En diferentes países de América Latina vemos avanzar, paralelamente, por un lado, la transnacionalización de las organizaciones narcotraficantes y la diversificación de sus ramos de acción; y, por otro lado, iniciativas de militarización de territorios de extracción. No se trata simplemente del uso del argumento del narcotráfico y la violencia que este infringe a la población como justificativa frente a la opinión pública para la militarización. Tampoco solamente de los grupos ilegales cumpliendo el papel de reclutadores de fuerza de trabajo excedente y mediadora de servicios allí donde el Estado no cumple ese papel. Tanto la militarización como la acción de grupos ilegales sobre los territorios ejercen una economía del terror ejercido sobre los pueblos para imponer el despojo necesario al extractivismo que, como afirman Emiliano Terán-Mantovani y Martín Scarpacci, opera en un modo de acumulación “entrelazado”, en el cual se combinan formas legales e ilegales[1]. Ese proceso que viene acentuándose en los últimos años, se ha precipitado en lo que va de 2024, con una serie de iniciativas de los Estados de la región. Vemos Estados y segmentos legales e ilegales de las cadenas extractivas acertando el paso de una coreografía de muerte.

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, a orillas del río Paraná, las bandas narcos, que vienen actuando ya por décadas con ramificaciones en la policía y diversos organismos del Estado, en comienzos de marzo han lanzado ataques contra la gente común, trabajadores del transporte o un empleado de un puesto de gasolina. Aterrorizan a la población, que evita salir de casa. Se supone que el pasaje de la administración de la provincia de Santa Fe para políticos más afinados con el actual gobierno nacional, en diciembre del año pasado, dejó sin efecto acuerdos anteriores, y que los grupos delictivos utilizan esos recursos para presionar al nuevo gobierno. El presidente Javier Milei y su ministra de seguridad Patricia Bullrich acordaron con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, la formación de un “comité de crisis” y la participación de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico. Demás está decir que esta participación coincide con la “doctrina de las nuevas amenazas”, que Estados Unidos impulsó para sustituir a la “doctrina de seguridad nacional”, justificativa ideológica para el protagonismo de las fuerzas armadas durante las dictaduras del Cono Sur[2]. Paralelamente a esto, la Autoridad General de Puertos argentina firmó un convenio para la instalación del Cuerpo de Ingenieros del ejército estadounidense en la hidrovía del Paraná, donde pasa gran parte del flujo de commodities agrícolas de del país[3].

Patricia Bullrich ya había afirmado en enero que había crecido la delincuencia en Chile y que la mayor parte de la droga entra en Argentina por la frontera con el país vecino[4]. Y apuntó dos segmentos de la frontera que serían puerta de entrada para la droga: uno, en el norte, coincide con el área de extracción de litio y de otros minerales; el otro, en la Patagonia, coincide con las resistencias de Mapuches, argentinos y chilenos al extractivismo. Si bien el gobierno chileno rechazó las declaraciones de la ministra argentina, el presidente Gabriel Boric convocó, a comienzos de febrero, al Consejo de Seguridad Nacional para enfrentar al crimen organizado. El objetivo era consultar a propósito de una reforma para la defensa de la “infraestructura crítica” que destina a los militares para resguardo de zonas estratégicas y sus perímetros[5].

El presidente Gabriel Boric viene renovando la militarización de la Araucanía, adoptada por los gobiernos que lo precedieron, para combatir la resistencia del pueblo Mapuche al extractivismo forestal e ictícola. Ahora quiere extender esa militarización con la justificativa de combatir la acción del crimen organizado, especialmente protagonizado por el Tren de Aragua. Nacida en los años ‘80, en la penitenciaria de Aragua, en Venezuela, esta organización diversificó sus actividades económicas y se expandió geográficamente. En Chile, así como en Perú, además del tráfico de drogas, se dedica a servicios de sicariato, secuestros extorsivos, trata de migrantes ilegales para prostitución y para trabajo agrícola[6]. La presencia de esta organización es más pronunciada en las regiones centrales y en el norte.

En toda América Latina, las prácticas de “seguridad” del presidente de El Salvador Nayib Bukele son presentadas por las derechas como modelo de trato duro con el crimen organizado. Reducción de los derechos ciudadanos, impunidad para los “excesos” policiales, construcción de penitenciarias de alta seguridad con regímenes deshumanizantes, reciben aplausos aquí y allí.

