La captura de El Marro, José Antonio Yépez Ortiz, el flagelo de Guanajuato, fue anunciada por el gobierno de la misma manera como se ha anunciado la captura de docenas de capos en los gobiernos anteriores —la foto de prensa, figura disminuida e impotente, agarrado entre soldados uniformados con caras tapadas y armas largas, la imagen que busca mostrar que el poder está en manos del estado, que macho domina macho. La diferencia es que los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron, junto con el gobierno de los Estados Unidos, los artífices de la guerra contra las drogas que tantas vidas ha cobrado, y el gobierno de AMLO entró con el compromiso de frenar la guerra y reemplazarla con otro modelo de seguridad pública.

Sin embargo, parece seguir el mismo guion. Los programas sociales son una estrategia de largo plazo, sin duda necesaria, pero el eje de acción inmediata sigue siendo la fuerza militarizada concentrada contra ciertos capos. La complicidad y la impunidad siguen siendo las condiciones que permiten el control territorial del crimen. Nadie esperaba milagros después del 1 de julio, pero tampoco se preveía los niveles récord de violencia que México enfrenta ahora.

Las razones son muy complejas, entre ellas quizás la más importante es que en el fondo, no ha cambiado el modelo. Visto de manera superficial, la captura de El Marro es un logro, no se trata de dejar de aplicar la ley contra estos megalómanos de masculinidad tóxica, matones para quienes una vida humana solo tiene valor en función de sus propios intereses. Y el hecho de que se llevó a cabo sin sangre y se rescató a una secuestrada muestra cierta capacidad técnica de operación y salvó una vida.

El problema es la estrategia. ¿Dónde se debe enfocar el esfuerzo? ¿Cómo se inserta esta acción en una estrategia de seguridad, que se supone es diferente de la que se implantó en el gobierno de Calderón? ¿Y qué sigue al espectáculo de la detención?

La estrategia de captura de capos, el “kingpin strategy” en inglés, fue desarrollada por la DEA en Estados Unidos e impuesta en México con Calderón, apoyada con más de 3 mil millones de dólares a través de la Iniciativa Mérida. El objetivo es identificar y desmantelar “CPOTs”, blancos prioritarios definidos como los traficantes más importantes “para que sea imposible el restablecimiento de la misma organización criminal y se elimine por completo la fuente de las drogas que distribuyen,” en palabras de la DEA.

Las conclusiones de una investigación sobre la DEA en América Latina por parte del Programa de las Américas son contundentes: la estrategia nunca ha funcionado. De hecho, el restablecimiento de las organizaciones criminales —dentro de la misma organización, o en grupitos fragmentados, o en otro grupo que toma el control del territorio— es siempre el resultado de la supresión de un capo. No se encontró un solo caso documentado de eliminación, ni siquiera reducción, de los flujos ilícitos como resultado de descabezar a un cartel.

Peor aún, la estrategia de quitar capos no es una vía a la pacificación —es una fórmula para la guerra perpetua. En México, existe una larga experiencia que nos muestra que los resultados son negativos, en el corto, mediano y largo plazo. Se incrementa la violencia. Si un cartel logra el control eliminando la disputa, a veces disminuye la violencia en este lugar, para trasladar el centro del conflicto a otro. La corrupción e impunidad siguen intactas.

Los métodos de inteligencia y perseguimiento por parte del estado bajo este modelo implican prácticas de muy dudosa ética, entre ellas el espionaje, el uso de informantes criminales, negociaciones para dar trato preferencial a traficantes matones o secuestradores menores con el supuesto fin de atrapar otros de más alto rango, y operaciones para inducir comportamientos criminales para tender trampas. Estas son solo las prácticas oficiales, en otro nivel están las encubiertas que incluyen tratos secretos con un cartel para destruir a otro (caso Sinaloa y García Luna & Co.) o el desvío de recursos del tráfico ilícito para usos políticos.

¿Cuál sería el desenlace de la captura de El Marro? La primera respuesta fueron más asesinatos en el estado, reacciones por parte de su grupo criminal advirtiendo contra una ofensiva de su rival. La acción simultánea de congelar 99 cuentas vinculadas a El Marro por parte de la UIF es un fuerte golpe contra la organización de El Marro. El doble golpe, financiero y militar, ¿deja cancha para la entrada triunfante del CJNG? En su conferencia de prensa, el presidente atribuyó el crecimiento del cartel de Santa Rosa de Lima a la corrupción y la impunidad y dijo que éstas se han acabado con la llegada de su gobierno, que ya no están “persiguiendo a una banda y protegiendo a otra.” Concluyó: “Vamos a salir adelante, porque no somos iguales.”

No es suficiente una declaración presidencial. Hace falta una estrategia que rompa con la estrategia impuesta por la DEA que según reportes ha expandido su presencia en el país bajo el gobierno de la 4ta Transformación. Una estrategia que desmilitariza la seguridad pública, que fortalezca el trabajo de la UIF de “seguir el dinero”, pero con acciones equilibradas y consistentes, y seguimiento más coordinado en las cortes. Es necesario acelerar las iniciativas en el Congreso para la regulación de las drogas, reducir el mercado negro, darles un papel fundamental a las comunidades, respetar el uso personal, y empezar a tratar el uso problemático de las drogas como un problema de salud y de comunidad.

La guerra contra las drogas no solo militarizó al país; territorializó al crimen organizado. Es decir, convirtió el tráfico de drogas en un negocio de control de territorios, no solo de rutas. En el país, tenemos pocos ejemplos de retomar territorios de las manos del crimen organizado, que desde luego no es lo mismo que ejecutar un cambio en quien controla la plaza. Es revelador que los pocos ejemplos que hay son de comunidades que han podido unirse y restringir el espacio y el margen de maniobra de los grupos criminales. No son acciones desde arriba en las que llegan hombres armados a combatir a otros hombres armados para ver quien domina por la fuerza. México está inmerso en una guerra, pero una guerra no-convencional. Requiere estrategias no convencionales, que dejen de depender de las fuerzas armadas que refuerzan la dinámica de la violencia.

Es el momento para el análisis más profundo, enfocado realmente en cambiar el rumbo de la política de seguridad y construir colectivamente el nuevo modelo. No faltan las plumas que critican la captura de El Marro con el propósito partidario de minimizar un logro del gobierno de AMLO ante la opinión pública. Revisando muchas columnas sobre este tema y otros, es evidente que para muchos de los y las comentaristas del país, el único criterio para analizar cualquier acontecimiento en la vida pública es ver por dónde pegar al presidente. Y para otra parte, es cómo defenderlo.

Esta falta de análisis, sacrificado en el altar de la política polarizada, es un problema grave, sobre todo en un tema tan esencial como la seguridad.