México, D.F. “Ellos piensan que la resistencia recae en un líder, lo que no saben es que recae en un pueblo, y que estamos más encabronados y unidos que nunca, que el gobierno sepa que no descansaremos hasta que Marco Antonio esté libre. Cada vez somos más y no estamos solos”, denuncia Esmeralda Delgado, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la hidroeléctrica La Parota (CECOP), después de la detención de uno de los líderes del movimiento contra la presa que los gobiernos federal y el de Guerrero, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quieren imponer a 30 kilómetros de Chilpancingo, la capital.

En el año 2003, la CFE presentó un proyecto hidroeléctrico para el cauce del río Papagayo. De acuerdo a información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», la cortina de la presa tendrá unos 200 metros de altura. La zona, advierten, es altamente sísmica y estará en terrenos ejidales de La Parota, donde perjudicará a más de 47 comunidades y ejidos anexos, además de las afectaciones ambientales, motivos que detonaron el descontento de los pobladores.

Además de la inundación total de 13 poblados, la hidroeléctrica traería como consecuencia la reubicación de más de 20 mil habitantes que obligados a abandonar sus hogares (de los cuales el 76 por ciento se dedica a la actividad agrícola); la inundación de 14 mil 213 hectáreas; la desaparición de los mantos freáticos que abastecen de agua al Puerto de Acapulco y el embalse de 13 mil 728 hectáreas de superficie.

Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los opositores, fue detenido el 17 de junio del 2014, acusado de tentativa de homicidio.  Días después fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Nayarit.  “El traslado de Marco es una decisión meramente política, estamos hablando de un supuesto delito común, que además deben probarlo; a él se le quiere mostrar como un delincuente de alta peligrosidad y al mismo tiempo mostrar como una persona que no tiene nada que ver con las luchas sociales”, denuncia el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

Para el director del centro de derechos humanos, la detención de voceros de las organizaciones opositoras a la hidroeléctrica, forma parte de una estrategia del gobierno para denigrar y no reconocer la lucha de muchos hombres y mujeres que han defendido sus tierras, ante los proyectos de supuesto desarrollo que sólo traen el exterminio de la vida, las tradiciones y la cultura de los pueblos.

Los acuerdos de Cacahuatepec

El CECOP exigió la firma de los acuerdos de Cacahuatepec al gobierno estatal, ante los reiterados incumplimientos de las dos administraciones pasadas, informa el Centro de Derechos Humanos, estos acuerdos están conformados por cinco puntos, que han sido infringidos en su mayoría por el actual gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que si bien reconoce la anulación del proyecto por parte del Tribunal Unitario Agrario, interviene en las asambleas electorales de comisariado ejidal para la aprobación de los pueblos al megaproyecto.

Los comisariados de Bienes Comunales son los representantes agrarios que tienen la facultad de convocar a una asamblea, explica Abel Barrera.  El nombramiento de un comisaria de Bienes Comunales tiene que hacerse en asamblea donde participan sólo los que estén en el padrón, que es una lista del Registro Agrario Nacional, donde se comprueba si una persona pertenece a un determinado núcleo ejidal o no. El problema, indica Barrera en entrevista telefónica, es que “ese padrón no se encuentra actualizado y además está manipulado por los  partidos políticos”. Lo que se está haciendo, explica, “es que la Procuraduría Agraria impone a la comisaría para que se garantice un trabajo apegado a los intereses de los políticos y las empresas. Los que deciden son un pequeño grupo de representantes agrarios, que fueron los que aceptaron la presa y trabajaron al interior de las comunidades convenciendo a la gente con proyectos asistencialistas, con el fin de dividir al movimiento que se estaba creando”.

Otro de los puntos del acuerdo es que el gobierno se comprometía a no reprimir a los movimientos sociales, pero en lo que va de la administración de Ángel Aguirre, hay dos estudiantes normalistas muertos en Ayotzinapa después de ser desalojados en una movilización; y con Marco Antonio son cuatro las personas de diferentes organizaciones que están detenidas en prisiones de máxima seguridad: “La detención de Marco condensa toda la estrategia que tiene el gobierno de diezmar el movimiento para imponer sus proyectos, porque no tiene otra estrategia”, manifiesta Barrera Hernández.

Desarrollo se escribe con E de ecocidio

LA CECOP ha ganado durante más de once años de resistencia, cinco denuncias ante el Tribunal Agrario, pero para los gobiernos estatal y federal prácticamente hay “borrón y cuenta nueva”, refiere el antropólogo y defensor de derechos humanos.  Los gobiernos, dice, “están buscando las condiciones para construir la presa sin un movimiento opositor, sin estudios de impacto ambiental, y sin una consulta a las comunidades”, pero “lo que hay es un rechazo total a la obra y aún no se ha construido por el impedimento de los pueblos al ingreso de maquinaria a Salsipuedes, una de las comunidades afectadas”.