Pero estas iniciativas de militarización se han precipitado en el continente desde el 9 de enero, cuando el presidente de Ecuador Daniel Noboa decretó estado de emergencia. Esto ocurrió después del despliegue de ataques coordinados de las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros. En la letra del decreto, Noboa califica a estas organizaciones como “terroristas y actores no estatales beligerantes”, lo que habilitaba a las fuerzas armadas para actuar en la seguridad interna. Todo esto fue precedido de una diversificación de las actividades de estos grupos y control de municipios, como en la provincia de Esmeraldas, donde se cobran “vacunas” (impuestos extorsivos)[7]. Los Lobos han diversificado sus actividades. Se ocupan de la extracción de oro explotando directamente 20 minas, extorsionando empresas que explotan otras 30 y controlando 40 grupos de mineros ilegales Estas transformaciones han sido respuestas a la reorganización de las rutas del narcotráfico, como resultado de los rápidos cambios de la demanda del mercado consumidor estadounidense, que viene prefiriendo las drogas sintéticas. Cambios estos que han afectado también al narcotráfico en Colombia y que han propiciado alianzas con carteles mexicanos. Pero, recordemos que, el 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos se pronunciaron en un referendo contra la explotación de petróleo en un área de selva, en la frontera con Perú. En el contexto del estado de emergencia, el presidente Noboa militarizó Cotopaxi para favorecer a una empresa minera canadiense a cuya operación los campesinos de la región resisten.

En Brasil, narcotraficantes y milicias, formadas por policías retirados y con vínculos con agentes policiales en actividad se disputan el control de territorios del estado de Río de Janeiro, en actividades que van de la explotación de servicios de gas, luz, internet y extorsiones de diferentes naturalezas. El Primer Comando de la Capital, que surgió como una organización de apoyo mutuo dentro de la penitenciaría de Taubaté, en el estado de San Pablo, en la década de ’90, ya tiene ramificaciones en Paraguay, y, además del tráfico de drogas y de armas, se ha consolidado en el segmento ilegal de la cadena de extracción de oro en el estado amazónico de Roraima[8]. La Amazonía brasileña está militarizada desde la dictadura iniciada en 1964. Frontera dinámica del extractivismo mineral y agrícola, se mantuvo bajo el control de las fuerzas armadas aun después de la transición para el gobierno civil, en la década de ’80. Después de la acción propagandística del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en febrero de 2023, para expulsar a los mineros ilegales de la Tierra Indígena Yanomami, todo volvió a como era, con el retorno de los mineros, el control de la actividad y la logística por la organización criminal y el ojo lerdo… o ávido de los militares. Estos grupos ilegales atraviesan la frontera de Guyana y de Venezuela con mucha facilidad, obteniendo en Guyana el mercurio necesario para la actividad aurífera, que así contamina aguas y suelos.

Los militares están siendo convocados para la defensa de la actividad extractiva, a veces siendo implicados en sus beneficios económicos. Así ocurre en Chile con la extracción de cobre desde el gobierno de Augusto Pinochet. Así ocurre en Venezuela desde 2018, con el decreto de Nicolás Maduro que entrega a las Fuerzas Armadas Bolivarianas la comercialización de los minerales extraídos en el Arco del Orinoco. Así ocurre con la logística para el flujo de commodities, como ocurre en México desde que Andrés López Obrador propició la creación de una empresa por las fuerzas armadas para la construcción y explotación de infraestructura logística, justamente con el argumento de que los militares precisan recursos extras para combatir los carteles de la droga. Al imbricar a las instituciones militares en esas actividades, las convierte en cuestiones de seguridad nacional, colocándolas bajo el velo del secreto militar. Es decir, retirando el carácter público de sus operaciones[9]. 

Los pueblos de los territorios están en el fuego cruzado, intentando sobrevivir a esta danza macabra. Continúan plantando, reuniéndose y defendiéndose, que no les queda otra.

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[1] Terán-Mantovani, E., & Scarpacci, M. (2024). Economías criminales, extractivismo y acumulación entrelazada: un análisis multiescalar de los nuevos escenarios latinoamericanos. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (38), 8–31.

[2] Ver: https://www.pagina12.com.ar/720312-el-gobierno-quiere-reformar-la-ley-para-implicar-a-las-fuerz

[3] Ver: https://www.pagina12.com.ar/720327-militares-de-estados-unidos-se-instalaran-en-la-hidrovia

[4] Ver: https://www.theclinic.cl/2024/01/14/patricia-bullrich-drogas-argentina-chile/

[5] Ver: https://www.df.cl/economia-y-politica/gobierno/boric-encabeza-cosena-para-analizar-proyecto-de-infraestructura-critica

[6] Ver: https://www.theclinic.cl/2023/07/07/tren-de-aragua-investigadora-explica-el-avance-de-la-banda-criminal-y-dice-que-encontraron-en-chile-un-espacio-para-posicionarse-con-exito/

[7] Ver: https://vientosur.info/capitalismo-y-narcotrafico-en-ecuador-dos-caras-de-una-misma-moneda/

[8] Pereira Chagas, R. (2024). Narcogarimpo: las afinidades electivas entre los frentes de minería ilegal y la expansión del narcotráfico en la Amazonía brasileira. URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (38), 32–48.

[9] Ver: https://desinformemonos.org/hacia-un-nuevo-papel-para-las-fuerzas-armadas/