El presente documento, es la óptica por la que atraviesa la realidad panameña con sus aciertos y desaciertos en el ejercicio de los Derechos Humanos, enfatizando las garantías para los defensores y activistas de los bienes ecológicos.

En ese sentido, Panamá y su virtud geopolítica comercial, no es capa de la escena socioambiental de la región, máxime en el marco de las políticas extractivas, son diversas iniciativas enmarcada a la explotación y mercantilización de sus tierras y aguas.

Y en el marco de las políticas neoliberales, el movimiento ciudadano organizado, a disputado sus intereses socioeconómico a favor de la mayoría, rechazando medidas perjudiciales emitidas por sectores del poder económico del país, en conjunto con el poder político oficialista y opositor. Quienes han sido beneficiado en las relaciones comerciales internacionales, reformas de leyes e instrumentos legales para concatenar tratados, acuerdos y exportaciones de materia prima. Cuyo efecto vulneran los Derechos Humanos, la consulta previa, libre e informada, y que a la post es una violación a la soberanía de Panamá.

Por ende, las comunidades rurales afectadas por concesión y permisos para extraer aguas y tierras (para minería, hidroelécricas, turismo inmobiliario, otros). En conjunto con organizaciones urbanas, marginas por proyectos inmobiliarios en deterioro del ambiente mantienen una plataforma de resistencia debido a lo siguiente:

1. Los proyectos desarrollistas en el país, están bajo la lógica financiera privada. Más no así como un programa de país, involucrando la colectividad de los sectores sociales productivos.

2. Ante la crisis ambiental global, Panamá, mantiene un régimen carente de debate y transformación de su política y cultura estatal. Que evidencia un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, y su contraproducente soluciones bajo los falsos dictámenes de la economía verde.

3. Que ante el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y enriquecimiento del patrimonio nacional, no representa el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, la falta de transparencia y el tráfico de influencia, extinguió la voluntad soberana nacional.

Ante lo expuesto, este sector social organizado, han promovido proyectos y modos de vida ante el extractivismo poco visible en la opinión pública por los medios de comunicación, como la producción agrícola local, turismo ecológico y comercio popular solidario, que de manera informal lo desconoce el estado, ya que no representa un gran impulso a la economía nacional. Pero si un equilibrio entre las necesidades humanas y el respeto a la soberanía ecológica.

El escenario expuesto sobre las iniciativas populares y el ejercicio de los derechos humanos también a sufrido un retroceso o atentado, especialmente a las comunidades rural que mantienen una relación de productividad y ambiente. Que además de su diversa cultura tradicional y espiritual, sus raíces germinaron de tierras y aguas fértiles, que son actualmente codiciada por empresas extractiva.

Y ante el despojo, las comunidades y dirigencia son amenazadas, hostigadas, reprimidas, encarceladas y criminalizadas por los estamentos de la seguridad del estado. Todo esto como estrategia de los gobiernos para garantizar los espacios y seguridad jurídica para que las empresas operen.

A continuación presentamos algunos casos de persecución a defensores del ambiente durante los últimos 8 años son:

1. Represión y daños físico a indígenas en la provincia de Bocas del Toro contra la ley inconsulta y nefasta «Ley Chorizo”. http://www.alainet.org/es/active/39548

2. Detención y extradición de defensores de los derechos humanos como es el caso del activista Olmedo Carrasquilla y periodista Francisco Gomez Nadal. http://www.prensa.com/politica/Arrestan-ambientalista-actitud-sospechosa_0_2837716213.html http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-panama-dos-periodistas-expulsados-panama-denuncian-amenazas-mucha-presion-psicologica-20110304175823.html

3. Muerte de dos cuidadanos (Mauricio Méndez y Jeronimo Tugri) en la lucha contra la apertura legal para concesiones minera a estado extranjeros como a empresas para la extracción mineral. https://www.ocmal.org/dos-muertos-en-protesta-indigena-contra-la-actividad-minera/

4. Represión y detenciones en playa Santa Clara, en la provincia de Coclé, que se oponen a proyectos de carácter turístico privado. http://www.prensa.com/edilsa_gonzalez_roca/Pescadores-antimotines-enfrentan-Cocle-desalojo_0_3346165389.html

5. Detención arbitraria a los moradores y campesinos Simón Morales y orden de arresto contra Aurelio Camaño Hernández de Bahía Honda en la provincia de Veraguas por el ex mandatario Ricardo Martinelli para un proyecto turistico costero y privado.

6. Represión al movimiento campesino de Veraguas (RESAVE: Red Ecológicas, Social y Agropecuaria de Veraguas) que se oponen a 6 proyectos hidroeléctricos.

