo debido a la reforma educativa no contempla estos aspectos como las extorsiones e insrguridad que provocan la suspensión de clases, que también afectan a su trabajo y al desempeño.
Los campus univeristarios también están siendo blanco de secuestros y extorsiones. El pasado 21 octubre, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) hizo un “llamado humanitario” a los captores de un estudiante de Medicina Veterinaria, para que lo liberen con vida pues “los universitarios son gente tranquila que no busca problemas”. El titular de la UAGro denunció públicamente las llamadas de extorsión que él y algunos directores de las escuelas ubicadas en la Costa Chica de Guerrero han recibido recientemente para pedirles “cosas”.
Guerrero se desangra
En la última semana, al menos 34 personas han sido asesinadas en Guerrero, y entre estas muertes se han registrado dos matanzas masivas en las que han muerto cuatro menores de edad.
Uno de estos episodios ocurrió el lunes 9 de noviembre en Chilapa, donde un comando mató a seis personas, entre ellos dos menores de edad. Entre las víctimas había por lo menos un familiar del ex Secretario de Seguridad Pública, Silvestre Carreto González.
El domingo, en el municipio de Cuajinicuilapa, hombres armados asesinaron a 12 personas, entre ellas se identificó a una mujer y a dos menores de edad. La agresión fue perpetrada en un taller mecánico habilitado clandestinamente para peleas de gallos. Extraoficialmente se informó que la agresión fue contra el jefe de la plaza de una organización criminal.
Ese mismo día, cuatro hombres fallecieron en Acapulco; tres de ellos fueron asesinados en un predio habilitado para jugar futbol en la colonia Izazaga donde además resultaron dos heridos.
A todos estos sucesos, hay que sumar 11 personas desaparecidas, tras el enfrentamiento armado entre miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y 500 presuntos criminales en la localidad de El Naranjo, en el norte de Chichihualco, sierra de Guerrero. Los militares intervinieron deteniendo a 60 miembros de la UPOEG y estos fueron liberados después que unos 800 habitantes de varios pueblos de los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo que integran la Unión de Comisarios de la Sierra de Guerrero, bloquearan el paso a los soldados en Carrizal de Bravo, según informa El Sur de Acapulco.
En una postura inédita, los obispos de Guerrero hicieron público un pronunciamiento que abrió la puerta a un debate polémico: la posibilidad de dialogar con los grupos del crimen organizado. De inmediato el nuevo gobernador priista Héctor Astudillo Flores manifestó su rechazo a una iniciativa de tal naturaleza.
Foto: Cuartoscuro