En el Informe de las grandes represas en Américade laAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, se destaca la biodiversidad de esta zona, y se advierte que la presa afectará de manera directa a por lo menos 95 especies endémicas y a 113 en peligro de extinción y alrededor de 40 plantas endémicas; además de los daños irreversibles en cauces de ríos y cientos de áreas de bosques no intervenidos, y otras más dedicadas a los cultivos para consumo local.

“Los gobiernos tienen una postura inflexible a pesar de todas las victorias en los juicios agrarios del movimiento que se opone a la presa, y al rechazo rotundo de los pobladores a través de una consulta por usos y costumbres”, declara Abel Barrera, la cual se organzó ante la negativa de una consulta como lo exige la ley y ante el mediocre estudio de impacto ambiental realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Los pueblos, un talón de Aquiles del progreso

“Es muy sintomático que después de que detienen a Marco Antonio, de repente algunos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), como Cuauhtémoc Cárdenas, sin que les preguntara nadie, así solitos, ya estaban hablando de la importancia de la construcción de la presa, lo que quiere decir que las autoridades municipales y estatales de cualquier partido político, están alineadas a que se construya La Parota”, denuncia el entrevistado.

El gobierno y la CFE, declara por su parte la activista Esmeralda Delgado, ya no tienen argumentos para la construcción de la presa, “pues el proyecto es inviable por donde se mire, no hay un proyecto serio, pero lo principal es que las comunidades que habitan este territorio no lo aceptan. Estamos agotando todos los recursos jurídicos para frenar esta obra y agotaremos los de la lucha también, defenderemos nuestros territorios con la vida”, dice.

Once años de lucha han demostrado que la palabra la tienen las y los comuneros “ellos se han mantenido firmes, todos están indignados por la forma en que fue tratado Marco y como está siendo procesado. La gente se está reorganizando para defender con todo su territorio y no permitir la construcción de la presa. Estamos en alerta máxima; depende del gobierno generar o no un conflicto, aunque sus cálculos políticos les digan que tienen las condiciones para impulsar nuevamente este proyecto, durante más de una década han defendido su territorio y lo van a seguir haciendo incluso con su propia vida”, expresa Barrera Hernández.

La fabricación de delitos, arma de defensa del gobierno

En un proceso plagado de irregularidades, hasta seis días después de su detención Marco Antonio Suástegui, pudo rendir su declaración y hasta ese momento se enteró dónde se encontraba y cuáles acusaciones que había en su contra. “Marco manifiesta que se encuentra lastimando, dice que cuando lo detuvieron lo golpearon, lo trasladaron al penal de La Unión, y ahí lo tuvieron durante dos horas desnudo, recibiendo golpes, lastimándole la columna. Luego lo trasladaron a Nayarit, y en todo el trayecto sufrió torturas por parte de los oficiales. Todas las irregularidades y tratos degradantes iniciaron con la detención”, relata su hermana Guillermina Suástegui

“Estamos ante una escalada represiva en Guerrero, única forma de actuar que les queda. La fabricación de delitos es la manera de disuadir y generar temor entre la población y las organizaciones. Ellos nos mandan el mensaje de que cualquier persona que se oponga a los lineamientos políticos que ha definido el gobierno, es un candidato a cualquier tipo de represalías”, denuncia el defensor de derechos humanos de la Montaña.

Esmeralda Delgado añade que a Marco se le está arrebatando el derecho a una defensa adecuada, ahora se encuentra prácticamente aislado de sus familiares y abogados y eso es irregular en la detención por un delito común.

“Se ha convertido en todo un calvario la defensa de Marco Antonio, por todas las trabas que nos ponen; su caso lo lleva un juzgado común, pero en Nayarit. Para nosotros es inconcebible que estando la denuncia en Acapulco, lo sacan del estado y se lo llevan a un penal de máxima seguridad”, manifiesta el defensor de Tlachinollan.

“Marco ha sido lastimado como si fuera un delincuente, y sólo es un hombre que ha luchado por las comunidades, por la tierra. En el pueblo las fuerzas públicas están hostigando a la gente, requisándola y amedrentándolas, ya no hay paz”, puntualiza Guillermina Suástegui y añade que las comunidades no van a permitir que el gobierno entre de manera ilegal a despojarlas de sus tierras, y que el hecho de que Marco Antonio esté preso, no los detiene, al contrario, dice, “van a continuar con más ganas y se va a presionar más al gobierno para que respete la decisión de los pueblos”.

Esmeralda Delgado concluye: “la presa no va, primero tienen que pasar sobre nosotros y nosotras. La detención y el traslado tan inmediato de Marco es algo meramente político, que el gobierno no crea que somos ignorantes, ellos piensan que sin él, el movimiento se va a debilitar, pero no será así”, por lo que, anuncia, reactivaran los plantones, informaran más a la gente, establecerán redes de solidaridad con México y el Mundo, y continuarán exigiendo al gobierno federal la desmilitarización de Cacahuatepec y la cancelación de la hidroeléctrica.

30 junio del 2014