México. Hombres y mujeres que han perdido a sus hijas marcharon centenares de kilómetros para denunciar que las desapariciones de mujeres en Chihuahua, y específicamente en Ciudad  Juárez, continúan, lo mismo que la impunidad de los criminales, y para exigir la atención del gobierno.

Entre el martes 15 y el lunes 21 de enero de 2013, el Comité de Madres y Familiares con Hijas Desaparecidas de Ciudad Juárez recorrió alrededor de 370 kilómetros por la carretera que une a la ciudad fronteriza con la capital del estado. Durante ese trayecto, que en algunos momentos se llevó a cabo con temperaturas de hasta 13 grados bajo cero, se negaron a recibir los apoyos que les ofrecía el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

A éste último iba dirigida la protesta, en exigencia de que el Comité tuviera una audiencia pública para exponerle una serie de demandas relacionadas con la desaparición y asesinato de mujeres jóvenes en Juárez, fenómeno que en los últimos años, en el contexto de militarización del estado, no sólo sigue ocurriendo, sino que se ha incrementado ante la nula disposición de las autoridades por hacer algo al respecto.

A las desapariciones -con especial énfasis en los últimos cinco años, muchas de ellas realizadas en el mismísimo centro de la ciudad y a plena luz del día-, se agregan 14 tan sólo en lo que va de 2013, según alerta el propio grupo de familiares.

Algunas de estas madres y familiares comenzaron con su lucha cuando Marisela Escobedo todavía denunciaba al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, antes de ser ejecutada ella misma a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, ya durante la gubernatura de César Duarte. En la memoria de estas madres está presente el ejemplo de Marisela, quien tuvo que investigar ella misma la desaparición de su hija; descubrir que el asesino era la pareja de Rubí,  Sergio Rafael Barraza Bocanegra; perseguirlo hasta el estado de Zacatecas y prácticamente entregarlo a las autoridades. Posteriormente, el propio asesino confeso, quien guió a la policía hasta el lugar donde había arrojado los restos de Rubí, sería absuelto por unanimidad, ya que según declararon los jueces, el Ministerio Público “no logró acreditar la causa de muerte.”

La lucha incansable de Marisela continuó hasta que fue asesinada en diciembre de 2010, después de hacer una caminata similar a la que en estos días comenzaron un grupo de cinco personas y que creció a cerca de 40.

Los alimentos, agua y la atención médica ofrecida por el gobierno no fueron rechazados porque al Comité le sobren recursos; decidieron no recibir ningún apoyo del gobierno porque no quieren ser engañados una vez más, como ha ocurrido en varias ocasiones en los más de dos años de existencia de esta agrupación de familiares.

En ese tiempo, las autoridades les han prometido agilizar las investigaciones y dar respuesta sobre el paradero de las jóvenes, como cuando en febrero de 2012, junto con sus familiares, velaron el cuerpo de Jessica Leticia Peña, joven de 17 años encontrada junto con otros restos de mujeres en fosas clandestinas en el Valle de Juárez.[1] El ataúd permaneció durante tres días en la explanada de la Fiscalía del Estado, hasta que el propio ejecutivo estatal, César Duarte les prometió la identificación de los cuerpos hallados en las fosas, dar celeridad a las investigaciones y remover a los funcionarios ineptos.

Además de ello, el Comité ha participado en distintas protestas, marchas, foros, y plantones en la Fiscalía, en donde incluso pernoctan el Día de las Madres, protestando y acompañándose, como dicen ellas, por ser un día especialmente difícil por no tener nada que festejar.

Aun con toda esta lucha pocas veces han encontrado cabida en la agenda gubernamental y, hay que decirlo, también en la de muchas organizaciones sociales,  por lo que les resultó sorpresiva su presencia y solidaridad, que agradecieron en todo momento.

Quizá el acompañamiento se debe a que se trata de un comité diferente, compuesto en su absoluta mayoría por familiares de jóvenes desaparecidas, sin intermediarios, que en el proceso de acompañarse han tenido que aprender a investigar, asesorarse jurídicamente y elaborar estrategias de comunicación y difusión; humildes, pero creativas, precarias, pero tenaces.

¡Son nuestras hijas, no mercancía!

Después de lograr la llegada a Chihuahua con los pies llenos de ampollas, presas del cansancio, era difícil creer cómo se había iniciado la caminata. Comenzó sin preparación alguna, sin contar con los elementos indispensables para realizar una protesta de esas características: atravesar una parte del desierto de Chihuahua en invierno, en una zona en la que en los últimos cinco años han sido asesinadas más de 10 mil personas, y en la que narcotraficantes, militares y federales sostienen una disputa territorial por controlar una de las principales rutas de tránsito hacia los Estados Unidos.

Los familiares no contaban con ropa ni zapatos adecuados; tampoco tenían dinero, ni siquiera un plan de acción para desarrollar la movilización. No faltaron el hostigamiento y el intento de boicot de la caminata por distintos medios, con patrullas que “resguardaron” la caminata, o con los ofrecimientos de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género[2], que les ofrecían comida, agua y abandonar la caminata, subirse a los vehículos para acabar con el cansancio. Incluso hubo incidentes con Organizaciones No Gubernamentales de Chihuahua, que ofrecieron ser intermediarias para conseguir la audiencia, pero estos intentos no prosperaron ante la firmeza de las y los familiares.