1. Hostigamiento a los moradores de la Isla Pedro Gonzáles por defender sus tierras ante el megaproyecto hotelero Pearl Island. http://www.radiotemblor.org/?p=1662

8. Represión, intimidación y encarcelamiento a campesinos en defensa del río san Pablo en la provincia de Veraguas. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/campesinos-rebelan-contra-hidroelectricas/23834817

9. Represión y encarcelamiento a ambientalistas de la provincia de La Chorrera que se oponen a la termoeléctrica. Entre los detenidos estuvieron: el educador Carlos Villa, Raúl Ossa, Licenciada Anayansi Acevedo, señora Francisca Giralde De Ossa,el periodista Carlos Acevedo, profesora Carmen Marín y enfermera Dini Olmedo de Gómez.

10. Amenaza de muerte a la ambientalista Ligia Arreaga en la provincia de Darién por defender la Laguna Matusagaratí. https://www.frontlinedefenders.org/es/case/death-threats-against-ligia-arreaga

11. Persecución y encarcelamiento a la dirigencia indígena Ngäbé Büglé en caso de la hidroeléctrica Barro Blanco. Enfatizando la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la represa Barro Blanco.

12. Amenazas e injuria a la dirigencia campesina del río Cobre por el empresario Eduardo Vallarino. Enfatizando la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/empresa-demanda-10-millones-activista/23964712

13. Demanda a los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá. http://laestrella.com.pa/panama/nacional/vecinos-coco-piden-demolicion-proyecto-inmobiliario/23894684 http://www.prensa.com/judiciales/Grupo-Suarez-vecinos-Coco-Mar_0_4573042651.html

14. Detención al catedrático de la Universidad de Panamá y asesor de los afectados en el caso Barro Blanco, Evidelio Adames, cuya requisa no tuvo razón o justificación de parte de las autoridades judicial y policiales. http://www.tvn-2.com/nacionales/provincias/Docente-universitario-denuncio-ser-victima-abuso-policial_0_4690780925.html

15. Demanda ordinaria de 40 mil dólares por daños y perjuicios presentado por la empresa Mina Cerro Quema al ambientalista Basilio Pérez. http://www.prensa.com/provincias/Minera-Cerro-Quema-ambientalista-Azuero_0_4814518507.html

Estos son algunos hechos en que activistas, dirigentes comunitarios y defensores han sido violentados, y en donde no se cumple las garantías en el ejercicio de los Derechos Humanos. Cuestión que va en detrimento del cumplimiento de las recomendaciones del Examen Periodico Universal EPU, normas internacionales en materia de los Derechos Humanos y construcción de la paz.

Y en este ultimo sentido, es importante exponer algunas circunstancias contraria a la paz y movilidad pública:

1. Los estamentos de seguridad nacional, han desconfigurado sus deberes y enfoque hacia los defensores de los Derechos Humanos. Que los responsabilizan bajo el perfil de crímenes comunes.

2. En los últimos lustros, la implementación de estrategias y equipamiento a fuerzas especiales (SENAFRONT, SPI, otros) para supuestamente garantizar el estado de derecho o seguridad pública han generado un clima de estado de sitio. Cuya acto contradice a la norma constitucional, en donde prohibe el ejercicio u operaciones de estamentos militares, y estrategias que implique el uso de armas de guerra. Una evidencia son los ejercicios y adiestramientos militares, que ejecutan anualmente los países que suscriben las Operaciones Navales (Convenio Arias – Becker) en las aguas panameñas sobre seguridad internacional, terrorismo y el narcotráfico. Así de los ejercicios Panamax 2015 que organizó el Comando Sur de EE.UU. cuyos jefes identificaron a “los campesinos e indígenas” panameños como los enemigos a combatir ante la ola de protestas.

3. El clima de inseguridad nacional, por los indices de criminalidad, han generado desconfianza de la ciudadania a los estamentos de la policía, ya que han sido involucrados en actos ilícitos. Cuyo efectos, se replica en la represión y encarcelamiento a quienes se manifiesten por una necesidad humana (agua, educación, etc.) o problema nacional (sector agropecuario, indígena, etc.)

4. Además el sistema general de cumplimiento en materia de los Derechos Humanos es inoperante, con la nueva ley de Asociación no se garantiza el pleno ejercicio, y tampoco han sido abordados estándares y medidas de protección a los y las defensores.

Podemos concluir, que es evidente la militarización de las áreas en donde se ejecutan proyectos extractivos, se criminaliza la protesta social, a quienes su voz son ignoradas por los gobiernos de turnos y los Derechos Humanos es un estandarte populista en las tribunas diplomáticas cuando en su ejercicio es lo contrario en Panamá.

Panamá, 12 de octubre de 2017.

Olmedo Carrasquilla Aguila

Colectivo Voces Ecológicas COVEC