La revelación de que las armas que el gobierno de EEUU enviaba a las fuerzas rebeldes en Siria terminaban en el mercado negro —y en manos del enemigo—comprueba lo que ya se sabía.

En la política exterior de Estados Unidos, manda una industria de muerte que lucra armando todos contra todos. Los intereses económicos se apoyan mutuamente con una lógica militarista en lo político que promueve la solución bélica a cualquier tipo de conflicto, y el Pentágono domina por completo el área antes conocida como la diplomacia. Si algunas armas acaban en posesión del enemigo, es ampliación del mercado. Si el enemigo se fortalece como resultado, garantiza que la guerra no termina y el poder que se ejerce por la fuerza se sostiene.

En el caso reciente de Siria, la CIA opera desde 2013 un programa para entrenar y equipar a los opositores al gobierno del presidente Bashar al-Assad. No es un programa para apoyar a los que están enfrentando a ISIS, el archienemigo de los Estados Unidos, sino para intervenir en la política interna de Siria. Desde entonces, millones de dólares en armas letales han sido desviados al mercado negro por miembros de la agencia de inteligencia del aliado Jordania, según los reportes.

¿Por qué no detectaron antes esta fuga masiva de armas? ¿Por qué no pudieron evitar que miles de armas compradas con los impuestos de la ciudadanía cayeran en manos de cualquier criminal o asesino con el dinero suficiente para pagar? ¿Qué harán ahora para que no vuelva a pasar, si esta no es la primera vez ni la segunda, sino la enésima ocasión que ha habido desvíos de este tipo?

En México, el desvío de armas estadunidenses a la criminalidad provenientes de la ayuda exterior o del mercado legal descontrolado es enorme e incuantificable. En 2008 cuando empezó la Iniciativa Mérida —la política que promovió la militarización del país y la venta masiva de armas del norte al sur— el subsecretario de Estado Thomas Shannon dijo que “El tráfico ilícito de armas es un obstáculo mayor a la seguridad y desarrollo económico en México y Centroamérica” y advirtió de “la acumulación desestabilizadora de armas”. Comprometió a los Estados Unidos a “mitigar el tráfico ilícito de armas.”

El caso más escandaloso que demuestra el fracaso de cumplir con este compromiso es Rápido y Furioso, el operativo de Estados Unidos en que más de 2,000 armas pasaron la frontera en manos del crimen organizado a sabiendas de las autoridades estadunidenses. Su justificación fue que iban a rastrear las armas para desmantelar la estructura criminal. Perdieron las armas y estas acabaron abasteciendo a los narcotraficantes.

Si bien Rápido y Furioso evidencia la indiferencia e ineptitud de las autoridades en aplicar las leyes contra el tráfico de armas, es un caso menor–y de alguna manera esconde las verdaderas dimensiones del problema. México ha recibido aproximadamente 3 mil millones de dólares en ayuda de los Estados Unidos para montar y sostener la guerra contra el narcotráfico. En los primeros años, la mayor parte fue de equipo militar y policiaco. Estos flujos legales alimentan igual a las fuerzas de estado luchando contra el crimen, como a policías corruptos, a militares ilegalmente involucrados en tareas de seguridad pública, y a los mismos cárteles de la droga.

Según datos de AFSC, una organización no gubernamental en los Estados Unidos, en los últimos años una cantidad sin precedentes de armas ha llegado a México no sólo por el paquete de ayuda sino, la mayor parte, por ventas autorizadas. Desde 2012, el gobierno mexicano ha comprado más de $3 mil millones de dólares en equipo militar de EEUU. En 2014, la combinación de ayuda y venta de armas fue más de $700 millones de dólares. El gobierno estadunidense registra que exportó casi $45 millones en armas de fuego a México en 2015 —desde pistolas hasta bombas y granadas. Según el Instituto internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, México incrementó su importación de armas 331% en el periodo 2011 y 2015.

Estas armas pueden tener un origen legal, pero esto no garantiza que su uso lo es. El primer problema es “la desviación ilegal”, es decir, el imparable flujo de armas del estado hacia el crimen organizado.

Entre 2006 y 2016, las corporaciones civiles de policía reportaron más de 13 mil armas robadas o extraviadas. En algunos casos, los criminales roban las armas de los resguardos de la policía o logran desarmarlos en confrontaciones. En otros casos, son los mismos policías o soldados que desertan y se incorporan al crimen organizado o venden las armas a los cárteles.

El segundo problema que explica por qué la inundación de armas, lejos de crear seguridad, pone en riesgo la seguridad del pueblo, es la complicidad y el comportamiento fuera de la ley de las fuerzas de seguridad. La policía de Iguala atacó a los normalistas con armas de importación “legal”. Los cientos de ejecuciones extrajudiciales también se han cometido con armas obtenidas con recursos públicas por vías legales. Los manifestantes asesinados en Nochixtlán también fueron víctimas de armas compradas por el estado.

México no enfrenta ningún enemigo externo. El armamentismo y la militarización financiada a expensas de la educación, la salud y el empleo se dirige contra su propio pueblo. Que algunos sean criminales no hay duda, sin embargo, si algo hemos aprendido en casi 10 años de guerra contra el narco, es que el modelo de violencia como respuesta a la violencia, genera más violencia.

La alianza de los gobiernos de México y los Estados Unidos en la guerra contra las drogas ha llevado a una situación de alto riesgo para el pueblo mexicano. La salida no es seguir su ejemplo y armarse; es poner fin a la carrera de muerte que ya ha cobrado tantas vidas.