Muchos pensarán que es falta de experiencia y cálculo político y puede ser así, pero también es algo quizá más valioso que eso. Fue una respuesta de indignación ante la ineptitud y falta de sensibilidad gubernamental que desde hace un par de años ha reconocido que en el Servicio Médico Forense de Juárez se encuentran restos de cuerpos de mujeres sobre los que ni siquiera hay claridad sobre su número.

Desde la noticia de la existencia de estos cuerpos, cuando el propio gobernador del estado les reveló que se trataba de cinco personas, las cifras se han modificado, entre versiones oficiales, datos aportados por gente anteriormente involucrada en las investigaciones (como el equipo médico forense argentino), y el conteo que durante su incansable lucha han podido recabar las y los familiares de las jóvenes desaparecidas.[3] Se podría tratar hasta de 230 mujeres, como señaló Francisca Galván, la representante jurídica del Comité, quien también realizó el recorrido hasta Chihuahua capital.

Pero esto no queda ahí. El límite de la paciencia llegó para los familiares al corroborar que la estrategia del gobierno consistía en entregar los cuerpos a cuentagotas, intentando con ello desmovilizar a algunos familiares y al mismo tiempo seguir simulando la realización de investigaciones.

La última vez que esto ocurrió fue el 13 de enero pasado, cuando Ana Hernández, madre de Beatriz Alejandra Hernández Trejo recibió sin mayor consideración dos fragmentos de hueso como restos de su hija. Además de ofrecer su solidaridad a la familia, el Comité decidió dirigirse hacia la capital del estado para expresar su hartazgo. Los demás hijos e hijas se quedaron encargados con los maridos, los hermanos mayores o incluso vecinos.

Todo este esfuerzo que fue respaldado durante la movilización por colectivos y organizaciones solidarias como El Barzón, Resissste, Pastoral Obrera, La Otra Campaña, el #Yosoy132 de Juárez, entre otras, volvió a poner la atención sobre la enorme herida  que representa la violencia hacia las mujeres en el estado. Y está claro que no sólo se trata de desapariciones o asesinatos, sino también de trata de personas y lo que se presenta como un gran negocio, en el que la humanidad de estas jóvenes es mercantilizada por intereses poderosos que en 20 años no han sido tocados por las autoridades.

Desde antes de llegar a Chihuahua capital, las madres y familiares del Comité intuían que no serían recibidas por Duarte, incluso habían advertido que de ser así, seguirían su recorrido hasta la ciudad de México para buscar una audiencia con el jefe del ejecutivo federal. Apresuraron el paso para poder entrevistarse con el gobernador, de quien sabían tenía compromisos fuera del estado.

Las largas y frías jornadas de caminata de los familiares no impidieron que abandonara Chihuahua para el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el estado de Chiapas. Según testimonios de participantes en el contingente de la caminata, ningún funcionario salió a recibirlos; una comisión de familiares tuvo que entrar hasta la oficina del Secretario de Gobierno para firmar el acuse de recibo del pliego petitorio al que se había dado lectura a las afueras del Palacio de Gobierno, donde también se colocó una ofrenda en la placa que recuerda el lugar donde algo más de dos años antes fue asesinada Marisela Escobedo.

El pliego petitorio

Ante la complejidad de esta problemática, el Comité de Madres y Familiares de Jóvenes Desaparecidas elaboró un pliego petitorio de seis puntos que apunta al esclarecimiento de este fenómeno en sus distintas expresiones.

El primero de ellos exige la entrega inmediata de los restos óseos que se encuentran desde hace años en el SEMEFO; el segundo, que se den respuestas y explicaciones claras en presencia de expertos en la materia a las madres que han solicitado la opinión de un segundo dictamen de ADN -que lleve a la certeza de la identificación genética de los restos óseos- como resultado de la desesperante experiencia de los últimos años en la entrega de los restos por parte de la Fiscalía estatal.

El tercer punto del pliego petitorio exige que se responda de manera clara sobre cuáles son las estructuras que permiten la desaparición y privación de la libertad de las jóvenes, la autoría intelectual y material de los feminicidios, así como quiénes son los responsables de lucrar con la trata de personas de la que son víctimas las jóvenes del estado, y de enterrar de forma deliberada osamentas de mujeres en el Valle de Juárez.

Finalmente, en relación a ese punto, establecer las complicidades de funcionarios del gobierno por comisión, omisión y aquiescencia en estos crímenes. En cuanto al papel del ejecutivo del estado y a ocho años de haber sido creada la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes, el cuarto punto establece la importancia de saber qué gestiones concretas se han realizado para tipificar el delito de desaparición de personas, buscando con ello que de manera expedita se abran las averiguaciones correspondientes que generen responsabilidad jurídica y seguimiento de los casos.

El quinto punto exige los resultados de las investigaciones para la búsqueda y localización con vida de cada uno de los casos de jóvenes desaparecidas y la explicación de las líneas de investigación a los familiares. El último punto pide una explicación amplia y clara sobre la investigación en torno a los desaparecidos en el Estado. Finalmente, solicitan la atención y solidaridad internacional para evaluar los procedimientos llevados a cabo para investigar la desaparición de personas en México.

Ante la ausencia de Duarte, las y los familiares establecieron un plazo de 30 días para que a través de los canales establecidos y públicos, se diera solución a la demanda de audiencia y solución al pliego petitorio antes de acudir a otras instancias. La respuesta fue rápida: la reunión con el gobernador se llevará a cabo el 31 de enero en Chihuahua capital. Los familiares volverán a recorrer ese camino en busca de justicia.