La inmovilidad provocada por la cuarentena para contener el Covid-19, fue usada para retomar un proyecto que despoja a la pueblo Yaqui del agua que les perteneces. El 23 de junio pasado, el Cabildo de Hermosillo aprobó la construcción del Acuaférico Tramo Oriente, parte de un megaproyecto que pretende usar el agua del Río Yaqui para abastecer el norte de la capital de Sonora.

“Vamos a retomar nuestra resistencia en los modos y las formas que no lo permitan. Sabemos que es difícil salir a las calles y manifestarnos en este momento, pero lo vamos a hacer” señaló Mario Luna, secretario segundo y vocero del pueblo de Vícam, quien también detalló la compleja situación que atraviesa su comunidad en torno al Covid-19.

El vocero Yaqui fue detenido en el 2014 y permaneció preso por 4 años imputado por secuestro y robo, acusaciones falsos en represalia por su activismo contra el Acueducto Independencia. Esta obra viola un acuerdo de 1940 que permite a la comunidad indígena usar el 50% del cuerpo de agua. La construcción favorecería principalmente a empresas asentadas en el norte de la capital, pero los Yaquis frenaron su construcción con una serie de bloqueos carreteros.

Pero el despojo del agua no es la única dificultad por la que atraviesa este comunidad, donde han muerto 15 personas por coronavirus: “Estamos luchando contra todo, primero con la gente escéptica, con los jóvenes que no creen. Tal vez ellos se contagian con el Covid y ni cuenta se dan, pero los mayores sí lo están resintiendo”.

Mario Luna explica que aspectos culturales han hecho aún más compleja la pandemia: “Al principio incineraban los cuerpos y sólo les daban las cenizas, eso es un choque cultural muy grande para nosotros porque tenemos que brindarle honores. Después se dio que empezaron a entregar cuerpos aún y cuando decían que había sido por neumonía atípica, sólo les recomendaban que los enterraran inmediatamente… con el peso cultural que tienen los difuntos para nosotros, no dudo que hayan abierto las cajas”.

La cuarentena ha sido una herramienta oficial usada en todo el país para avanzar en proyectos que dañan a los pueblos originarios, desde Yucatán hasta Sonora.